Las votaciones en el pleno del Consejo Constitucional avanzan y los acuerdos se ven cada vez más lejanos.  Ante ese panorama, representantes de partidos políticos han hecho un llamado a que la Comisión Experta moldee el proyecto acordado por Chile Vamos y Republicanos, con el fin de que sea suscrito por todos los sectores políticos. Sin embargo, esta posibilidad también depende de los consejeros, que deben tener la disposición a generar esos acuerdos, dice Domingo Lovera, comisionado experto de Revolución Democrática (RD).

“La responsabilidad política por la conducción de este proceso está en quien tiene las mayorías en el Consejo, y por lo tanto la comisión experta no puede llegar y deshacer lo que allí se ha venido aprobando”, asegura Lovera en conversación con El Desconcierto.

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—La presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, mencionó que con lo aprobado por las comisiones y después refrendado en el pleno, se estaba sacando a los expertos del texto. ¿Siente que es así? ¿Por qué?

Diría que más que se esté sacando a los expertos, lo que efectivamente se ha hecho con las votaciones y las normas aprobadas es que se ha desmantelado el anteproyecto. El anteproyecto tenía un trasfondo de acuerdo político transversal, donde todas las fuerzas políticas se veían representadas. Parte importante de las normas fueron aprobadas por unanimidad o por una mayoría que daba cuenta de ese apoyo transversal. Más allá del contenido, creíamos que era una buena propuesta precisamente por ese acuerdo político en el que nadie quedaba excluido en un futuro desarrollo legislativo.

En cambio, lo que nosotros vemos ahora con preocupación es que el perfil que está tomando el proyecto en el Consejo es mucho más partisano, el Centro de Estudios Públicos se ha referido a enmiendas identitarias, de hecho. Y en ese sentido, se ha desmontado el acuerdo político y lo que uno puede observar es que hay ciertas posiciones políticas que no van a poder ser realizadas legislativamente, y otras que la van a tener muy difícil versus lo que pasaba con el anteproyecto que era habilitante democráticamente.

—Republicanos ha dicho que la mayoría del anteproyecto se mantiene y han destacado que un gran porcentaje de las normas han sido aprobadas por mayoría transversal. Pero en materias sustanciales, ¿qué tanto queda del proyecto?

Ese es un buen punto sobre el cual reflexionar, porque efectivamente hay muchas normas que se han mantenido del proyecto de la Comisión Experta tal como están. A su turno muchas de esas normas también provienen no solo del texto de 1980, sino que de una tradición constitucional más larga en Chile. Pero la pregunta es, ¿qué tan importantes son política y cualitativamente las normas que se han cambiado y se han modificado? 

Una persona podría decir que se hizo una intervención quirúrgica muy menor y que sostenga: 'mira, solamente me toqué el 5% de mi cuerpo', pero en realidad se hizo una lobotomía. Entonces, es una cuestión radical porque cambia la personalidad del sujeto. Acá pasa lo mismo. El porcentaje de lo que se cambia es mínimo, pero cambia totalmente la personalidad de la propuesta constitucional.

En eso hemos visto que se ha implementado una cierta posición política que es muy clara en materia de derechos y libertades. Hay un ánimo claro de obstaculizar la implementación del Estado Social y Democrático de Derechos. Y aunque las normas parecieran ser que cuantitativamente son pocas, cualitativamente son demasiado definitorias del ADN nuevo de la propuesta.

—Sobre estas enmiendas sustanciales de las que hablamos, ¿cuáles son aquellas que generan mayor preocupación a su sector?

En el capítulo I, mientras la Comisión Experta logró ofrecer una propuesta que le hablara a los distintos mundos, o que no quedara ninguno fuera, en el nuevo proyecto del Consejo yo veo en mensaje que van hacia un solo sector. O sea, es muy definitorio que el artículo 1, que al principio tenía dos grandes aspiraciones de dos grandes sectores políticos en Chile, hoy día pasa a ser solamente la manifestación de las preocupaciones de la derecha. Lo que es un problema. 

Eso además se manifiesta en una serie de otras disposiciones aprobadas en el capítulo I. Pero también es muy definitoria la forma en que se han incorporado distintos derechos y libertades. Algunas (normas) obstaculizan el Estado Social y Democrático de Derecho colocándole muchas trabas a la implementación administrativa de derechos sociales. Y otras como las que se han discutido en torno al derecho a la vida, a los derechos de las mujeres, en materia de paridad, que hacen que los reclamos que ya estaban tímidamente recogidos en este proyecto puedan ser vistos como no excluidos de un futuro desarrollo político.

—Por el contrario a lo que buscan desde las bancadas de izquierda, Republicanos y Chile Vamos han consagrado la libertad de elección en distintas materias. ¿Efectivamente con esta disposición se constitucionalizan las isapres o las AFP?

Creo que eso es algo que uno podría afirmar, pero me parece que más importante de ver si acaso se constitucionalizan o no las AFP o las isapres, es que con la inclusión de normas demasiado toscas y gruesas en materia del derecho a elegir, asociadas a la propiedad, y el hecho de que la forma en que se manifiesta ese derecho a elegir es con la persona definiendo hacia dónde van sus cotizaciones, hace que haya políticas públicas que son propias de la centro izquierda y de la izquierda —pero en cualquier caso son las propias del Estado Social y Democrático europeo o canadiense, por ejemplo—, no puedan ser implementadas en Chile.

[caption id="attachment_869475" align="aligncenter" width="900"] De izquierda a derecha, comisionada Catalina Lagos, junto al comisionado Domingo Lovera. (Agencia Uno)[/caption]

—Tras el pleno viene la etapa de revisión del texto de los expertos y la eventual Comisión Mixta, ¿cómo proyecta esas instancias? Entendiendo que las derechas han llamado a no tocar mucho lo que se ha aprobado.

Creo que tienen un punto allí. Aquí la principal responsabilidad del devenir que ha tenido el proceso constitucional está puesto en manos de quienes han dirigido el proceso, es decir, las derechas. Tienen razón en reclamar que acá hay una representación popular, que la Comisión Experta no puede deshacer a su simple antojo.

A pesar de que la comisión tiene efectivamente las atribuciones reglamentaries para hacerlo, políticamente, si no hay un acuerdo transversal entre las fuerzas políticas, la Comisión Experta no va a poder hacer ningún ningún cambio sustantivo. Se debería limitar únicamente a hacer observaciones, si es que, de forma o casi de sintaxis, pero ninguna mejora o corrección, como he escuchado que se ha dicho.

—¿Usted cree que va a haber más apertura al diálogo en la comisión mixta? Y más que apertura al diálogo, ¿cree que van a compartir el lápiz las derechas?

Creo que lo de la comisión mixta es eventual. Porque lo que la Comisión Experta tiene que hacer es transmitir este informe, ese informe va al Consejo de vuelta, y el Consejo puede aprobar las normas (porque el informe se transforma en verdaderas normas) por tres quintos, que se incorporan a la propuesta, o pueden rechazarlas por dos tercios. Pero puede que queden entre medio algunas que no logren los tres quintos para ser aprobadas y los dos tercios para ser rechazadas, y respecto a eso se forma la comisión mixta.

Ahora, dicho eso, nosotros hemos señalado que mientras hayan espacios para para conversar, para dialogar, y mientras sea posible que existan procesos, vamos a estar disponibles a hacerlo. Pero hasta ahora no hemos visto esa intención. Vemos que las normas se siguen aprobando, las propuestas siguen consolidándose en el Consejo, y todo eso hace que la futura conversación se vea mucho más constreñida. Porque a medida que se van aprobando normas e incorporándose materias, para quienes tienen mayoría va a ser difícil desdecirse.

—¿Cree que los comisionados de derecha pueden jugar un rol en la búsqueda de acuerdos?

Creo que sí, aunque yo hubiese esperado que ese papel lo hubiesen jugado un poco antes. La preocupación de algunos comisionados de derecha ha sido algo insuficiente y desde luego tardía.

Los entiendo, porque supongo que la tentación electoral y de poder incorporar en una propuesta normas partisanas es muy grande. Pero creo que eso ha atentado en contra de la posibilidad de ir fraguando un acuerdo más transversal. 

Como digo, queda tiempo, quedan algunas instancias, pero lo tardío que ha sido la activación de las conversaciones hace que tengamos la cuesta muy arriba.

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—Los partidos ya han comenzado a influir en el proceso constitucional a través de diversas gestiones, reuniones y llamados a acuerdos, ¿cómo ve esta situación?

Los partidos políticos son claves en este proceso. A diferencia de la Convención, por razones obvias de clima político, este es un proceso que ha sido de alguna manera estimulado, diseñado, por los partidos políticos donde estos tienen un rol fundamental.

Sin embargo, creo que durante el trabajo del Consejo los partidos también han manifestado su preocupación y han comenzado a intervenir tardíamente. Además, pareciera ser que los partidos no tienen mucha conexión con lo que está pasando al interior del Consejo. Puede ser que muchas de las conversaciones que los partidos estén desarrollando quizás no dialoguen del todo bien con los consejeros y consejeras. Eso se hubiese podido solucionar con una participación un poco más temprana.

Pese a esto, es clave que los partidos estén involucrados y que hagan sentir también su presencia y que también asuman la responsabilidad del proceso que ellos en algún momento dijeron que iba a dar soluciones.

—Retomando lo que hablábamos previamente, Luis Silva llamó a los expertos a "medirse" y a respetar lo aprobado por el Consejo. Si es que los expertos tomaran esa premisa, ¿es posible un acuerdo?

Lo que yo creo que la Comisión Experta no puede hacer, y no es su función, es "solucionar errores" o encarar el trabajo, solamente en aquellos ámbitos en que el Consejo nos indique que tenemos que trabajar. Si eso fuese así, nosotros no estaríamos cumpliendo con la función que tenemos, que es una función constitucional. 

Por otro lado, tiene sentido que habiendo un órgano electo y con representación popular, la Comisión Experta deba observar con particular cautela y no pasar a llevar decisiones importantes. Sin embargo, tal como la Comisión Experta sabía que luego venía una etapa con un Consejo electo, el Consejo electo también sabe que parte de las reglas del juego es que después viene una etapa donde también participa la Comisión Experta.

En todo caso, es cierto que la responsabilidad política por la conducción de este proceso está en quien tiene la mayoría en el Consejo, y por lo tanto la Comisión Experta no puede llegar y deshacer lo que allí se ha venido aprobando. Pero tampoco es un órgano que va a estar disponible para que lo mandaten a tomar dos o tres puntos, porque al Consejo le parece que son esos los puntos con los que hay que hacer alguna mejora, cambio, o ofrecer alguna nueva reflexión.

—En definitiva para que haya un acuerdo de la Comisión Experta es necesario que la derecha lo habilite...

El acuerdo de la Comisión Experta puede tener lugar igual. Hay una buena relación al interior, la misma que tuvimos en el momento en que trabajamos en la primera etapa del proceso. Pero la Comisión Experta necesita dialogar con el Consejo para que los acuerdos que allí se alcancen puedan trasladarse también al Consejo.

Sin esa conversación y sin ese respaldo no hay ninguna posibilidad de que lo que se acuerde en la comisión necesariamente después se transforme en decisiones del Consejo. 

—Con lo que se ha votado hasta el momento, ¿usted cómo votaría?

Yo no hago política de ficción. Voy a esperar que esté listo el texto, que esté definido si acaso hay un acuerdo transversal, y sobre esa base no voy a tener ningún problema en decir cuál es mi opinión al final del proceso.

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