El pasado 28 de abril los y las concejalas de Providencia nos enteramos, prácticamente por la prensa, que el municipio había decidido no abrir matrículas para nuevas alumnas del colegio El Vergel, institución de educación pública que con 40 años de tradición en la comuna nos dejará un déficit de cerca de 500 matrículas desde el día de su cierre.

Acto seguido, en Concejo Municipal del 9 de mayo, la alcaldesa Evelyn Matthei nos señaló que el municipio a través de su Corporación de Educación, está en negociaciones para la compra de 2 propiedades particulares adyacentes al colegio, por un valor de 61.000 UF, las que permitirían construir un nuevo Cesfam en la totalidad del terreno.

Si bien nadie podría estar en contra de ampliar y mejorar la necesaria cobertura de salud de la comuna, el proyecto político de la centro derecha pone en disyuntiva demandas de necesidades tan requeridas como la educación y la salud pública.

La decisión del cierre del colegio El Vergel es completamente política, y es responsabilidad de la alcaldesa de turno y no del Concejo Municipal. Los argumentos se basaron en problemas de infraestructura, tamaño de espacios y futuras reparaciones. Todos aspectos que se podrían haber solucionado con una inversión social estatal, permitiendo transformar El Vergel en un colegio de excelencia para familias tanto de Providencia como de otras comunas, que hoy ven su proyecto educativo dañado para sus hijos e hijas.

¿Por qué tendríamos que escoger entre cerrar un colegio o tener un mejor acceso a la salud pública? ¿Para la derecha son incompatibles los derechos sociales? Nuevamente, es una decisión política.

Una correcta gestión municipal, que se construya de la mano de la gestión del Estado a través del gobierno de turno, podría haber dado una solución educativa a través de la inversión estatal. Pero al parecer primó la ideología de un sector político que, al gobernar la comuna, lamentablemente demuestra que no cree en la educación pública.

Hablemos del Cesfam. Por cierto, es una necesidad concreta para casi 60 mil usuarios de salud pública de la comuna, donde prima una ya consolidada población adulta. Son estos mismos quienes al superar los 60 años, se ven forzados por las Isapres a migrar a Fonasa, ya que son discriminados en tanto aumenta su edad y el riesgo de enfermedades, aumentando brutalmente los precios de sus planes de salud o preexistencias. Esta realidad hoy ocurre en Providencia y en muchos municipios de Chile.

Sin embargo, el pago de propiedades a precio de mercado da cuenta que la plata está, y que la posibilidad de tener un Cesfam y un colegio de excelencia en la comuna, habría requerido un esfuerzo político que pudimos haber dado.

En ningún caso aceptaremos que se diga o sugiera que el gobierno actual no entrega recursos públicos a municipios de derecha. Según datos de la Subdere, cerca de 2.300 millones de pesos fueron transferidos a Providencia el 2022, entre proyectos asignados y elegibles. Una cifra que da cuenta en una mirada de Estado que busca integralidad más allá de cualquier color político.

La incapacidad de la derecha de buscar recursos estatales durante la administración de un gobierno de izquierda termina afectando no sólo las arcas fiscales de toda una comuna, sino por sobre todo, la mejora sustancial de servicios sociales universales.

Una gestión municipal que tenga una mirada pública de Estado, va a generar siempre mejores oportunidades para el fortalecimiento de una inversión social más robusta y sólida que dé solución a las necesidades de la población.