La orden se suponía perentoria, pero los vecinos aún siguen esperando. El 3 de febrero de este año, la Dirección de Vialidad del Maule ordenó la desocupación y abandono total de un antiguo camino colonial, denominado “Esperanza-Putagán por Pata de Vaca”, ocupado ilegalmente por dos empresarios de la zona, Marco Antonio Correa y Agrícola y Comercial El Volcán S.A., propiedad del senador, exintendente del Maule y recién electo presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea Vial.

A más de 7 meses de la resolución, sin embargo, el camino ha sido intervenido parcialmente y no hay luces respecto a su habilitación total. Los vecinos del sector, ubicado en la comuna de Villa Alegre, alegan algo que les parece francamente insólito: ¿por qué un organismo estatal, interpelado por un mandato público, no cumple con la medida implementada? ¿Por qué los dueños de los predios no ofrecen las garantías para que se cumpla la ley?

[caption id="attachment_866012" align="aligncenter" width="1599"] Tractor frente a la entrada del camino tomado.[/caption]

Las suspicacias, en el fondo, son las mismas de siempre: desigualdad ante la ley, desidia institucional, falta de compromiso por parte de las autoridades. En resumen, la eterna lucha entre David y Goliat.

“Vivimos en una permanente estrés, angustia y desencanto, porque se supone que la justicia es la justicia, pero los que están en la política son los que hacen y deshacen, esas son las sensaciones que tenemos a nivel local”, dice Margarita Muñoz, vicepresidenta de la unión de juntas de vecinos de Yerbas Buenas.

Camino reconocido

El camino en disputa, cerrado hace al menos 20 años, es una vía ancestral prehispánica, transformada por los españoles en camino real durante la colonia y que hasta antes de su cierre conectaba las comunas de Villa Alegre y Yerbas Buenas. Hoy su extensión total estaría interrumpida por al menos tres kilómetros.

La ruta habría sido utilizada, además, por las tropas realistas que participaron en la batalla Sorpresa de Yerbas Buenas y, posteriormente, en 1929, empleado por el Ejército de Chile para el transporte e instalación de una antena de telecomunicaciones ubicada en el Cerro Quilipín.

Un informe arqueológico, emanado por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, identificó en el año 2022 un total de 19 monumentos arqueológicos en el sector correspondiente a “10 pircas, 2 piedras tacitas, 3 aleros, 1 cantera taller lítico, 1 pique minero y una cantera de rocas para pircados, además de abundantes indicios de troncos petrificados”.

Pese a las evidencias históricas y de carácter arquelógico, la batalla por el antiguo camino estaba declarada. Desde hace alrededor de una década, diversas juntas de vecinos de la zona, comenzaron una arremetida jurídica con la intención de recuperar el acceso a la vía ancestral.

Tras un largo litigio, la ruta fue finalmente declarada camino público por la Dirección Regional de Vialidad, a partir de una resolución emanada el 29 de abril de 2022, ordenando a los dueños de predios involucrados a “hacer desocupación y abandono total de la faja del camino de uso público”.

La empresa de Rodrigo Galilea acusó el golpe y presentó un recurso de reposición jerárquico en contra de la resolución, solicitando suspender la ejecución de las acciones adoptadas, argumentando que la orden resultaba desmedida e innecesaria, “cuyo cumplimiento causaría un daño irreparable o haría imposible el cumplimiento de lo resuelto en los recursos deducidos”, tal como señaló un reportaje aparecido en El Mostrador en febrero de este año.

[caption id="attachment_308536" align="aligncenter" width="2560"] El senador Rodrigo Galilea (sentado). / Fuente: Agencia Uno.[/caption]

La resolución final de Vialidad finalmente desestimó las pruebas presentadas por la empresa de Galilea, apuntando a que los títulos de dominio adosados en la defensa reflejarían la existencia del camino en cuestión, “reconocido y graficado  -a lo menos- desde 1929 por el Instituto Geográfico Militar.”

La apertura del camino, cuya orden contemplaba el auxilio de la fuerza en caso de ser necesario, todavía no se cumple a cabalidad. Esto en medio de la reciente aprobación de la Ley de Usurpaciones, el proyecto que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales y establece penas de cárcel para los infractores, con un polémico artículo promovido por la derecha sobre legítima defensa privilegiada.

“Intocables”

Juan Pablo Bravo tuvo que volver a la vieja usanza y cortar el maíz a mano, técnica utilizada cuando no existían maquinarias y las faenas agrícolas debían realizarse a pulso. Una situación provocada por el cierre del camino y su inevitable consecuencia: el impedimento para ingresar una trilladora.

“Tuvimos que cosechar tres hectáreas a la antigua, contratando trabajadores y quebrando el maíz a mano, para luego subirlo a camiones, previo autorización para pasar por algunos predios”, explica el vecino del sector Pata de Vaca.

No sólo eso, Bravo asegura que la ausencia de la ruta ha impedido que ingresen carros de bomberos, en caso de incendios, el desarrollo de proyectos habitacionales y la instalación de servicios básicos en viviendas, como agua potable y luz eléctrica, generando un retraso material en las comunidades aledañas.

“Estos señores son intocables”, dice la dirigenta Margarita Muñoz, debido a que los trabajos de apertura quedaron a medias y sus dueños habrían obstaculizado el camino para impedir el acceso a sus terrenos. “Lograron avanzar pero todavía faltan alrededor de dos kilómetros y, pese a que existe un mandato para entregar el camino, estos tipos hicieron unas zanjas al medio”, explica.

[caption id="attachment_866016" align="alignnone" width="900"] Zanja realizada para obstaculizar el trabajo de maquinarias[/caption]

Esta situación, prolongada más de la cuenta según los vecinos, ha impedido no sólo el libre tránsito y la interconexión entre sectores aledaños sino el acceso a una ruta de esparcimiento para las comunidades que les permita contactarse con la naturaleza e historia del sector.

A Bravo le inquieta otra cosa más y tiene que ver con el cargo público del senador Galilea, quien también ha sido cuestionado por la construcción de viviendas anegadas en Curicó. “Este camino es de todos los chilenos. Siempre nos hemos acercado a conversar y resolver el asunto con documentación y oficios, de manera diplomática, pero la indignación es porque él percibe un sueldo público, pero por otro lado, vemos que no actúa en beneficio de las comunidades”.

Para la diputada por la zona Consuelo Veloso (RD), contactada por El Desconcierto, Vialidad ha actuado de manera correcta, pues lo ha hecho conforme a la ley. Sin embargo, añade, ninguna persona puede obstaculizar la apertura del camino, menos alguien “que cumple un rol público tan importante como ser senador de la República”.

“Esto es una clara manifestación del gran conflicto que existe entre la política y el dinero y del gran perjuicio que sufren los vecinos, que no pueden desplazarse de forma adecuada porque el senador Galilea antepone sus intereses personales y económicos, por sobre su responsabilidad pública con los maulinos y maulinas”, enfatiza.

La diputada de Revolución Democrática exige, además, que Renovación Nacional no haga "vista gorda" a esta irregularidad, “puesto que así como en otras ocasiones han exigido probidad ante este tipo de situaciones, deberían ser los primeros en estar denunciando esta situación y haciéndose cargo. Espero que no sean cómplices del gran daño que le hace el senador Galilea a los vecinos de la zona”.

El Desconcierto se contactó reiteradamente con Vialidad de la región del Maule y con el senador Rodrigo Galilea con el objeto de contrastar la información obtenida, pero ninguno de los dos respondieron los requerimientos de este medio.