En nuestro país tuvo lugar la presentación de la Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las Personas Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, que ya lleva un par de meses en funcionamiento y exige el cese de la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual y exhorta a los estados a proteger sus derechos humanos. 

Al respecto, conversamos con el vocero de Amnistía Internacional Américas, Guillermo Rodríguez, quienes son parte de las organizaciones convocantes de la Alianza. 

“Este fue un llamado a la opinión pública, a la alcaldía, y la convocatoria de prensa, a organizaciones civiles, y sobre todo a los estados de la región para que reconozcan estos derechos y dejen de criminalizar el trabajo sexual”, señaló Rodríguez en conversación con El Desconcierto. 

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Eso pues según lo explicó el vocero de Amnistía Internacional, “la criminalización es una ruta que solamente, lo único que produce, es ampliar las brechas de las personas trabajadoras sexuales para acceder a sus derechos”. 

De hecho, Rodríguez explica que la poca posibilidad de acceder a derechos básicos por parte de las trabajadoras sexuales, como el derecho al trabajo, la protección social y la salud, les genera un rechazo a acercarse a las instituciones para exigir sus derechos. 

“La criminalización es una ruta que solamente alimenta la estigmatización, la persecución (...) y pone en riesgo físicamente a las personas que ejercen el trabajo sexual. Son más vulnerable a violencia policial, abuso a autoridades”, puntualizó. 

Propuestas desde la Alianza 

Rodríguez explica que desde Amnistía Internacional, y en coordinación con la Alianza, la propuesta es clara: reconocer que no ha funcionado en los países la penalización de la oferta y la demanda del trabajo sexual y que, en reemplazo, “se adopten mecanismos a partir de los cuales se reconozca la regulación a partir de las distintas particularidades locales (de cada región)”. 

Pero no “como algo que tenemos que eliminar como práctica, sino más bien de garantizar las condiciones económicas, sociales, culturales para que las personas se ejerzan siempre el trabajo sexual sea solamente una opción”, precisó. 

Al respecto, la Alianza propone ciertos lineamientos claros para frenar la criminalización del trabajo sexual. 

Entre otras cosas, busca que los Estados reformulen las leyes para reorientarlas a la protección jurídica plena e igualitaria, en lugar de la criminalización recibida por las personas trabajadoras sexuales y conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura. 

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También exige que se tomen medidas para luchar contra el estigma y contribuir al empoderamiento de las personas trabajadoras sexuales, además de garantizar que tengan acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los servicios de salud integral y justicia en casos de violaciones a sus derechos humanos. 

Dichos lineamientos harían posible, incluso, combatir el tráfico de personas entre los países de la región, donde muchas víctimas se ven obligadas a ejercer el comercio sexual. 

Regulaciones en otros países y el caso de Chile

“Tenemos distintos esquemas en la región”, cuenta Guillermo al ser consultado por los países de Latinoamérica y el Caribe que han implementado algunas de estas regulaciones. 

“Hay algunos que lo penalizan de la forma más explícita, como Puerto Rico. Y hay otros como es el caso de Chile donde no hay normativas que prohíban como tal el trabajo sexual. Entonces en ese sentido el ecosistema o la diversidad normativa es amplia”, señaló. 

“Lo que nosotros decimos es que incluso en esos mejores escenarios como el de Chile donde no está prohibido como tal el trabajo sexual, deben de darse garantías para que las personas que lo ejerzan puedan gozar, sobre todo, de los derechos asociados al derecho al trabajo. Ya sea el de la protección social, la integración a los sistemas de pensiones, de salud, políticas de sensibilización, de capacitación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad para que no actúen siempre en el marco del derecho internacional y de los derechos humanos”, finalizó.

En esa línea explicó que si bien no hay una ruta que se pueda “simplemente copiar y pegar” la idea es poder formular políticas públicas y decisiones dirigidas a la población que ejerce el trabajo sexual. “Que sean funcionales a esta población con apoyo diferenciado, sobre todo donde hay una participación más privada en los sistemas de seguridad social y en los sistemas de salud que permitan reducir las barreras y el acceso a estos derechos”, finalizó Rodríguez.

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