Rellenos sanitarios colapsados, incendios, problemas sanitarios y proliferación de vertederos ilegales ilustran la dramática situación que vive buena parte del país para gestionar la basura. En los últimos días, dos municipios de la Región de Los Lagos recibieron sanciones por graves incumplimientos ambientales en este ámbito.

Se trata de una situación de la que se viene alertando hace bastante tiempo, mientras que durante el año en curso se enfatizó en su necesidad de ponerle atajo, apuntando a las consecuencias evidenciadas producto de las intensas lluvias que se dejaron caer en invierno.

Respecto del escenario actual, la realidad pone de manifiesto lo que está sucediendo en el sur, con casos como los que se detallan.

Puerto Varas

Uno de ellos tiene que ver con el relleno sanitario La Laja, objeto de más de 150 denuncias ciudadanas por los malos olores provenientes del lugar. Con 179 hectáreas, este sitio recibe basura de siete comunas de la provincia de Llanquihue.

En su investigación, gatillada por las denuncias ciudadanas, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) constató una mala gestión de gases y líquidos percolados, que se escapan al ambiente provocando los malos olores y contaminación.

El organismo formuló cuatro cargos leves y cinco graves contra la Municipalidad de Puerto Varas. Las infracciones graves refieren a que la operación no logra captar todos los líquidos contaminados provenientes del relleno, al uso de material no autorizado para cubrir los residuos, y a la deficiente captación y tratamiento del biogás emanado del relleno, entre otras.

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La municipalidad tiene 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento. Las sanciones posibles van desde una multa de casi $4.000 millones, hasta la clausura del recinto.

Ancud

Otro relleno sanitario con problemas en la región es el de Puntra en Ancud, donde la SMA ya había formulado cargos contra la municipalidad. El caso fue llevado a juicio y el Tribunal Ambiental confirmó este mes la multa, que supera los $180 millones.

Pese a que es más pequeño que el anterior, lleva años de conflicto ambiental con comunidades aledañas, ya que opera para una población de más de 5.000 personas sin contar con permiso ambiental.

El lugar además se encuentra a tres kilómetros de un santuario de la naturaleza que contiene humedales de la cuenca del Río Chepu. Las denuncias ciudadanas dan cuenta de malos olores, presencia de plagas y riesgos a la salud.

Por su parte, municipio se resguardaba en una alerta sanitaria de 2019 por acumulación de basura en la provincia de Chiloé, para seguir operando el predio de forma irregular. El tribunal determinó que esta “no la justifica para excepcionarse del régimen legal aplicable a su actividad”, ni la faculta para operar indefinidamente sin obtener un permiso ambiental.

Situaciones similares en el último tiempo, han resultado en sanciones para otros municipios a lo largo del país como Camiña, Tocopilla, Quellón y Valdivia.

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