“Gana la democracia cuando los delincuentes ya no son los que andan tranquilos por la calle, sino que somos nosotros, los ciudadanos”, asegura unas de las piezas publicitarias de la opción A favor de la nueva propuesta constitucional, que intenta sostener que el borrador que se votará este domingo hará de Chile un país mucho más seguro.

De hecho, según el experto constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional de la UDP y U. de Utrecht (Países Bajos), Javier Couso, la propuesta es una de las “Constituciones que más prosa dedica a la seguridad” en términos de “proclamar con mucho énfasis lo importante que es la seguridad”. 

Sin embargo, advierte que “por esa misma ansiedad u obsesión con la seguridad, terminaron elaborando un texto que paradójicamente podría producir menos seguridad”. 

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"Complica más las cosas"

El ejemplo más claro que entrega Couso sobre este punto es el derecho a la seguridad individual que se instala dentro del borrador de la nueva Constitución en torno a los derechos fundamentales, el cual es accionable por el recurso de protección, según el abogado.

¿Qué significa? Lo que podría generar es que si una persona vive en una comuna donde siente que hay mucha inseguridad, podría ir a la Corte de Apelaciones y decir “quiero que haya más funcionarios policiales en mi comuna”. 

De esta forma, la Corte de Apelaciones está obligada a “restablecer el imperio del derecho” –y asegurar la debida protección del afectado– y disponer, por medio de Carabineros, más personal en la comuna solicitada “si un juez así lo determina”. 

Sin embargo, Couso advierte que los jueces “no están preparados para determinar qué pasa si saco carabineros de aquí y los pongo allá. No tienen los elementos ni la formación ni la información que da la inteligencia policial”. 

“Vamos a tener a jueces teniendo que improvisar tomar decisiones que afectan la distribución de los escasos recursos policiales de acuerdo a peticiones individuales entre ciudadanos”, agrega. 

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En ese sentido, Couso explica que esta Constitución le da atribuciones al Poder Judicial para “entrometerse” en la actividad del Poder Ejecutivo de “lucha contra la delincuencia” a través de la creación de derechos fundamentales. 

Pero, alerta, al “obligar a la judicatura a entrometerse en la seguridad ciudadana, complica más las cosas que (lo que) ayuda”. 

Narcotráfico y crimen organizado

Entre otras cosas, la campaña del A favor hace alusión a que, en materia de seguridad, se podría combatir el narcotráfico y el crimen organizado de mejor manera, que es un punto central que afecta actualmente a nuestro país. 

“El aporte que puede hacer una Constitución (en dichos temas), a menos que se tuviera por terminar con la democracia constitucionalmente para crear una especie de dictadura policial, es cero”. 

El abogado reitera que el problema es “el tema de la judicatura”: si una persona se siente amenazada por el narcotráfico en su comuna, “tendrá el derecho” de ir a la Corte de Apelaciones. “A decir que vaya, por ejemplo, el Ejército, que se ha probado que no sirve para nada porque para los narcotraficantes la justicia es más lenta que rápida”. 

De allí en más, señala que para aumentar la seguridad y combatir este tipo de problemáticas, se debe trabajar en estrategias de inteligencia policial, dirigidas por las autoridades locales en diálogo con las policías. 

“En el caso de Santiago, el gobernador con Carabineros y PDI, e incluso coordinándose con alcaldes y seguridad ciudadana con los alcaldes”, argumenta y finaliza enfatizando que “no se puede pretender hacer política antinarcotráfico o política contra el crimen organizado con una Constitución”. 

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