Cuando en un país con una democracia asentada se logra subvertir el Estado de Derecho, usurpando el poder a través de un golpe de Estado, se produce un desastre institucional que va más allá de consecuencias visibles, como son el cierre de las cámaras de representantes, la eliminación de la separación de poderes y la implantación de un régimen autoritario sin controles externos. Esos efectos, con ser gravísimos, no incluyen la pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones del Estado, ni la sensación de indefensión generalizada que implica la instauración de una dictadura militar, en donde ningún actor social -que no sea del propio régimen- puede opinar ni decidir libremente sobre nada.

Bajo un sistema opresor, la sociedad se infantiliza, soportando un clima de represión e imposiciones que exime a la ciudadanía, como si fueran personas menores de edad, de la necesaria participación que implica la democracia. La dictadura militar que se instaura en Chile en 1973, representa ejemplarmente este desastre institucional y social, compuesto por tres características que son básicas para su instauración, mantenimiento y legado histórico: crueldad, impunidad y olvido.

De esta manera la dictadura militar chilena se distinguió por su crueldad y arbitrariedad, como componentes básicos para imponer el miedo y la sumisión; por la impunidad de sus actos ya que, desde el primero al último de los soldados y civiles miembros del régimen, “sabían” que sus acciones, por arbitrarias y brutales que fueran, no tendrían reproche legal; y, finalmente, se distinguió también por el olvido, puesto que quienes quebraron la legalidad, sembrando terror y muerte, necesitaban eliminar el recuerdo de sus actos, que se borrara de la memoria su comportamiento inaceptable, el abuso institucionalizado.

Un ejemplo emblemático de todo esto fueron los hechos ocurridos en la comuna de Quinta Normal, cuando el mismo 11 de setiembre se acuarteló en esta comuna el Regimiento Yungay de San Felipe.

Crueldad

En efecto, la época oscura y terrible, de torturas, muerte y miles de personas desaparecidas que desató la dictadura militar que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno de la Unidad Popular tuvo, entre sus episodios más cruentos -y que ha permanecido casi totalmente en el olvido-, los horribles actos cometidos por el Regimiento Yungay de San Felipe que, el mismo día del golpe militar, llegó a Santiago, se acuarteló en la comuna de Quinta Normal e inició una macabra serie de detenciones, torturas y asesinatos que se prolongarían hasta finales de octubre.

El libro Mátame de frente (CIBES, 2023), resultado de una rigurosa y exhaustiva investigación realizada por dos jóvenes cientistas políticos chilenos (Universidad Central), relata lo ocurrido en la Quinta Normal durante la ocupación del Regimiento Yungay y devela, con detalle, el prontuario de los soldados que llevaron a cabo tales atrocidades, así como la triste historia de muchas de las víctimas, incluido el asesinato de un niño de 13 años.

Se cuenta en este libro cómo los militares justifican sus desmanes, porque se suponía que combatían a terroristas armados, a guerrilleros urbanos que “escondían armas de guerra”; esa fue la razón que “explicaba” las torturas y los fusilamientos. Por eso detuvieron, martirizaron y asesinaron al sacerdote Joan Alsina -cura obrero que nunca empuñó un arma-, así como a otros trabajadores del Hospital San Juan de Dios, que no tenían ni ocultaban armas y cuyo único crimen consistió en no esconder su simpatía por el gobierno de la Unidad Popular.

Eso fue lo que les granjeó el odio de unos militares que sí estaban armados, unos soldados de la patria que, en ese fatídico mes de setiembre, iniciaron una de las etapas más oscuras de la historia de Chile. Y es necesario recordar que, como en el resto del país, todo lo ocurrido en los establecimientos y lugares ocupados por los militares en la comuna de Quinta Normal (Instituto Nacional Barros Arana, Hospital San Juan de Dios, casa de la Cultura, Puente Bulnes…), se llevó a cabo impunemente.

Impunidad

Desde el primer día, el Régimen Militar presidido por Augusto Pinochet, estableció el Estado de Sitio y advirtió, “a toda la población y en todo el territorio nacional, que no obedecer a las nuevas autoridades será castigado severamente y en el mismo lugar de los hechos”. A partir de ese momento, las autoridades militares fueron investidas de una prerrogativa que tuvo consecuencias espantosas: podían detener arbitrariamente a cualquier persona, interrogarla, torturarla y asesinarla sin reproche legal alguno.

Esta situación, de por sí terrible, significaba otorgar un privilegio por el cual las nuevas autoridades quedaban libres de posibles responsabilidades por sus actos, gozaban de una inmunidad que les proporcionó una suerte de endiosamiento, un poder para disponer de la vida y la muerte de otras personas y, puesto que solo respondían ante sí mismos, se atrevieron a tomar decisiones escalofriantes, porque podían hacerlo.

Este es el caso del asesinato del niño Carlos Fariña (13 años), que tras ser secuestrado por soldados en octubre de 1973, fue llevado al Internado Nacional Barros Arana en calidad de detenido, donde, ante la súplica de su madre para que le devolvieran su hijo, el militar que lo custodiaba “le exigió que se retirara aseverando que le entregaría al niño cuando este estuviera grande y educado”; los soldados actuaban endiosados, decidían lo que estaba bien o mal, impartían justicia y ejecutaban las sentencias que ellos mismos dictaban.

La triste historia de Carlos Fariña, niño maltratado y aterrorizado en un centro militar de detención, culmina con un mensaje que envía a su madre con un civil que estuvo momentáneamente en el acuartelamiento: “dígale a mi mamá que me venga a buscar porque hoy me van a matar”. Poco después, el mismo teniente que prometió devolverlo “grande y educado”, lo mató con su pistola reglamentaria.

Ese teniente dispara y mata a un niño, porque puede hacerlo, esa es la percepción de impunidad que tenían esos soldados.

Olvido

Pero el tiempo pasa y la sociedad se recupera lentamente del desastre que se instaló en el país durante 17 años. Se reconstruye, poco a poco, la institucionalidad perdida tras el golpe de Estado y se restablece la legalidad. Pero, de la misma manera que las primeras consecuencias institucionales del golpe de Estado no fueron las más profundas ni las más graves, es necesario tener presente que la herida que causó el régimen militar seguirá abierta mientras no se sepa toda la verdad, mientras las víctimas no puedan obtener consuelo, respeto y reparación por el daño sufrido a manos de autoridades que, en muchísimos casos, gozan de una impunidad incompatible con la recuperación de la legitimidad necesaria para una convivencia en paz.

Por eso el olvido no es una opción, puesto que la única manera de restaurar la convivencia es manteniendo en la memoria lo que pasó. Saber que existió el quiebre de la institucionalidad, dando lugar a terribles abusos durante años, facilita que no vuelvan a ocurrir tales hechos

Para que el golpe de Estado de 1973, y la dictadura militar que lo siguió, triunfaran realmente, fue necesario que el régimen militar actuara con una enorme y calculada crueldad, que se garantizara la impunidad de sus actos. Y ahora que la sociedad chilena se está recuperando, necesitan que se borre su recuerdo… como si nada hubiera pasado.