Depresión, angustia e incertidumbre es lo que viven a diario cientos de sobrevivientes junto a sus familias. La impunidad agudiza el malestar al saber que menos del 1% de las 10 mil denuncias por violencia estatal han concluido con algún agente del estado condenado, de acuerdo con Rodrigo Bustos director de Amnistía Internacional Chile.

Los suicidios de víctimas de trauma ocular como Jorge Salvo, Jonathan Vega y Patricio Pardo, nos hacen preguntar ¿Cuáles han sido los avances en la política de reparación integral del gobierno?

Las y los sobrevivientes han señalado en innumerables ocasiones que el Programa Pacto -creado por el actual gobierno para dar respuesta en salud a víctimas de trauma ocular- es insuficiente.

Un programa interinstitucional de reparación integral debe contemplar una cobertura universal y nacional para las y los sobrevivientes y sus familias, atención médica y acompañamiento psicológico, profesionales capacitados en derechos humanos, asesoría legal, reinserción laboral y continuidad de estudios.

Guardando las proporciones históricas, es un hecho que el gobierno de la “justicia en la medida de lo posible” del expresidente Patricio Aylwin, creó en los primeros meses de su mandato la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (25 de abril 1990), Informe Rettig (8 de febrero de 1991) y promulga el 31 de enero de 1992 la Ley 19.123 que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y establece las pensiones de reparación, insuficientes por cierto.

A más de un año de asumido el actual gobierno, se ha advertido la inexistencia de una política pública de reparación integral.

Un avance importante sería el reconocimiento de cifras oficiales de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Para eso, el Ejecutivo debe propiciar la creación de una Comisión de Verdad que acredite el trauma por violencia institucional y avanzar en un Proyecto de Ley de Reparación Integral que sustente institucionalmente al actual programa PACTO.

No quiero que se repitan suicidios como los de Jorge, Patricio y Jonathan.

Por eso, el Estado de Chile debe aplicar con el mayor esfuerzo posible el principio de restitución  integral para el ejercicio del derecho a la reparación integral.

En palabras del profesor Claudio Nash, la reparación consiste en “restablecer la situación de las víctimas al momento anterior al hecho ilícito, borrando o anulando las consecuencias de dicho acto u omisión ilícito”.