Más de 30 organizaciones relacionadas a los Derechos Humanos adhirieron a una declaración pública de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en la que se critica duramente el desarrollo del actual proceso constituyente y sus implicancias en la materia.

Legitimidad

Comienzan la declaración indicando que "el cuestionado proceso constitucional en curso, a medida que avanza, ha ido profundizando su falta de legitimidad, no sólo por la creciente desafección de la ciudadanía sino por el declarado propósito de quienes controlan el denominado Consejo Constitucional, de imponer un cuerpo normativo contrario a los derechos humanos, a la cultura democrática de nuestro país y al anhelo mayoritario de los chilenos y chilenas de avanzar hacia una sociedad más justa y libertaria".

Desprecio a los DD.HH.

El texto apunta directamente a la fuerza política dominante del proceso, asegurando que "actualmente, la ilegitimidad del proceso se profundiza con el contenido de las cerca de 400 enmiendas presentadas por los representantes del Partido Republicano, las que reflejan inequívocamente lo que ellos representan: su adhesión al modelo político, económico y social impuesto por la dictadura de Pinochet consagrado en la Constitución vigente; su desprecio por los derechos humanos y las obligaciones internacionales que tiene el Estado sobre la materia, y el declarado propósito de dejar sin efecto avances sociales y culturales obtenidos por la ciudadanía a lo largo de estos últimos 32 años".

Afecta a trabajadores

Dentro de las enmiendas en particular con mayores niveles de complejidad señalan que se encuentran las que afectarán "gravemente la libertad sindical, el derecho a huelga y la negociación colectiva; a prohibir el aborto en tres causales; a la constitucionalización de las AFP y las ISAPRES, consolidando aún más el Estado subsidiario y el modelo de mercantilización de los derechos sociales que tanta desigualdad ha provocado; promueven la propiedad privada del Agua; dejan sin efecto el principio de supremacía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, y afectan gravemente los derechos de los pueblos indígenas".

Consulta indígena

Además agregan, con especial énfasis, que otra enmienda compleja es la que "pretende dejar en libertad (arresto domiciliario), a los condenados por crímenes contra la Humanidad, contrariando normas expresas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el Estatuto de Roma". E igualmente fustigan la decisión de no realizar una consulta indígena.

En la declaración finalizan apuntando que la "Constitución debe ser el fruto del legítimo ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno y que un elemento esencial de un Estado Democrático de Derecho es el respeto, promoción, garantía y efectiva vigencia de los derechos humanos en su indivisibilidad, única forma de garantizar la paz social fundada en la plena realización de la dignidad humana".

Puedes leer la declaración completa y ver a las organizaciones firmantes acá: