A principios de semana se depuso el paro docente en Atacama, que duró más de 80 días, una situación que se zanjó luego de que las comunidades de la zona apreciaran los avances del Ministerio de Educación en los trabajos comprometidos.

Ya desde el fin de la movilización el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, dijo que observaría el cumplimiento de los acuerdos desde cerca. Y en conversación con El Desconcierto, el docente lamenta que aún queden muchos aspectos por trabajar.

De acuerdo a su postura, para que estén las condiciones mínimas habilitantes del regreso íntegro a clases, resta “planificar todas las obras que faltan”. Aspectos como los servicios básicos, los insumos para realizar las clases, los aseos en general, “no se están desarrollando”.

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“Se ha discutido en los distintos establecimientos la convocatoria de estudiantes en forma diferida, y esto se debe a que las condiciones habilitantes no están desarrolladas o ejecutadas”, agrega.

En la propuesta que se bajó a las bases del magisterio, realizada el 8 de noviembre en el Ministerio de Educación, se acordó la constitución de un comité técnico encargado de revisar el desarrollo de las obras mínimas habilitantes.

Así, de momento los docentes movilizados se encuentran trabajando en determinar las condiciones para las obras de mediano plazo y establecer las fechas correspondientes a las de largo plazo.

Los cinco puntos del petitorio

El conflicto se enmarca en cinco puntos, según el magisterio. Esto es, entre otras cosas, la realización del Plan de Recuperación de la Educación Pública en Atacama, donde hay fondos regionales o ministeriales involucrados, y el fin a la Ley 21.040 que “provoca que los servicios locales no tengan respuestas ágiles, dinámicas, y se ve empantanado y superado”.

También menciona obras de infraestructura que permiten el funcionamiento de los establecimientos, que “todavía no se hacen prácticamente a tres meses” (del paro), como los baños, chapas, enchufes, ampolletas en las salas de clases, hojas, herramientas, y materiales para que los jóvenes de Técnicos Profesionales desarrollen su ejercicio para después integrarse a las prácticas.

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Además, Rodríguez habla de la situación administrativa, financiera y de funcionamiento del SLEP (Servicio Local de Educación Pública) de Atacama, donde hay “protocolos, plazos en las auditorías y en los pronunciamientos tanto de la Contraloría Nacional como Regional que tienen que cumplirse”.

“Hay comprometida una auditoría forense para determinar si hay delito y, si hay delito, determinar cuáles son los responsables”, explica.

“Por otra parte tenemos un SLEP descabezado sin su primer nivel jerárquico, con un segundo nivel jerárquico inexistente, por lo tanto allí tenemos cinco profesionales elegidos por Alta Dirección Pública que no están, pero esas capacidades profesionales tienen que suplirse para poder conducir y salir de la crisis”, considera Rodríguez.

Desinterés por la educación pública

Respecto a la actuación del gobierno frente a la crisis en Atacama, Carlos Rodríguez señala que desde el Colegio consideran que “desafortunadamente para nosotros, aparte de la crisis que hemos denunciado en estos 76 días que duró el paro, no hubo capacidad de respuesta”.

Para los profesores, “el gobierno se desentendió. Nosotros le dejamos una carta al Presidente de la República el 8 de noviembre y no hemos tenido respuesta. Como lo planteó el ministro de Educación en algún momento, ‘esto es un problema de Estado’, pero no hemos visto al Estado”.

“Esto demuestra que hay una debilidad enorme o un desinterés por la educación pública. Más en Atacama, cuando nuestra matrícula a nivel regional pública es del 75%. Son sobre 40.000 estudiantes que dependen de esta modalidad”, agrega.

Desde el magisterio solicitan “mayor atención” y que no se “castigue” a las comunidades educativas a “pasar por estos largos días de paralización y sin tener nada concreto aún”.

“Por lo tanto, consideramos que hay un abandono por parte del gobierno y no hay disposición a preocuparse de la educación pública, que por supuesto la necesitamos potente, dinámica y eficiente”, concluye Carlos Rodríguez.