"Los políticos son todos iguales" me gritó un hombre en plena Av. Argentina en Valparaíso el 2021, mientras yo hacía campaña por una candidatura. No es mera casuística, se trata de una fehaciente expresión del sentir de una gran parte del pueblo, sin distinciones. Es sabido que vivimos ya décadas de una crisis de representación democrática y una exponencial pérdida de confianza en la política. La idea de que la democracia consiste en que le confiero poder a un representante para que este obre por nosotras/os se ha convertido en una ilusión frente a la percepción de que más bien entregamos poder para que se haga y deshaga de acuerdo con intereses personales y conveniencias propias.

Si bien no es del todo cierto, pues hay muchas/os en política que trabajan por el bien común y el buen vivir, lamentablemente es frecuente que asistamos al espectáculo de su enriquecimiento desmedido, casos de corrupción, tratos que favorecen al primo, el hermano y al amigo, promesas incumplidas o, simplemente, una distancia abismal entre quién supone ser nuestra/o representante y nuestros territorios, deseos y demandas. Las semanas distritales, audiencias públicas, oficinas municipales, solicitudes por transparencia y otros mecanismos que suponen ser las formas de acceder a las/os representantes, se presentan como trámites extremadamente burocráticos, complejos, increíbles o simplemente desconocidos. Además, la presión ejercida desde la organización y/o el movimiento social rara vez parece ser escuchada y, por lo tanto, son millones quienes optan por limitarse a lo privado y el propio metro cuadrado.

Así, la democracia se presenta como una nomenclatura propia de las formalidades institucionales, mas no se ve reflejada en lo cotidiano, lo que por años ha macerado un cultivo que se cocina lento y a presión. La válvula saltó en 2019 en forma de un estallido social que animó, de manera inorgánica y espontánea, el quiebre de las murallas que nos separan de la posibilidad de deliberar sobre nuestra existencia y subsistencia. Asomó vías para reconstruir las confianzas y establecer francas representaciones que refrescaran la democracia chilena.

La política institucional, en su hermetismo, intentó a tientas canalizar las demandas con el acuerdo por la paz y una nueva constitución. Se abría así un proceso constituyente que pretendía trazar una diferencia con las formas de una democracia agotada en su capacidad de llegar a consensos y deliberar. El proceso debía inaugurar una nueva era en la que la democracia chilena podría desplegarse representativa, participativa y confiable. Un horizonte cercano con plebiscitos y la elección de un órgano diverso y plural, con composición paritaria, participación de independientes, representación de pueblos originarios y personas con discapacidades, pareció dar señales positivas.

Sin embargo, la propuesta de dicho órgano fue rechazada, no representó a las mayorías y se le condenó como texto ideológico, constitución partisana y el mismísimo presidente la llamó un documento vanguardista y adelantada a su tiempo. Con ello se asomó un sentimiento: la decepción; y una lectura posible es que un gran porcentaje del RECHAZO, lo que realmente rechazó fue a la política, al gobierno, a los partidos políticos acusados de capturar el proceso, a las/os representantes que habiendo llegado al poder hicieron lo que quisieron y encarnaron, una vez más, la crisis de confianza y representación política.

Pero el fracaso del proceso no podía frenar a la voluntad popular del 80% y se arrojó un segundo intento, iniciado con una Comisión Experta nombrada a dedo por los partidos políticos y un Consejo Constitucional electo, con expresas y visibles diferencias respecto del primer órgano. Ambas instituciones anunciaban ya una distancia aplastante con el espíritu original que animó al APRUEBO de octubre de 2020.

Esta semana se le entregó al presidente una nueva propuesta de constitución y, lamentablemente, esta coincide con algunas de las características por las que se lapidó a la anterior: es un texto ideológico, una constitución partisana. Difiere, esta vez, en que se trata de un programa de derecha que de adelantado no tiene nada, es más bien regresivo, significa un retroceso que supera cualquier conservadurismo y profundiza aspectos de la Constitución del 80 que animaron el estallido de 2019.

La sentencia parece fácil: No fueron capaces de ponerse de acuerdo y se dieron el gusto de plasmar sus programas de manera mañosa y tendenciosa. Una vez más no representaron al pueblo de Chile y hoy parece probable que se venga un EN CONTRA que tendrá algo en común con el RECHAZO. Si bien muchos iremos a votar en contra del texto porque, aunque parezca mentira, es peor que la Constitución del 80, nuevamente habrá muchas/os que votarán en contra del Consejo Constitucional, las cúpulas políticas, los partidos políticos y la política en general. El estallido no habrá botado el muro y continuará el imperio de la desilusión y la desconfianza. Concluirán, con justa razón, que "los políticos son todos iguales".