Hace dos meses terminó de sesionar la comisión especial investigadora (CEI) por el caso Kayser, levantada en la Cámara de Diputadas y Diputados para esclarecer los hechos que resultaron en la muerte de cinco personas dentro de las bodegas de la empresa Kayser, el 20 de octubre de 2023.

Los cuerpos de Manuel Muga, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas fueron encontrados en las inmediaciones de la bodega, en circunstancias irregulares que dieron paso a una investigación por parte del Ministerio Público, que sigue en curso.

A cuatro años de la tragedia, el diputado Andrés Giordano, quien impulsó y presidió la CEI, comparte a El Desconcierto los principales descubrimientos del caso, y lo que espera en la próxima etapa del proceso cuando el informe, que fue aprobado unánimemente en la comisión, pase a ser votado en la Sala.

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-Ad portas de la última etapa de la comisión destinada a la investigación del caso Kayser, ¿qué evaluación hace del trabajo realizado por dicha comisión en los seis meses que estuvo sesionando?

Creo que es muy importante destacar que, ad portas de la votación que tiene que hacer el hemiciclo en su conjunto de la aprobación del informe, que este fue votado unánimemente y transversalmente. Acá hubo representación de diversas sensibilidades en el espectro político, de hecho la oposición tenía representación de todos sus partidos, incluido el Republicano, y aún así el trabajo que se desarrolló fue tan metódico que permitió evidenciar entre sus conclusiones varias eventuales negligencias por parte de organismos del Estado y creo que eso también facilitó la convicción unánime de que el informe tenía que ser categórico en este sentido.

Yo por lo mismo espero que cuando se tenga que votar también haya una votación generalizada en el hemiciclo, que refleje el trabajo de la comisión y la unanimidad que conseguimos.

Respecto de las conclusiones en sí, hay varias que creo que son interesantes y también fundamentales, o muy bien valoradas, para las distintas acciones que los familiares de las víctimas de Kayser están llevando adelante. La primera es que la investigación en sí misma, con posterioridad a los hechos y la participación de los organismos del Estado, reveló que no hubo, por un lado, la oficiosidad necesaria de las instituciones, la imparcialidad, que hubo prejuicios latentes durante las expresiones públicas que tuvieron los organismos del Estado para referirse a las víctimas del caso, y que tampoco se garantizó la aplicación de protocolos que se utilizan como es el protocolo de Minnesota, donde la participación de los familiares de las víctimas es fundamental.

Ahí saltaron a la luz varias cuestiones respecto del Servicio Médico Legal, de Carabineros fundamentalmente, y algunas que también creo yo que tienen que ver por lo menos con apariciones públicas por parte del Ministerio Público.

-En agosto de 2022 se aprobó la creación de la comisión pero recién en enero de este año se constituyó, y ahora en agosto se entregó el informe, pero aún no ha podido ser votado en la sala. Entendiendo que estas instancias suelen ser lentas, igualmente otras comisiones especiales investigadoras han tenido procesos más expeditos, ¿cree que hay otros factores que expliquen esta demora?

En general, en mi experiencia, que no es la más vasta, las comisiones especiales investigadoras se mueven por contingencia. Eso genera que algunas de ellas se aprueben con mayor celeridad, de hecho en la CEI de Kayser no se aprobó inicialmente. Tuvimos que someterla a la aprobación de la Sala en dos ocasiones, y recién la segunda vez conseguimos los votos necesarios.

Una vez que pasa eso existe un acuerdo de comités parlamentarios que las pone en orden de una suerte de lista de espera para su constitución, porque se requiere primero que esté la capacidad parlamentaria para componerla y la capacidad técnica de parte de las y los funcionarios del Congreso para que la echen a andar. Por lo tanto, no puede haber un número infinito de comisiones oficiando al mismo tiempo. Entonces, se van activando en la medida que otras se van resolviendo.

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En este caso yo creo que los tiempos han sido en relación a aquello, nuestra comisión se constituyó apenas se logró tener el cupo disponible y ahora nosotros estamos tratando de presionar para que la votación se ejecute a la brevedad posible.

Hasta hace poco se estaba siguiendo un orden de aprobación de informes de comisión relativo a los ingresos y fecha de emanación de los informes, pero lamentablemente hemos visto que en las últimas semanas se votaron algunos informes de CEI que ocurrieron o que cerraron su ciclo con posterioridad a la nuestra. Al menos eso parece, tampoco quiero decir algo que no esté totalmente corroborado, pero es lo que hemos podido observar y solicitamos de hecho a la Secretaría de la Cámara que nos comente al respecto.

Esperamos que se vote dentro de las próximas semanas para poder cerrar el ciclo respecto del rol que puede tener el poder legislativo en este caso en particular.

-Según las conclusiones del informe se descubrieron irregularidades, omisiones y negligencias de parte de organismos y agentes del Estado. Luego que se diera a conocer esta información o durante la investigación misma, ¿recibieron o han recibido algún comentario o respuesta de instituciones como el Servicio Médico Legal, Carabineros o el Ministerio Público?

Las instituciones públicas que participan en las CEI solo tienen una obligación de responder mientras la comisión está realizando su proceso. Lo que hicimos fue citar a todas las instituciones. Recibimos a Carabineros, oficiales de las distintas comisarías que estuvieron presentes en el caso, recibimos a los fiscales que llevaban adelante la investigación y la persecución de la responsabilidad penal por parte del Ministerio Público, recibimos a funcionarios del Servicio Médico Legal y a varios de ellos los entrevistamos más de una vez... Eso permitió generar un convencimiento respecto del caso, contrastando no solo con organismos del Estado sino con las familias de las víctimas, con los abogados querellantes, con funcionarios de las distintas municipalidades, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Esto nos fue permitiendo ir desarrollando una investigación bien exhaustiva, pero a partir del cierre de la comisión no se espera, al menos respecto del rol que ya jugó la CEI en específico, alguna respuesta o participación de estos organismos.

Lo que sí esperamos es que el informe sirva para aquellas cuestiones que se pueden corregir y particularmente aquellas que tienen que ver con diligencias o acciones investigativas –entendiendo que muchas leyes se autorizaron con posterioridad a la concreción de la CEI–. También parte de las conclusiones de la propia comisión es que su constitución sirvió para que hubiese movimiento en causas que estaban prácticamente congeladas.

-Y dentro del trabajo realizado, ¿qué descubrimiento les sorprendió más?

Muchas de las cosas que nosotros logramos investigar y contrastar ya las conocíamos porque habían sido ventiladas en medios de comunicación. Nos interesaba tener todas las versiones para poder llegar a un convencimiento, desde la perspectiva del Poder Legislativo, respecto de las acciones, omisiones o negligencias de los organismos del Estado.

Si uno entrara a resumir los roles de las distintas instituciones, del SML, por ejemplo, evidentemente, y eso quedó en el informe, hubo varias eventuales negligencias en la aplicación de los procedimientos técnicos relativos a las pericias tanatológicas, algo bien técnico, pero hubo además una serie de fallos en los procedimientos del levantamiento de cuerpos, en el levantamiento de información con el Ministerio Público, donde incluso en algunos informes se aseguró que no habían antecedentes de impactos balísticos cuando en la práctica sí los había. Habían dos casos puntuales y otras sospechas de elementos que podían tener características de impactos balísticos pero no necesariamente de armas de fuego tradicionales.

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Por el lado de Carabineros de Chile, una de las cosas fundamentales es que hubo declaraciones públicas donde se señaló rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando. Incluso circuló un video por redes sociales, difundido por un carabinero que estuvo en el sitio del suceso, que grabó a las víctimas y lo difundió en un video que se viralizó por distintas plataformas, donde se asegura que efectivamente las personas que habían fallecido lo habían hecho cometiendo un delito, el delito de robo creo que es lo que dice él en el video. Las familias lo dijeron muy gráficamente, pero también eso incluso se transmitió públicamente en otras vocerías, incluidas las del Ministerio Público, que se generó un estigma rápidamente que, de una u otra manera, afectó el desarrollo de la investigación a juicio de los integrantes de la comisión. Por lo menos existen dudas legítimas de que así fuera.

Otra cosa impactante es que, a pesar de que se constata la muerte de cinco personas en circunstancias poco claras, el sitio del suceso no estuvo cercado. Uno de los hitos fundamentales para el convencimiento de la comisión respecto de cómo abordar el informe, es que además de que estuvo permanentemente abierto sin ningún tipo de resguardos, un equipo de un medio de comunicación de Telesur accedió, registró imágenes y encontró prendas pertenecientes a una de las víctimas que no fueron recogidas por el Servicio Médico Legal ni por ninguna de las policías, y que evidentemente demostraron que no se siguieron los protocolos que correspondían.

-¿Qué pasó con los videos?

Esos videos nosotros los pudimos tener a la vista en la comisión y nos permitió contrastar con algunos de los testimonios que se fueron dando en varias de las sesiones que además fueron secretas.

Entonces hay muchas cosas que no están en el informe, precisamente porque nosotros comprometimos desde la comisión, como existe una causa pendiente que está actualmente tramitándose, que no se pueden revelar, pero que evidentemente nos permitieron llegar al convencimiento de que había algunas inconsistencias, que de una u otra manera dan sustento a esta tesis que nosotros obtenemos de que hubo omisiones, acciones o negligencias propiamente tal que afectaron el acceso a la justicia y el derecho también de las víctimas de tener esclarecida la situación que ronda la muerte de sus familiares.

-En enero afirmó a este diario que tenía expectativas ambiciosas de la comisión, como dar con las responsabilidades políticas, mencionó ser un aporte en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las familias y apoyar en el juicio. ¿Siente que se pudo cumplir con algunos de estos objetivos planteados?

Yo creo que son los familiares de las víctimas quienes tienen que juzgar aquello. Yo, de todas maneras, como presidente de la comisión, estoy conforme con que pudiésemos lograr ahondar en cuestiones donde habían muchas áreas grises que no reflejaban la responsabilidad que tenía el Estado en cómo se había llevado este caso. Creo que nuestro informe, además que haya sido unánime pese a todos los pronósticos adversos que teníamos, pudimos actuar con mucho profesionalismo e imparcialidad.

Creo que el instrumento que emana de la comisión, ya desde el momento en que su propia ejecución posibilita que esta causa avance, que las diligencias se concreten, que las familias hayan podido acceder a los peritajes que se les habían rechazado y a documentación que el Ministerio Público no había entregado pero sí lo entregó primero a la comisión y que pudimos tener a la vista, eso ya en sí mismo es un logro para nosotros. Esperamos que como instrumento pueda servir para que la causa avance y para cualquier procedimiento posterior que las familias quieran llevar adelante.

-¿Mantienen comunicación con las familias de los afectados? ¿Cuál es la postura de ellos ahora que terminó la comisión especial?

Hasta donde entiendo siguen con la querella adelante. Entiendo que han iniciado una causa civil por falta de servicios. Esto es algo que es muy reciente, se acaba de presentar, por lo tanto no manejo mayores antecedentes pero entiendo que eso es algo que va a avanzar también.

Por otro lado, nosotros hemos estado en contacto a propósito de la idea de levantar un sitio de memoria en las exbodegas de Kayser, que es además una de las conclusiones de la comisión especial investigadora.

Algo que queda en el propio informe es que se propenda al levantamiento de un sitio de memoria. Actualmente en el lugar de los hechos existe un comité de vivienda porque se va a construir un complejo de viviendas sociales, y ya existe coordinación entre los comités de vivienda y la entidad patrocinante para la construcción de un sitio de memoria en medio de este espacio habitacional. Esto lo hemos venido trabajando con las familias, desarrollando gestiones con el ministro de Vivienda, también con la exministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, nos reunimos con el alcalde de Renca, y ahí hemos estado trabajando con concejales como César Améstica, que han estado trabajando para tratar de sacar adelante un sitio de memoria. Sería el primer sitio de memoria en democracia.

-¿Qué es lo que esperan de la votación en Sala del informe, cuando llegue su momento?

Espero que no existan sorpresas y que se respete el trabajo que realizó la comisión y que efectivamente, si cada partido político que estuvo representado allí dio su voto favorable para un informe que se aprobó con unanimidad, que la Sala refleje esa votación y que podamos tener un resultado similar, para que este informe sea aprobado por un poder del Estado, en este caso el Poder Legislativo.