Hace algunos días, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se dieron a conocer algunas alarmantes cifras, donde se evidencia que en Chile niñas de 13 años son las que acceden a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, principalmente en la causal violación.

Esta preocupante información fue revelada luego que partidos de oposición introdujera al debate político la posibilidad de presentar un proyecto en contra de la Ley 21.030, más conocida como la Ley IVE.

Pero estas amenazas no suceden solamente en Chile. En el “Informe 2022/23 Amnistía Internacional: La situación de los Derechos Humanos en el mundo”, se detalló que “se produjeron importantes retrocesos en relación con los Derechos Sexuales y Reproductivos y, en varios países, las autoridades aprobaron medidas que menoscababan el acceso al aborto y prohibían la Educación Sexual Integral”.

Acciones como estas denotan la importancia de que las mujeres estemos en constante alerta. Sobre todo porque la aparición de ideologías radicalizadas, impulsadas por el conservadurismo extremo, pone en riesgo los derechos que con tanto esfuerzo nos ha costado conquistar.

No obstante, este hecho se suma a las dificultades que ha tenido la implementación de la Ley Ive, ya que, desde su aprobación y posterior ejecución, recién a inicios del 2023 se llevó a cabo un Manual de Fiscalización de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, dirigido a profesionales de las Seremis y de la Superintendencia de Salud, para observar el correcto funcionamiento de esta norma.

Este lanzamiento fue un nuevo avance para que se garanticen los Derechos de las mujeres y personas gestantes, ya que busca hacerse cargo e identificar las falencias que ha presentado la implementación de esta Ley, que no son pocas en materia de capacitación, recursos e insumos para aplicarla.

Para enero del 2023, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informó que cuatro de cada diez médicas/os obstetras en hospitales públicos son objetores de conciencia en causal de violación, lo que corresponde a un 43% del total; Por otro lado, un 15% lo es ante el riesgo de vida de la madre y un 23% ante inviabilidad fetal.

Asimismo, al implementar la ley se proyectaban 3.000 casos anuales, sin embargo, se han realizado 3.300 intervenciones entre 2018 y 2022, lo que es decidor y podría traducirse en que los procedimientos se siguen desarrollando en la clandestinidad.

El mayor porcentaje de casos que se han acogido a la ley, está vinculado con la inviabilidad del embrión o feto, con un 51%  y en segundo lugar se encuentra la causal en relación con el peligro de vida de la persona gestante, con un 31%.

Si bien hoy en día existen protocolos para asegurar la atención de quienes buscan interrumpir voluntariamente el embarazo en tres causales, hay diversos elementos, como ya hemos mencionado, que obstaculizan que las personas accedan realmente a la implementación de la Ley.

Uno de los puntos más significativos es la falta de información y desconocimiento general, la falta de difusión y la respectiva formación de profesionales. Esto trae consigo también la desinformación respecto a quién y en qué momento hacer uso de la objeción de conciencia, existiendo profesionales que hacen uso de ésta, sin estar considerados dentro de la nómina de personas que pueden proclamarse como objetores/as.

El panorama en Chile entonces, no es muy auspicioso. Esto debido a que por un lado, nos enfrentamos permanentemente a las desigualdades en diversos aspectos y a la amenaza constante de la violencia de Género que tiene cifras altísimas en femicidios y en delitos asociados, y por el otro, al riesgo que corren los avances en materia de protección, visibilización y garantías de Derechos con la aparición de ideologías radicalizadas.

Es vital entonces generar estrategias que nos permitan avanzar en materia de libertades personales, Derechos y garantías para llevar vidas saludables y plenas. En este sentido, aparece como elemento clave la organización, la información y la educación, para que logremos erradicar las campañas de desinformación que se apoderan de la opinión pública generando imaginarios inexistentes.

Las personas deben poder contar con pisos mínimos en la educación, y en ello la Educación Integral de la Sexualidad es un avance para incorporar temáticas desde la evidencia científica, libre de estigmas y que nos permita avanzar hacia una sociedad más igualitaria, libre de discriminación, más inclusiva y donde la violencia en ninguna de sus formas tenga cabida.