“Los fondos de pensiones deben ser propiedad exclusiva de los trabajadores, y además, deben ser heredables”.

De buenas a primeras, ¿quién osaría desafiar esta declaración de principios? En nuestro sistema previsional, la capitalización individual es el paradigma: el trabajador entrega, mensualmente, un porcentaje de su sueldo que va a su cuenta personal de AFP. Con su responsabilidad, pavimenta el camino de su futuro. Es el epítome del sacrificio personal rindiendo sus frutos. Los neoliberales nos prometen: el esfuerzo, y la meritocracia, en Chile funcionan.

Tras esta afirmación, el razonamiento –casi moral– es que cada trabajador ahorrante es el justo y único destinatario de su ahorro. ¿Y si hablamos de un sistema mixto? Imposible. Los impuestos de los trabajadores no deben financiar pensiones ajenas. ¿Y un sistema de reparto? Ni pensarlo. Los ahorros de los trabajadores son para beneficio personal y único. “Como corresponde”.

Es cierto que estos postulados, difundidos profusamente en los medios de comunicación –en momentos tan sensibles de nuestra historia cercana, como fue el fallido proceso constitucional de 2022– sintonizan con la visión de una parte de la ciudadanía.

Pero en el resto de la población, dicha campaña también caló hondo: hace sólo un par de semanas, la encuesta Panel Ciudadano expuso que para un 54% de los consultados “nada”, del 6% adicional de cotización planteado en la Reforma de Pensiones, debería ir a un fondo solidario, prefiriendo que los nuevos ahorros vayan también a las cuentas individuales. Y sólo un 2% consideró positivo que 4 de esos 6 puntos adicionales vayan a reparto solidario.

Es verdad: la ciudadanía puede haberse formado, legítimamente, una postura al respecto. El problema es que los resultados hoy no avalan a la capitalización individual. Con el sistema actual, la tasa de reemplazo promedio en nuestro país no supera un impresentable 34%.

Además, nada asegura que por entregar el 6% adicional a las AFP mejoren las pensiones en el mediano y largo plazo. Según datos proyectados por el Ministerio de Hacienda, el mejor desempeño en pensiones para los próximos 40 años estaría dado por un sistema previsional mixto, modelo que plantea justamente la reforma del Ejecutivo.

Esto con notable diferencia por sobre la capitalización individual, que de recibir ese 6% adicional, alcanzaría a las pensiones del sistema mixto recién al cabo de 40 años, para el caso de los hombres. Respecto de las mujeres, nunca alcanzaría dicho nivel.

En la situación actual, las AFP se defienden diciendo que para cada trabajador, es lo que pueden otorgar según el ahorro entregado en la vida laboral. Que los sueldos en Chile son bajos, por lo que el ahorro también es bajo, y que las pensiones son insuficientes como resultado.

Estos datos desnudan la mayor problemática del sistema chileno: la capitalización individual simplemente no da el ancho. No sirve por sí sola, y no servirá, sin incluir también un componente solidario. Es la baja densidad de las cotizaciones, y el pequeño tamaño del ahorro, lo que obliga a la existencia de estos nuevos pilares: un aporte del Estado financiado con impuestos, un pilar de solidaridad entre cotizantes, o ambos combinados. En resumen, un sistema mixto, que este senador defiende y considera plausible para el país.

Sin embargo, la derecha política –representante de la derecha económica en los órganos de deliberación del Estado– ha pontificado, como señalamos al principio, respecto de la propiedad de los fondos. Tanto es así, que ahora plantean que el 6% de cotización adicional también vaya a cuentas individuales, algo que sólo perpetuaría el sistema actual.

Pero ¿qué hay detrás de este respaldo tan cerrado a la propiedad individual? Se trata, simplemente, de defender y mantener el negocio de las AFP, tras el cual hay un gran escaparate de intereses: el sistema ha funcionado por décadas como la mayor fuente de dinero y crédito para la banca y las grandes empresas, que tienen acceso a un mercado de capitales de a lo menos 200 mil millones de dólares –ha llegado incluso a los 300 mil millones–. Cambiar las AFP implica perderlo.

Dicho lo anterior, desde nuestro sector advertimos que la derecha plantea una discusión falsa y vacía en materia de pensiones, con el fin de defender el actual sistema. Porque, ¿qué es realmente lo importante de un sistema previsional? ¿De quién son los fondos, o tener pensiones dignas? Desde 1980 y hasta la actualidad, los recursos han sido de propiedad individual de los trabajadores. ¿Y de qué les ha servido ese modelo, si se retiran con 300 mil pesos?

Nuestra fuerza laboral, ¿ahorra para jubilar, o se sacrifica para mantener un mercado de capitales que no puede retribuirle en nada?

Decir todo esto no es saltarnos las reglas del sacrosanto libre mercado, ni pasar a llevar la convención, a estas alturas transversal, de la propiedad privada. Pero cabe señalar que aquí estamos discutiendo sobre un sistema de pensiones. No estamos hablando de ahorro para consumo, ni de ahorro para comprar un auto, una vivienda o una lavadora, casos en los cuales sí tendría gran sentido una controversia sobre la propiedad de los recursos.

Para redondear, ¿tenemos alguna referencia para impulsar la idea de un sistema previsional mixto? Por cierto. Islandia, Dinamarca y Países Bajos, que son países “potencias” en sistema de pensiones (todos con una tasa de reemplazo superior al 90%) funcionan con sistemas mixtos. Es decir, aportes públicos de reparto obligatorio, cotizaciones a las que aportan el trabajador y el empleador, y un tercer pilar de cotización adicional, individual y voluntaria.

Aún más: para extremar el argumento, y a pesar de los desafíos que enfrentarán a causa del envejecimiento demográfico, dos países desarrollados de relevancia y gran cantidad de población tienen actualmente sistemas de reparto puros: España (89% de reemplazo) y Francia (74% de reemplazo). Mientras tanto, en Chile, nuestra capitalización individual nos ha llevado a estar entre las 7 peores naciones de la OCDE en tasa de reemplazo (menor al 35%).

Finalmente, mención aparte amerita el sistema previsional del que gozan las Fuerzas Armadas en Chile, que lejos de trasladarse al sistema de capitalización individual, permanecieron en un sistema de reparto y nunca lo han modificado. Da para pensar que, si el sistema de capitalización individual fuese tan potente, la misma dictadura habría aceptado y promovido que sus fuerzas se incorporaran en él. Sin embargo, descartaron la idea expresamente.

Es hora de asumirlo: la problemática de las pensiones es sólo otra consecuencia de un modelo económico que se nos implantó por la fuerza, y que ubica a los derechos sociales básicos como otro producto a transar en el mercado. A estas alturas, es un hecho que el mercado no sirve para todo. En Chicago, Milton Friedman y sus discípulos estaban profundamente equivocados.