La acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, es el quinto intento de la oposición por remover a un ministro del gabinete del Presidente Gabriel Boric.

De acuerdo al líbelo acusatorio, Monte sería “responsable político” de los líos de platas entre las seremis de la cartera y fundaciones privadas sin fines de lucro. “Es el responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución”, dice uno de los capítulos de la AC presentada el martes de esta semana.

Pero antes de Montes, la derecha —sin éxito— ya había recurrido en a la herramienta que permite acusar a ministros en otras cuatro ocasiones durante los casi dos años de mandato de Boric. Izkia Siches, Giorgio Jackson (dos ocasiones), Marcela Ríos y Marco Antonio Ávila tuvieron que enfrentar este complejo escenario político.

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Izkia Siches

A pocos meses de instalado el gobierno el Partido Republicano ingresó una acusación constitucional contra la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, a raíz de la escalada de violencia en la llamada Macrozona Sur.

En el escrito ingresado, se acusaba a Siches de tener “una reacción insuficiente” ante los hechos delictivos en la zona y de entregar “información inexacta” ante la opinión pública en referencia a la equivocación de la ministra en dar los datos de expulsión de personas migrantes durante el gobierno de Sebastián Piñera.

La acusación, sin embargo, no cumplía con los requisitos mínimos, según argumentó Elisa Walker, abogada defensora de Siches. “La acusación constitucional no da cumplimiento a los requisitos mínimos exigidos por la Constitución Política y la doctrina que, al respecto, ha fijado la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados”, explicó la jurista que defendió a la exministra en la Cámara.

Finalmente, el líbelo fue destinado ya que la defensa se acogió a la “cuestión previa”, la cual fue aprobada por 84 votos, 57 en contra y dos abstenciones, lo que tuvo como resultado que no se pasara al fondo de la AC ya que ésta a juicio de los diputados no cumplía con los requisitos básicos. De todas maneras, tras el triunfo del rechazo, Siches dejó el cargo y se alejó del mundo político.

Giorgio Jackson

En enero de este año, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, fue acusado constitucionalmente por el Partido Republicano a raíz de supuestas presiones que habría recibido la exseremi Patricia Hidalgo y por mal manejo de la cartera.

Pero en la discusión en sala, en sus declaraciones, Republicanos dejó en claro que la acusación era más bien de carácter “política”.

“Tiene mucho de acusación política, eso es correcto, pero es una acusación constitucional y política que se basa en la falta de cumplimiento de la ley, y eso es el corazón de esta acusación”, remarcó, y agregó que “el señor ministro debe enfrentar la justicia”, sostuvo en el debate el diputado Johannes Kaiser.

Claudia Sarmiento, abogada de Jackson, hizo hincapié en este punto para evidenciar que no tenía sustento. “Las críticas al carácter de una persona o a su trayectoria política no son una causal que habilite para la procedencia de una acusación constitucional”, dijo en la ocasión la jurista.

La AC se terminó rechazando por 76 votos en contra, 68 a favor y seis abstenciones.

Marcela Ríos

Una de las crisis más importantes del gobierno fue la que tuvo relación con los indultos que otorgó el presidente Boric a fines de diciembre de 2022. Desde el gobierno se habló de “desprolijidades” en los indultos o que desencadenó una acusación constitucional contra la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos.

Y pese a que fue removida de su cargo, la oposición decidió seguir la arremetida que terminó fracasando luego de que se rechazara ampliamente en la Cámara con 82 votos en contra, 49 a favor y 3 abstenciones.

Marco Antonio Ávila

La más reciente acusación constitucional contra un ministro fue la que se presentó contra el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

La acusación estuvo cruzada por las acusaciones de “homofobia” del oficialismo hacia la oposición. En el contexto de la acusación, la diputada María Luisa Cordero (Ind. RN) trató de “pervertido” a Ávila haciendo alusión a su orientación sexual y en la comisión que revisó el líbelo la derecha invitó a Marcela Aranda —célebre por impulsar el “Bus de la Libertad”— quien emitió declaraciones homofóbicas contra el ministro.

En ese contexto, el líbelo fracaso al ser rechazado por 78 votos en contra y 69 a favor.