Las inundaciones por lluvias representan uno de los desastres más devastadores que afectan a comunidades en todo el mundo. Estas semanas hemos sido testigos de un importante sistema frontal que ha afectado a la zona centro-sur del país y que ha obligado al gobierno a decretar Estado de Emergencia. Miles de damnificados, personas desaparecidas, viviendas completamente destruidas y, lamentablemente personas fallecidas, han sido las consecuencias hasta el momento.

Esta situación se suma a la vivida en el mes de junio, donde ya evidenciamos importantes inundaciones. Es cierto que, de un tiempo a la fecha, habíamos tenido varios años de sequía, y quizá olvidamos la fuerza de la naturaleza, sin embargo, estas experiencias nos recuerdan que ella es cambiante y cíclica y que nunca debemos desconocer su presencia; en cualquier momento puede volver a manifestarse, generando este tipo de estragos.

Hace seis años, en el año 2017, precisamente en el mes de junio, comenzaba la tramitación de la ley Nº 21.202 de protección de humedales urbanos. En el marco de esa tramitación se insistió, especialmente de parte de los representantes de la academia y la ciencia, sobre la importancia de regular la construcción de viviendas sobre humedales, puesto que en caso de inundaciones el impacto podría ser catastrófico. Unos años más tarde, estamos viviendo esa catástrofe.

Las inundaciones afectan negativamente a los lugares construidos sobre humedales. Los humedales actúan como esponjas naturales, absorbiendo el exceso de agua durante las lluvias intensas. Sin embargo, cuando se construye sobre estos ecosistemas, se interrumpe su capacidad de retención de agua y su función de regulación de inundaciones. Como resultado, las áreas construidas sobre humedales se vuelven más susceptibles a las inundaciones, ya que, no cuentan con esta relevante protección natural.

Esta situación significa un incremento del riesgo para las personas. Las viviendas, las infraestructuras y los servicios básicos se ven amenazados, lo que afecta directamente la vida cotidiana de las personas y, en casos extremos -como el que pasamos-, puede poner en peligro la seguridad y la vida.

El cambio climático está intensificando la frecuencia y la magnitud de las lluvias. Esto implica que las áreas urbanas construidas sobre humedales estarán cada vez más expuestas a inundaciones devastadoras. Es fundamental reconocer que estos desastres son agravados por las decisiones humanas de construir en estos lugares vulnerables. La planificación urbana y la protección de los humedales son esenciales para hacer frente a este importante desafío.

Han pasado tres años desde que comenzó a regir la ley de humedales urbanos y al día de hoy sabemos de un aumento de judicialización de los humedales declarados como “humedales urbanos” por el Ministerio de Medio Ambiente. Lamentablemente esta judicialización en su mayoría ha buscado limitar los polígonos de protección de ellos y, como ya hemos visto, no es posible entender que se siga insistiendo en construir sobre zonas de inundación. Es una negligencia asimilable al dolo insistir en construir sobre humedales cuando tenemos amplios y profundos conocimientos otorgados por la experiencia y por la ciencia que al hacerlo, se pone en riesgo la vida de las personas.

La protección de los humedales no es una lucha antojadiza. Es nuestra responsabilidad asegurar la calidad de vida de nuestros actuales vecinos y de sus hijos y nietos. Seguiremos trabajando para que se comprenda la necesidad imperiosa de tomar las medidas de protección ambiental y para que se entienda que su protección no implica una paralización del desarrollo, sino más bien, un desarrollo sustentable tanto con la naturaleza como con la humanidad.

Esperemos que aprendamos de las lecciones y que en el futuro no volvamos a ver la tragedia de estos días.