Estocada a inmobiliarias en Concón: No podrán construir en santuario y rechazan indemnización
Un enredado historial, incluso ligado a la dictadura militar según algunos analistas, ha resultado en que gran parte del campo dunar de Concón sea propiedad privada de dos inmobiliarias. Pero ante la degradación ambiental causada por el avance inmobiliario, se declararon 30 hectáreas de las dunas como Santuario de la Naturaleza.
Desde entonces, comenzó una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema en que las inmobiliarias piden US$ 90 millones de indemnización al Estado, ya que la protección del lugar les impide desarrollar proyectos inmobiliarios en terrenos de su propiedad.
Esta semana, la Corte Suprema dictó su fallo en que rechaza el reclamo de las inmobiliarias. “Este fallo, lo que hace es dar un portazo definitivo a la pretensión de Reconsa de cuestionar este Santuario dunar de Concón”, afirmó en los medios Gabriel Muñoz, abogado de la fundación Duna Viva.
Además, el fallo se suma a la jurisprudencia ya dictada por al menos cuatro fallos de la Corte Suprema, en que declara ilegales las construcciones que se han desarrollado alrededor del santuario de las dunas de Concón, sin haberse sometido a evaluación ambiental.
La disputa por la propiedad de las dunas
En 1993, 45 hectáraes del campo dunar de Concón fueron declaradas como Santuario de la Naturaleza.
La protección duró menos de un año: en 1994 se redujo el área protegida a 12 hectáreas, porque dos empresas constructoras habían adquirido parte de las dunas durante la dictadura.}
En el 2013, el área protegida se extendió de nuevo, logrando declarar 30 hectáreas como santuario.
En 2016, las inmobiliarias Reconsa S.A. y Montemar S.A. demandaron al Estado solicitando una indemnización de $ 79 mil millones.
En 2022, después de 5 años de litigio, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la demanda de indemnización. La sentencia encuentra que no hubo acto ilegal ni arbitrario al declarar el Santuario, por lo que no procede una indemnización.
Las inmobiliarias apelaron la decisión ante la Corte Suprema, que en diciembre de 2023 rechaza definitivamente la demanda.
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