En los últimos decenios se observa en nuestro país un proceso de masificación de la Educación Superior. Actualmente en este sistema se encuentran matriculados alrededor de 1.210.000 estudiantes (SIES, 2022). Esto ha supuesto un cambio en la morfología del estudiantado particularmente universitario. La Educación Superior ha dejado de ser un espacio exclusivo para una élite, hoy es un derecho social, donde los/as jóvenes de familias menos favorecidas económicamente, pueden acceder a la educación terciaria gracias a las políticas sociales enfocadas a estos sectores.

Analizando la Encuesta CASEN (1990-2022) se observa que el acceso a la Educación Superior ha aumentado de manera importante y sostenida durante las últimas tres décadas. Si en el año 1990 sólo un 18% de los jóvenes con edades entre los 18 y los 24 años estudiaba en la Educación Superior, en el año 2022 dicha cifra alcanzó un 52%. Si se desagrega la información según su nivel de ingreso, se observa que los jóvenes pertenecientes a los deciles de menor ingreso autónomo han aumentado su participación de manera sostenida durante el período 1990-2022, según se puede observar en el gráfico n°1.

Así, si en el año 1990 sólo un 6% de los jóvenes del decil de menor ingreso autónomo cursaba estudios superiores, en el año 2022 esa cifra alcanzaba al 44%, mostrando un aumento significativo en todos los deciles más vulnerables. Esto permite señalar que la brecha entre los/as jóvenes de mayores ingresos y los/as de menores ingresos ha disminuido ostensiblemente.

Si en 1990 la participación en la educación superior de los jóvenes del decil más rico equivalía a 10,7 veces la participación de sus pares del decil más pobre, en 2022 dicha diferencia había disminuido a sólo 1,7 veces. Esto es gracias a las políticas sociales implementadas en el área de la educación terciaria, que se profundizaron con la implementación del criticado Crédito con Aval del Estado (CAE/2005) hasta llegar a la gratuidad, implementada a partir del año 2016 y que actualmente alcanza hasta el sexto decil.

El análisis de las últimas tres Encuesta Nacionales de Juventud (2015/2018/2022) muestran que el pago de los estudios superiores mediante la gratuidad ha desplazado a otras fuentes de financiamiento en los/as jóvenes de sectores socioeconómicos más vulnerables. Si en el año 2015 el 60% de los jóvenes en educación superior financiaba sus estudios mediante el CAE, en el año 2022 sólo lo hacía el 13%. El grupo de jóvenes adscrito a la gratuidad, por su parte, presentó un importante avance, desde un 39% en 2017 a un 60% en 2022 (INJUV 2022). Esto muestra por primera vez el impacto de la política de gratuidad.

Es claro, que la gratuidad ha permitido el acceso a la educación superior, especialmente universitaria, de miles de jóvenes que nunca pensaron estar en esos espacios. Si bien se puede señalar que esta política ha sido exitosa, hay algunas cuestiones que provienen de ella y otras de cuestiones externas que habría que poner atención. La primera es la excesiva concentración de la gratuidad en las universidades privadas. Si en el año 2017 un 56% del crédito estaba en las llamadas universidades del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas (CRUCH) y solo un 16% en universidades privadas, hoy eso se ha revertido, y las universidades pertenecientes al CRUCH solo tienen un 28% de sus estudiantes con crédito, mientras que en las privadas aumentó a un 38%. ¿Por qué ha ocurrido esto? La respuesta no la podemos dar acá, porque excede a esta columna, pero tiene que ver con el sistema de financiamientos de las universidades y también con el concepto de justicia social en la educación entre otras cosas.

Lo segundo a tener en consideración, es que el sistema actual de gratuidad funciona con la asignación de un “voucher” (subsidio individual) que el/la joven porta (gratuidad) y que es transable en el “mercado de la educación superior”. Quizás este no es el mejor sistema, ya que los/as jóvenes “vitrinean” más en las universidades privadas donde pueden acceder por que el puntaje se los permite. Así, los jóvenes no tienen libertad de elección, sino que van donde pueden estudiar no donde quieren estudiar.

Lo que se observa es que el acceso a la educación superior aún está primordialmente condicionado por el origen socioeconómico de los jóvenes cuestión que se entrelaza con la baja de la gratuidad en las universidades del CRUCH.

Una tercera cuestión para tener en consideración es la llamada inconformidad/desencanto de los actuales jóvenes con la educación superior a pesar de la gratuidad. Si se toma el indicador: “Da lo mismo lo que se estudie, luego se tiene que trabajar en lo que sea” utilizado en las últimas Encuestas Nacionales de Juventud (INJUV, 2018/2022), se aprecia que en el 2018 el acuerdo con esta afirmación era de 25%, al 2022 se elevó a un 36%. Así, al parecer, estudiar no impacta en el futuro laboral, lo que afectaría la llamada movilidad social, base de sociedades meritocráticas, lo que podría estar mermando el interés de estudiar en la educación superior.

Por último, datos del INJUV (2022) muestran un aumento de jóvenes que no cursan estudios superiores por temas económicos. El 2018 un 20% señala esto y el 2022 aumentó a un 31%. Al parecer la gratuidad no es suficiente. Las familias requieren financiar otros ítems que podrían ser pequeños, pero que con ingresos tan decaídos impacta. Del mismo modo los años de estudios deberían aumentarse por lo menos en un año para asegurar el cierre. Es sabido que los/as jóvenes de estos sectores suelen abandonar y después reintegrarse, cuestiones que tienen que ver principalmente con cuestiones económicas, de cuidados familiares y últimamente por cuestiones de bienestar emocional.

Por último, a pesar de la gratuidad el acceso al sistema de educación terciaria está condicionado sobre todo para los deciles de menores ingresos, por la llamada selectividad, a saber, las pruebas de selección universitarias (hoy PAES), que discriminan en base a la calidad de la educación media. Ese factor ya ha sido abordado mediante el Programa de Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), desde el año 2014. El desafío de esta vía alternativa de acceso es aumentar su cobertura a nivel nacional, y contar con una versión más propia para los establecimientos de Enseñanza Media Técnica Profesional.

*Esta columna es fruto de un trabajo en conjunto entre la carrera de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el Centro de Estudios Socioculturales (CESC), organismo dedicado al estudio de las transformaciones socioculturales de la sociedad chilena, y forma parte de una investigación más amplia y profunda sobre la Educación Superior en Chile que ambas instituciones realizan en conjunto.