La sociedad chilena y el mundo está atravesando una particular crisis, “La Tiranía de los Datos”.

Nadie podría negar que hoy, en especial después de la pandemia, nos contactamos, trabajamos, y consumimos a través de las plataformas digitales, redes sociales y algoritmos. Esto ha permitido la utilización de nuestros propios datos como una herramienta comunicacional de gran incidencia en la opinión pública.

De esta manera, nos enfrentamos a una nueva forma de hacer política, una bastante peligrosa. Ya no son los argumentos los que valen, sino quién ofrezca el mejor espectáculo, el más reproducido, el con más likes, aquella performance con mayor potencial de ser altamente viralizada. Contexto ideal para las “FakeNews”, una sola publicación con un fragmento de información descontextualizada puede ser más efectivo que un argumento bien fundado, un pequeño ejercito de Bots emitiendo y viralizando mensajes de odio bastan para cambiar el clima de la opinión pública y controlar la agenda política.

El fenómeno global de la desinformación ha generado un impacto sin precedentes en las democracias modernas, de la cual, Chile no se escapa. Sus efectos inmediatos son la polarización política, el desprestigio de las instituciones gubernamentales y la manipulación para influir en la toma de decisiones electorales, produciendo que sólo nos escuchemos a nosotros mismos. La disrupción digital nos ha despolitizado, porque escuchar al “otro” es un acto político imprescindible para una Sociedad Democrática, y la única forma de crear un “nosotros”.

Actualidad política preocupante para quienes realmente valoramos la democracia, pero, ¿qué podemos hacer cuando quién posee los datos, posee el Poder?. Regular el flujo de datos y adoptar de manera responsable distintas medidas para garantizar que la toma de decisiones de los chilenos y chilenas sea realmente libre y espontánea.

En el caso actual esto es doblemente dramático porque venimos ya con dos procesos constituyentes a cuesta. El deber de desenmascarar la información falsa requiere no sólo poner atención en los futuros informes de la comisión asesora contra la desinformación para la creación de políticas públicas, sino que además, creo humildemente, que el énfasis podría enfocarse en al menos cuatro medidas, tales como: (a) campañas de concientización y educación digital, que entregue herramientas para que las personas sean capaces de detectar cuándo están ante una noticia falsa; (b) creación, promoción y difusión de estándares regulatorios y principios éticos para la difusión de información, fomentando la transparencia y diversidad de fuentes de noticias y la rendición de cuentas de los medios; (c) aumentar la entrega de subsidios públicos para apoyar al periodismo independiente; (d) creación de un organismo de carácter autónomo que supervise y fiscalice el cumplimiento del marco regulatorio y ético para garantizar la precisión de la información emitida por los medios de comunicación.

Sólo así podremos garantizar la libertad, efectividad, y legitimidad que debe tener las y los titulares del ejercicio de la soberanía. El Pueblo, de lo contrario, seguiremos sumidos en la tiranía de los Datos.