Los organizadores de “Democracia Viva”, militantes de Revolución Democrática (RD) cometieron un grave pecado, en su intento de aprovecharse de dineros del Estado para beneficio político o propio. Eso es corrupción y resulta inaceptable para quienes desafiaron ética y políticamente a la derecha y a la Concertación.

Las decisiones del actual gobierno, incluidas Fiscalía y Contraloría, y de la propia dirección de RD, por sancionar a los responsables de utilizar dineros públicos de forma fraudulenta, no ha frenado la ofensiva de la derecha y de algunos senadores del Partido Socialista. Se intenta convertir el acto repudiable en un fenómeno de envergadura mayor, que busca comprometer a RD en su conjunto e incluso al Frente Amplio (FA).

La oposición política al gobierno, y algunos senadores oficialistas, han multiplicado voces de odio, que no se habían escuchado en el pasado, cuando los casos Penta, SQM y Corpesca. Tampoco se han conocido similares cuestionamientos en el reciente y descarado desfalco del municipio de Vitacura, como los desplegados en contra de “Democracia Viva”

Ha sido un festín para los medios de comunicación de la derecha. Incluso la alcaldesa de Providencia, y potencial candidata presidencia de la UDI, Evelyn Matthei, ha dicho que “Jackson está quemado y que su partido RD ha mostrado ser un asco". Expresiones algo desproporcionadas para quien no era un asco abrazarse con Pinochet.

También los medios de la derecha publicitan ampliamente el discurso odioso del senador socialista, Fidel Espinoza, contra RD y, en particular, contra Giorgio Jackson. Agresiones persistentes. Espinoza parece como esos jóvenes enamorados y despechados. No da tregua a Jackson, ni cuando fue ministro de la Presidencia, ni tampoco ahora: “Giorgio Jackson fundó este partido de la corrupción y está callado”.

Igual que la Matthei, el senador socialista extiende la corruptela de “Democracia Viva” a RD. Curiosamente no hizo lo mismo, cuando presidió la Comisión parlamentaria para revisar los casos de Penta y SQM: fue más riguroso en esa ocasión para precisar culpables, porque no generalizó la corruptela a los partidos de la Concertación.

Finalmente, Sebastián Davalos, se mete donde no debe y, como siempre, se equivoca. Asegura que el caso “Democracia Viva” es peor que CAVAL. Pero, no es así. Su caso es más grave porque, como hijo de la presidenta Bachelet, al solicitar un trato privilegiado con el dueño del Banco Chile, Andrónico Luksic, abre puertas para que la política entregue concesiones especiales a los grupos económicos, como ha sido con Penta, SQM y Corpesca y, además, su comportamiento afectó seriamente el gobierno de su madre, la presidenta Bachelet.

Con “Democracia Viva” volvemos a los malos tiempos, cuando la corrupción se instaló en la agenda nacional. En la segunda década del dos mil, quedaron de manifiesto los vínculos perversos entre la política y los negocios.

Gravísimo para los intereses nacionales resultaba la manipulada ley de pesca, el favoritismo en las concesiones de salares en favor de Ponce Lerou y el caso Penta, con ejecutivos que intentaban proteger sus Isapres y AFP, pagando a parlamentarios. Más grave aún resultó el acuerdo político transversal para el ocultamiento o mediatización de estos hechos, con el debilitamiento de Impuestos Internos y a la Fiscalía.

Ahora, mientras pasan los días, el traspaso irregular de fondos que se descubre con “Democracia Viva" se instala como un fenómeno generalizado, territorialmente y también políticamente (recién se conoció el caso del gobernador de la Araucanía apoyado por Evopoli, quien transfería fondos de forma directa a la fundación de sus amigos).

A diferencia de la corruptela de años pasados, en el caso emblemático de “Democracia Viva”, existe un olvido sustantivo, deliberado o por ignorancia. Se trata de la inefable Constitución de 1980, fundamento del libre mercado y de la minimización del Estado. Es inocultable que en la subsidariedad de lo público radica el fundamento estructural para que empresas privadas y fundaciones reemplacen al Estado en sus tareas propias.

Las fundaciones y empresas privadas que subcontrata el Estado no existirían si éste no externalizara actividades propias de su funcionamiento. Esto es característico del sistema neoliberal instalado en el país, que deposita en el mercado su funcionamiento económico y social. El Estado reduce así su papel y se ve atado de manos en su trabajo.

La externalización, una práctica marginal antes de la dictadura, comenzó a dar sus primeros pasos en el periodo 1974-1990, para consolidarse durante la transición a la democracia. El Estado subsidiario, se instala con las reformas neoliberales implementadas a partir 1975 y se formaliza con la Constitución de 1980 y luego se consolida en las tres últimas décadas.

La subsidiariedad del Estado se potenció con el Código Laboral de José Piñera, el que sirvió para eliminar las barreras jurídicas de la subcontratación y para externalizar funciones que formaban parte de las actividades permanente de las empresas y del Estado. Así las cosas, numerosas actividades que son competencia de ministerios se trasladan a fundaciones o a empresas privadas.

El invento de Piñera, en vez de ser eliminado por la Concertación, se formaliza mediante la ley 2006 de subcontratación (Ley 20.123). Sin embargo, esta ley es muy laxa y no incorpora exigencias de igualdad de condiciones laborales entre trabajadores de planta y tercerizados, tampoco precisa las funciones a externalizar ni menos asegura labores de fiscalización sobre los externalizados.

Así las cosas, el régimen de subcontratación se generaliza en el país y se despliega abundantemente en el sector privado y en las instituciones estatales.

En este sistema adquiere preponderancia el “trato directo” en la compra de bienes y servicios por el sector público, para evitar licitaciones. Existen casos emblemáticos, como la empresa Sonda con sus servicios tecnológicos para el Transantiago y el Registro Civil, entre otros. También ha sido utilizado a discreción por los municipios, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.

La externalización es un tema difícil de enfrentar y no tendrá una solución efectiva mientras persista el Estado subsidiario.

Además, en lo contingente, sobre la transferencia de recursos a fundaciones, el senador Huenchumilla es claro en señalar responsabilidades del propio Estado, que facilitan actos corruptos: “Hay un pecado capital original de Hacienda, DIPRES y Congreso, porque en la ley de presupuesto se entregan autorizaciones con glosas abiertas, sin aclarar el tipo de transferencia ni la regulación respectiva” (El Mercurio, 11.07.2023).

En consecuencia, el atentado a la ética de los militantes de RD de Antofagasta exige ineludible sanciones legales; pero, también, ese hecho revela la necesidad de revisar el papel del Estado en la economía. Es preciso devolver al sector público la gestión directa que le corresponde y, cuando sea necesaria la externalización, fijar regulaciones estrictas para la entrega de recursos a fundaciones o empresas privadas. En realidad, la culpa es del chancho, pero también de quien le da el afrecho.