Héctor Barraza, magistrado bajo investigación judicial y del Ministerio Público por su decisión de entregar el listado de 57 testigos reservados en una causa contra la banda criminal venezolana del Tren de Aragua en Chile, entregó el informe solicitado por la Corte de Apelaciones de Arica en el marco de un recurso de protección interpuesto en su contra por la fiscalía local, principal entidad afectada con su polémica resolución.

El escrito de 4 páginas al que accedió El Desconcierto ingresó al sistema web del Poder Judicial, donde la tramitación fue declarada secreta.

En el documento, Barraza se defiende y asegura que las acciones gestionadas en la investigación de los fiscales contra los criminales detenidos buscaban evitar el acceso al listado aludido, al mismo tiempo que "restringían seriamente el trabajo de las defensas" de los 44 venezolanos investigados, acusados y detenidos por secuestros, enterramientos de personas vivas y asesinato, entre otros delitos graves.

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De igual manera, el juez argumentó que la mencionada petición de la Fiscalía de Arica, dirigida por Mario Carrera, contravenía su interpretación del “debido proceso” y también con la Constitución Política. Por esta razón, se debía primar la Carta Fundamental ante cualquier otra consideración jurídica.

A juicio legal de Barraza, los acusados por delitos graves siguen siendo “sujetos de derechos”.

Entierran gente viva

Hay que recordar que los criminales del clan delictivo transnacional están acusados por homicidios por  entierro de personas vivas en el cerro Chuño y por asociación ilícita, entre otros delitos.

Por esta razón -argumentó la fiscalía- publicitar la identidad de los testigos, que incluye informantes y agentes encubiertos, amenazaba sus vidas debido al nivel de peligrosidad de los delincuentes venezolanos.

Presidios perpetuos

En la presentación, Barraza también aseguró que las defensas plantearon que la acusación ingresada al Tribunal de Garantía de Arica contenía 20 hechos que implican a los 44 imputados, donde 11 de ellos arriesgan presidio perpetuo.

Dicha cantidad les impedía a los abogados "patrocinantes concatenar la carga procesal de cada uno", máxime cuando la audiencia del juicio oral estaba por iniciarse.

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Transparencia y otros fallos

A renglón seguido -y citando la Ley Orgánica del Ministerio Público- el polémico juez nortino apuntó que el cuerpo legal establece claramente la transparencia de sus actuaciones como “elemento central del proceso penal”.

En su defensa, invocó la resolución de un fallo emitido por la Corte Suprema que anuló un juicio oral y ordenó revelar la identidad de testigos reservados. Sin embargo, el máximo tribunal adoptó la decisión porque el Ministerio Público, detalla el dictamen, no justificó correctamente el por qué, toda vez que se trata de un homicidio sin relación al crimen organizado del Tren de Aragua.

Al mismo, tiempo Barraza también citó una resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Concepción, donde analizó la determinación donde un juez de garantía resolvió igual que él.

Sin embargo, ese tribunal de alzada acogió un recurso de protección de la fiscalía del Bío Bío ya que la determinación del magistrado de revelar los nombres de testigos protegidos estaba fuera de “racionalidad”.

“El ejercicio de las facultades del juez, sin fundamento suficiente, es el que resulta arbitrario, por desproporcionado al exponer la seguridad de testigos que aún no han sido ofrecidos en juicio”, detalla la resolución.

Agregó -incluso- que la Corte Interamericana Derechos Humanos (COIDH) realizó duros cuestionamientos al uso de testigos reservados en sus observaciones al Estado de Chile, por el caso Norín Catrimán.

Cansado del zoom

Pese a los argumentos esgrimidos por Barraza, en el registro de audio grabado durante la audiencia, este último cuestionó al fiscal del caso por usar la aplicación zoom para asistir, de acuerdo a Radio Bío Bío. De este punto, el magistrado no se hizo cargo en su informe a la Corte.

De hecho, durante la misma instancia, Barraza se negó a cumplir el acuerdo del comité de jueces del Tribunal de Garantía de Iquique que autorizó la presencia digital del prosecutor de la fiscalía.

El fiscal, de hecho, fue amenazado por la banda criminal venezolana y se encuentra con medidas de protección.

Intervención en Venezuela

Esta semana, en tanto, las autoridades venezolanas irrumpieron en el penal de Tocorón, de la zona de Aragua, donde el líder de la organización “apodado Niño Guerrero” dirigía las operaciones transnacionales.

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La información proveniente del país bolivariano no ha entregado luces -al menos hasta ahora- del capo.

A raíz de lo anterior, surgió la preocupación en la Fiscalía Nacional, ya que existe la probabilidad de que “Niño Guerrero” haya huido. Posible o no, lo cierto es que el Tren de Aragua ha expandido sus operaciones a Colombia, Ecuador, Perú. En este último país cuenta con una amplia red de apoyo.

Como sea, la decisión del juez Barraza fue suspendida y los sobres con la lista de testigos solo llegó a manos de la Defensoría Penal Pública, que los devolvió.

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