La búsqueda de una nueva Carta Magna para Chile ha sido un proceso extenso, marcado por intensas discusiones, fracasos y aprendizajes. Se originó como respuesta a las injusticias y desigualdades que aquejaban al país, impulsado por un movimiento de la sociedad civil el pasado 18 de octubre de 2019. Uno de los compromisos alcanzados como respuesta al estallido social fue la instauración de un proceso constitucional dirigido por la Convención Constitucional. Este organismo constituyente asumió entonces la responsabilidad de redactar una nueva Constitución Política para el país.

Lamentablemente, el texto resultante de este esfuerzo fue rechazado por más del 60% de los votos, cerrando así un capítulo que tenía el potencial para asegurar el respeto de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y personas gestantes en Chile. Sin embargo, este rechazo abrió la puerta a un nuevo proceso constitucional, esta vez liderado desde las altas esferas políticas.

En las próximas semanas se nos presentará nuevamente la oportunidad de decidir si respaldamos o rechazamos un nuevo texto constitucional. Aunque deseamos fervientemente la unidad y la aprobación de un texto que garantice integralmente los Derechos Humanos, las necesidades esenciales y los estándares para una vida digna, lamentablemente, nos vemos decididas a votar en contra. No porque la Constitución de 1980 sea preferible, sino porque el nuevo proyecto representa un retroceso significativo en materia de Derechos Humanos, particularmente aquellos que atañen a las personas más vulneradas históricamente y no podemos permitirnos dar un paso atrás en este aspecto.

Una de las razones fundamentales para estar en contra de esta nueva propuesta constitucional, radica en un artículo que consagra el derecho a la “vida de quien está por nacer”. En cambio, la actual Constitución en Chile utiliza la formulación del derecho a la “vida del que está por nacer", y es precisamente en esta diferencia de pronombres donde surge el principal obstáculo. Esta nueva redacción podría entrar en conflicto con la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, vigente desde 2017 y que se aplica en casos de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad del feto.

Asimismo, en la nueva propuesta se consagra que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos, y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas”. Este artículo obstaculizaría definitivamente la promulgación e implementación de una ley de Educación Integral de la Sexualidad (EIS), lo que afectaría negativamente al proceso formativo de la personas, al no contar con la información pertinente para que niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar competencias, conocimientos, habilidades para la vida y derribar mitos, disipar temores y vivir vidas plenas, en sintonía con la salud y el bienestar.

Quienes pertenecemos a organizaciones de la sociedad civil dedicadas permanentemente a la promoción de los Derechos Humanos, entre ellos Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, no podemos permanecer pasivas y pasivos ante la aprobación de una constitución que amenace los avances que con tanto esfuerzo hemos alcanzado. La participación de mujeres, los avances en materia de igualdad y no discriminación para diversidades y muchas otras pequeñas victorias que se han conseguido para cambiar una historia de vulneraciones, no puede quedar en la nada. Aunque nuestro voto puede no significar un avance inmediato, al menos evitaremos un retroceso.

Es desde esta posición que debemos mantenernos informadas y continuar dando pasos, incluso si son pequeños, ya que cada uno de ellos son cruciales para el ejercicio de los Derechos y para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.