Hace apenas algunos días, y luego de más de veinte años de negociaciones internacionales, el presidente Gabriel Boric firmó el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (llamado BBNJ, por sus siglas en inglés), que busca fortalecer la gobernanza de los océanos y permite la creación de santuarios marinos que permitan cumplir con la meta de proteger el 30% de los océanos al 2030.

Esta es una noticia que aplaudimos y creemos que va en la dirección correcta. De hecho, nuestro país busca posicionarse mundialmente por su compromiso con el cuidado de los océanos y contamos con un 42% de la Zona Económica Exclusiva bajo alguna figura oficial de protección, además de una extensa red de Parques y Reservas Nacionales que incluyen territorio marino.

Sin embargo, como dice el refrán popular, del dicho al hecho hay mucho trecho.

Hemos visto cómo el Estado chileno ha fallado una y otra vez en la protección de ecosistemas únicos, incluso en el caso de aquellos bajo protección oficial. Por ejemplo, al permitir la instalación de concesiones de salmonicultura en áreas protegidas, algo que no sólo parece contraproducente, sino que además es lisa y llanamente ilegal.

Cabe recordar que en Chile hay un dictamen del año 2013 emitido por la Contraloría General de la República, que establece la ilegalidad de entregar concesiones de acuicultura en Parques Nacionales, y que el Estado debe adecuar sus procedimientos para cumplir con dicha disposición.

Pero nada de eso ha pasado. En la actualidad hay empresas que permanecen dentro de parques nacionales que, además, no se han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como es el caso de la empresa canadiense Cook Aquaculture y su planta ubicada en el Parque Nacional Laguna San Rafael, en la región de Aysén.

Para el caso de otras categorías de protección, la ley es bastante clara y señala que actividades como la acuicultura estarán permitidas al interior de reservas nacionales sólo cuando sean compatibles con los objetivos de conservación, situación que a todas luces no se cumple, por ejemplo, en la Reserva Nacional Kawésqar, concebida específicamente ​​con el objetivo de proteger los ecosistemas marinos, ecosistemas que la actividad acuícola de gran escala amenaza directamente a partir de diferentes proyectos altamente contaminantes.

Que el Ejecutivo proponga sacar concesiones de salmonicultura de áreas protegidas, priorizando a los Parques Nacionales, no habla de sus “buenas intenciones”, más bien responde a su obligación de hacer cumplir la ley en su territorio soberano.

Celebramos las iniciativas que se empujan desde el gobierno y el Estado en su conjunto para lograr una mayor protección de la biodiversidad en nuestro planeta, pero la sociedad requiere coherencia y acciones concretas que avancen en proteger aquello que, en teoría, garantiza como espacio libre de amenazas dentro de nuestro país.