Con la audiencia de cierre definitivo, que se desarrolló el 7 de septiembre de este año, el Juzgado de Letras y Garantía de Cochrane desechó la querella criminal que la inmobiliaria Green Capital SpA, representada por Rodrigo Barrientos Rubio con patrocinio del ex fiscal Carlos Gajardo Pinto, interpuso contra dos funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Cochrane.

La acción, ingresada el 22 de marzo, tenía por objeto condenar en forma personal a la directora (S) del organismo Valeria Carrasco Sáez y al profesional Pedro Isamitt Ramírez, quienes en el ejercicio de su rol ante una solicitud de subdivisión predial solicitaron antecedentes, previo a resolver, a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), las seremis de Bienes Nacionales y Medio Ambiente, y a la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Las nuevas directrices del SAG han sido criticadas por el gremio inmobiliario (a través de la Asociación Gremial Chile Rural, que es representada en distintas instancias judiciales por Carlos Gajardo) en lo que consideran acciones arbitrarias por parte de un organismo del Estado en su intento por enfrentar la subdivisión masiva de los predios rústicos.  Desde el Ministerio de Agricultura en tanto, han avanzado en los procedimientos, tras el respaldo que le diera la propia Corte Suprema.

La controversia se origina en los múltiples impactos ambientales que han generado las parcelaciones en el sur, como fragmentación de ecosistemas y destrucción de vegetación y bosques nativos, y sociales por falta de provisión de servicios públicos para verdaderos nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación.

Su actuar se basó en un instructivo del Ministerio de Agricultura y del propio SAG que, cumpliendo el principio de coordinación establecido en las normas de administración del Estado, mandata a los funcionarios a cautelar que las solicitudes de subdivisión cumplan con la legislación.

Esto, toda vez que el artículo 46 de la Ley del SAG señala expresamente que “para proceder a la subdivisión de predios rústicos, el servicio certificará el cumplimiento de la normativa vigente”.

El argumento de Green Capital SpA, que busca subdividir un predio de 542,81 hectáreas en 162 lotes, aledaño (y eventualmente superpuesto) al Parque Nacional Laguna San Rafael en el área del río Neff bajo el nombre de Mirador Escondido, se basó en el artículo 257 del Código Penal que sanciona los abusos contra particulares, producto de considerar que este procedimiento sería una dilación arbitraria, para lo cual no contaría el SAG con atribuciones legales.

Evaluado el caso por la Fiscalía, ésta consideró que no había motivos para perseverar en la búsqueda de un posible ilícito, por lo que ante su requerimiento el Juzgado de Letras y Garantía de Cochrane concluyó que “no existiría delito ni dilación arbitraria, la cual no es caprichosa sino responde al proceso administrativo en estricto cumplimiento a la normativa legal”.

Actualmente existe otra causa en el Tribunal de Garantía de Coyhaique en contra de Valeria Carrasco en su calidad de directora (s) del SAG, la cual también es patrocinada por Carlos Gajardo.  El titular es Gerardo Mayol Labbé, en representación de la sociedad Refugio Pollux SpA, domiciliada en Baquedano 400, en Coyhaique.  El objetivo, subdividir un predio de 119,7 hectáreas en 78 lotes.

Este litigio aún no se resuelve, aunque desde mayo no se consigna movimiento alguno en el tribunal.

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Estrategia legal que fracasa

Al respecto, la abogada de ONG FIMA Sofía Barrera Fuentes, expresó ver como una buena señal la decisión de Fiscalía, "que no sólo ha actuado conforme a la ley, sino también respalda la última sentencia de la Corte Suprema: el principio de coordinación de la administración. El SAG puede y debe coordinarse con otros organismos para certificar subdivisiones, y suspenderlas cuando corresponda, y sus funcionarios se encuentran completamente facultados  para ello”, sostiene.

Por su parte, el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), Erwin Sandoval Gallardo, indicó que “estamos frente a una muestra más de lo que ha sido el fracaso de una estrategia judicial desplegada por el gremio y la industria inmobiliaria, con el objeto de seguir desarrollando mega proyectos de loteos al margen de la legislación pertinente.  Esperamos que estos fallos, que se tendrán que reiterar en los casos que aún están pendientes, se cumplan por parte de esta industria y se acate también el fondo del razonamiento que hay en éstos”.

En este sentido, explicó que esto apunta a que “no se pueden seguir desarrollando megaproyectos inmobiliarios que generan núcleos urbanos al margen de la planificación territorial. Eso es algo que debe comprender y acatar esta industria en particular”.

Agregó que “también, tal como lo ha venido requiriendo la SMA en sus más recientes pronunciamientos, aquí hay un llamado a los organismos públicos competentes como el SAG, municipios, seremi de Vivienda y Urbanismo, Sernatur, también la Dirección General de Agua, CONAF, en fin, múltiples instituciones a que, en virtud del principio de coordinación y expreso mandato legal, confluyan en abordar esta situación conforme a la legislación vigente”.

Por último, puntualizó que “en el caso de estos proyectos, que ya han venido siendo declarados ilegales, está en manos de los servicios públicos competentes que no sigan interviniendo ilegalmente el territorio”.

ONG FIMA, CODESA y la Agrupación Aysén Reserva de Vida han presentado unas 60 denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente por mega loteos en suelo rural, en los cuales la SMA ha determinado que no pueden someterse a evaluación ambiental por ser ilegales.

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