El reciente foro sobre defensores ambientales en Panamá evidenció una dolorosa verdad. A pesar de las graves amenazas que enfrentan los protectores del medio ambiente en América Latina y el Caribe, los Estados miembros del Acuerdo de Escazú, no han cumplido con su compromiso de dar protección efectiva a quienes defienden la naturaleza.

Al momento de compartir los avances que cada país ha tenido en la implementación de este Acuerdo, las oraciones en futuro y los compromisos vacíos se tomaron la agenda. En Argentina están pensando hacer un diagnóstico sobre la situación de los defensores ambientales en el país, en Uruguay están pensando crear un protocolo y en Chile, a más de un año de haber adherido al Acuerdo, no han hecho más que un solo “taller” para conversar sobre un protocolo para proteger a los defensores de DDHH.

La situación es indignante. Día a día defensores del medio ambiente son amenazados en nuestro país, sólo este año más de cuatro casos de amenazas graves se han hecho públicas y las víctimas no cuentan con ninguna sola herramienta para defenderse, porque la ley ni siquiera los reconoce.

Resulta desalentador que en un foro diseñado para abordar esta cuestión, los países hayan optado por eludir el problema, destacando los pocos avances que han tenido en otros aspectos del acuerdo y olvidándose del tema que los convocaba. El Plan de Acción Regional presentado en la instancia, es muestra también de este poco compromiso con la protección de quienes arriesgan sus vidas por proteger las nuestras. Se trata de un plan escueto que plantea plazos extensos, que apuntan a tener resultados para el año 2030, mientras los informes de organizaciones como Global Witness muestran que cada año que pasa más defensores ambientales son asesinados en nuestra región. ¿Es que acaso no les importa lo que pase con ellos?

Es imperativo que el Plan de Acción Regional reconozca el papel fundamental de la sociedad civil en la implementación del Acuerdo de Escazú, pues tanto defensores como organizaciones ambientales demostraron en la instancia tener más lucidez que cualquier representante de gobierno a la hora de hablar sobre esta materia. Su llamado fue claro: los Estados deben proporcionar recursos y fomentar las capacidades de fiscalización de la sociedad civil en la materia, solo así nos aseguraremos de que Escazú sea una verdadera herramienta para la protección ambiental y no un documento más que luego quede archivado en un cajón.

No olvidemos que fue la misma sociedad civil (más de 400 organizaciones adhirieron al movimiento Escazú Ahora Chile entre el año 2021-2022), la que levantó la demanda y la urgencia de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, y es ante ellos, que se deben rendir cuentas.