Este año, el impacto del desarrollo inmobiliario sobre las dunas de Concón se ha tomado la atención nacional, luego de que dos grandes socavones en las dunas obligaran a evacuar al menos cuatro edificios. Pero se trata de una situación que moviliza a comunidades y organizaciones locales hace años.

Una de las organizaciones que ha actuado a raíz de este problema es Duna Viva, que logró sentar jurisprudencia en la Corte Suprema en dos fallos del 2019 que suspendieron la construcción de edificios sobre el campo dunar, estableciendo que toda construcción en la zona debería someterse a evaluación ambiental, por su posible impacto en el Santuario de la Naturaleza que comprende las dunas.

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Permisos de obra y soborno

Son varias las aristas judiciales que ha abierto Duna Viva, según detalla su abogado Gabriel Muñoz. Una de ellas, se vuelve a discutir este lunes 23 de noviembre en la Corte Suprema. Se trata de una querella contra el ex Director de Obras Municipales (DOM) de Concón, Julio Leigh, por entregar permisos de obra a proyectos que no se sometieron a evaluación ambiental, lo que sería ilegal.

Esta querella se amplió luego de que el exfuncionario en cuestión acusara que el gerente general de Reconsa, Juan Ignacio Soza, lo intentó sobornar y presionar.

Reconsa es la inmobiliaria propietaria del campo dunar de Concón, y una de las que ha recibido permisos de obra por parte del exDOM para construir sobre las dunas.

Los titulares de Reconsa solicitaron la semana pasada que se invalide el plan de manejo que protege el campo dunar luego de ser declarado Santuario de la Naturaleza. Esta acción fue criticada por el agobado Gabriel Muñoz, para quien se trata de una presión más de Reconsa para achicar el área protegida del Santuario, justo antes de que se discuta el caso en la Corte.

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Daño ambiental

Justo detrás del edificio Kandinsky, ahora desalojado por su riesgo de derrumbe ante uno de los socavones generados en las dunas, hay dos torres a medio construir. Estas son las protagonistas de otra acción de los abogados de Duna Viva.

Se trata de las torres Alto Santorini I y II, de la inmobiliaria Vimac, cuya construcción se suspendió luego de que la Corte Suprema la considerara ilegal, y ordenara que el proyecto se someta a evaluación ambiental antes de continuar.

Según Gabriel Muñoz, el hecho de haber comenzado a construir ilegalmente estos edificios, generó un daño ambiental en el campo dunar, que debe ser penalizado. Para esto, solicitaron que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se querellara por daño ambiental contra la inmobiliaria.

“Nos enteramos la pasada semana de que la alcaldesa no va a tomar la solicitud, por la que nosotros mismos vamos a presentar la demanda por daño ambiental ante el Tribunal Ambiental”, declaró el abogado.

Reparación del socavón

Otra de las acciones iniciadas por Duna Viva refiere a las obras de reparación que está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas en el colector de aguas ubicado en la zona de los socavones.

A juicio del abogado, estas obras se iniciaron sin haberse sometido a evaluación ambiental, lo que sería ilegal ya que no se conocen las condiciones ambientales del lugar ni si se está poniendo en riesgo a la comunidad o aumentando el daño en el campo dunar al realizar estas obras.

La denuncia fue admitida a trámite por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), desde donde se solicitó al Ministerio de Obras Públicas que entregue información sobre las condiciones ambientales que presenta la zona de los socavones.