A 17 días de que la ciudadanía se vuelque a las urnas para determinar si Chile tiene o no una nueva Constitución, el debate sobre la propuesta ha estado marcado por una serie de temas polémicos que han enfrentado a los partidarios del A favor’ y del En contra.

La polémica más reciente —y la que ha acompañado gran parte de este segundo proceso— apunta a los derechos de las mujeres que se podrían ver afectados ante una eventual victoria del ‘A favor’, según han acusado desde el oficialismo.

A propósito de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien aseguró que “no se puede retroceder en los derechos de las mujeres” en el contexto de la inauguración un centro de atención y reparación para mujeres víctimas violencia sexual, la oposición lo acusó de “ser el jefe de campaña” del En contra, pese a que el mandatario no hizo alusión a la propuesta constitucional.

Aborto en tres causales

Pero este debate viene desde que se presentaron las enmiendas en el consejo constitucional, cuando el Partido Republicano (PR) propuso que se cambiara la palabra “que” por “quien” en la norma que consagra el derecho de quien está por nacer.

La norma terminó siendo aprobada en el Consejo Constitucional y quedó definitivamente en la propuesta que será plebiscitada.

En ese contexto, diversas figuras del oficialismo han salido a advertir que esta norma podría poner en riesgo el acceso al aborto en tres causales. Una de las voces que hizo el punto en este debate fue la expresidenta Michelle Bachelet, que ya anunció que votará En contra.

“Este derecho (aborto) adquirido por las mujeres ahora corre riesgo con el nuevo texto constitucional”, afirmó.

En contraparte, desde la oposición aseguran que dicha interpretación es errónea. “Están mintiendo cuando dicen que se pone en problemas la ley de las tres causales, no es así”, dijo la alcaldesa de Providencia y posible abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Narcotráfico

Otro flanco de discusión es el posible beneficio que tendrían los condenados por la Ley 20.000, en otras palabras, los narcotraficantes.

La polémica se instaló luego de que un grupo de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez planteara que el texto constitucional eleva a rango constitucional las tipificaciones de delitos que hoy pueden ser regulados por el estatuto administrativo.

“Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella”, lo que a juicio de los titulares de la carta publicada en El Mercurio “hace inconstitucional la penalización del narcotráfico. Así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores”.

La advertencia de los académicos ha sido utilizada recurrentemente en el debate. De hecho, la diputada Carmen Hertz (PC) aseguró en entrevista con El Desconcierto que la propuesta pone “en peligro la Ley 20.000 que sanciona el tráfico de estupefacientes y drogas, porque hace que cualquier narcotraficante presente un recurso ante la Corte Suprema o ante el Tribunal Constitucional (TC), diciendo que las sustancias que este narcotraficante trafica, no caben dentro de lo que señala la Constitución”.

Cierre del proceso

Además de la discusión suscitada por el aborto y el narcotráfico, el cierre del proceso constitucional ha sido un arma que el A favor ha tratado de usar para capitalizar la fatiga constituyente que muestra la ciudadanía.

“Si se rechaza la propuesta, el proceso seguirá abierto”, han repetido personeros de la derecha. Sin embargo, el oficialismo ha salido en reiteradamente a desestimar este planteamiento, e incluso los partidos de izquierda firmaron una carta comprometiéndose a no impulsar un nuevo proceso.

“Iniciar un tercer proceso constituyente requiere de una reforma constitucional con quórum de 4/7, es decir, se necesitan votos de todos los sectores políticos, incluida la derecha. Desde ya, reiteramos que nuestros votos no estarán disponibles para tener hoy otro proceso constitucional”, expone la misiva firmada desde el PC hasta la DC.

Pero el argumento también ha sido ocupado por sectores de la derecha que apuntan a que habrá que reformar la constitución en caso de que triunfe el A favor.