Sin duda alguna la seguridad es la problemática social más presente en la cotidianidad de nuestra sociedad, y por lo mismo es importante definir el marco sobre el cuál se trabajará en cada política pública o proyecto de ley. No es lo mismo referirnos a la Seguridad Pública (referida esencialmente al rol del Estado policial y de control del orden público), que la Seguridad Ciudadana (en tanto protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna) o la Seguridad Humana (que no sólo aborda el conflicto de la seguridad desde la multicausalidad, sino que también desde múltiples objetivos: seguridad económica, alimentaria, ambiental, etc.).

En el debate suelen confundirse, y más allá de si aquello es por desconocimiento o deseada desvirtuación, lo cierto es que es deber de quienes defendemos una mirada progresista del “conflicto” de la seguridad realizar las adecuaciones correspondientes, no sólo desde el marco teórico o academicista, sino también desde el pragmatismo y la realidad social.

A las izquierdas se nos suele cuestionar sobre nuestras concepciones en seguridad. No es cierto, de partida, que no haya sido un tema para nuestro sector: durante años ha sido parte del debate, pero más asumiendo nuestras debilidades en la materia que generando respuestas precisas para una agenda cotidiana más allá de la institucionalidad estatal.

También porque hay un interés de las derechas en confundir el orden público con la seguridad ciudadana: la crítica a la gestión de las fuerzas policiales en su rol del control de la protesta social y las violaciones a los derechos humanos no es sinónimo de despreciar el orden público ni menos la seguridad como respuesta al fenómeno delictual, pues precisamente quienes más sufren con la ausencia de ella son el sector a quienes, como izquierda, buscamos representar: los sectores más empobrecidos y precarizados de la sociedad. En ese debate, la separación ha sido difícil de efectuar ante una arremetida comunicacional y política que busca mostrar contradicción donde realmente no la hay.

Por eso, para el caso en cuestión, sostenemos que hay tres dimensiones complementarias entre sí, sobre las cuales debemos generar un posicionamiento en torno a la seguridad: como una condición a construir y obtener, un derecho inalienable para todas y todos y, finalmente, como una tarea indelegable del Estado.

En tanto condición es bueno tener en mente que es un concepto que está marcado por la multidimensionalidad y la complejidad, pero que no debe ser banalizado al decir que “todo es seguridad”. Es complejo y multidimensional no porque todo sea seguridad, sino que porque hay muchas variables que impactan en la condición de seguridad aunque no sean directamente parte de la seguridad, como son los casos de la pobreza, los riesgos naturales, la crisis climática, la cesantía crónica, etc.

Esta es una dimensión real y certera, pero que no puede ser la única respuesta -y allí la autocrítica- ante el conflicto de la inseguridad, pues sus transformaciones son a mediano y largo plazo. Jamás renunciar a ella, mas no hacerla la única respuesta.

Como derecho para todas y todos, es indudable que es urgente que podamos vivir seguros en nuestros territorios, sea en el sector oriente de Santiago, en la periferia, en Arica o en Punta Arenas. La seguridad no puede depender de nuestra clase social; de cuánto ganamos al mes o donde vivimos. Vemos como la sensación de inseguridad aumenta cada día. Lo vemos en la televisión, en nuestros barrios, en nuestra vida cotidiana. Así, la seguridad es un derecho humano habilitante: permite el pleno ejercicio de otros derechos.

Como tarea indelegable del Estado es importante entender que no puede haber seguridad sin persecución del delito, pero tampoco lo puede haber sin prevención multidimensional. Así, las policías juegan un rol irremplazable, pero sólo son una parte de la solución. En ese sentido, es importante comprender que la prevención del delito debe apuntar no sólo hacia la labor policial, sino también debe ayudar a que se combatan las condiciones estructurales que impactan en la inseguridad y el delito.

De esta manera, un punto fundamental es comprender que la seguridad, y en particular la prevención del delito, debe ser conectada en términos estratégicos con los objetivos planteados en materia de desarrollo nacional, y que este último tenga una perspectiva integradora, de manera de incorporar a ese proceso a los segmentos de la población que hasta ahora han sido marginados y que por lo mismo, no cuentan con perspectivas, quedando a merced de grupos delictivos, del crimen organizado o del narcotráfico.

El gobierno ha hecho grandes avances en la materia, como lo ejemplifican agendas como el programa Más seguridad, más comunidad, Calles sin Violencia, la primera Política nacional contra el crimen organizado, o la importante inyección de recursos contemplada en el presupuesto 2023 y que aumentará tras la Ley del Royalty y la futura Ley de Rentas Regionales, dotando, además, de nuevas facultades a gobiernos locales y regionales. Sin embargo, continúa habiendo importantes desafíos.

Es necesario avanzar en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad de seguridad, así como en la prevención multidimensional. Es importante impulsar de manera complementaria el desarrollo comunitario, el combate a la violencia de género, una nueva concepción de ciudades y regiones, así como infraestructuras urbanas y rurales. Es necesario, en fin, combatir la desigualdad en todas sus áreas, a la vez que fortalecemos y reformamos a las policías, sin renunciar a una en desmedro de la otra.

Con estas problemáticas claras, desde el gobierno y las fuerzas políticas que lo sustentamos, debemos entregar propuestas concretas y generar las condiciones para llegar a los acuerdos y soluciones necesarias. Ello requiere también el compromiso y la acción de otras fuerzas, por lo que actitudes mezquinas o cálculos pequeños y cortoplacistas no pueden ser aceptados, menos si buscan proponer soluciones “parche” que entorpecen políticas profundas como las requeridas, y que terminan poniendo en peligro la seguridad de la ciudadanía, su dignidad, y el desarrollo nacional.