La Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de educación Marco Antonio Avila (RD) es una de las grandes pruebas de fuego que tiene el gobierno luego de las complicadas semanas que han tenido a propósito del caso convenios. Sin embargo está AC tiene bastantes aristas que la hacen bastante peculiar, por lo que su resultado es, a lo menos, complicado de predecir.

Esta AC cuenta con siete capítulos en donde se cuestiona imponer una “agenda sexualizada”, no combatir el ausentismo, la deserción escolar y no cumplir con la supervigilancia del uso de recursos de Junaeb. 

Justamente este último punto ha alcanzado relevancia en estos días, no solo por ser esencial para la oposición y un eje clave para que la iniciativa avanzara al Senado, sin por las palabras del diputado UDI Jorge Alessandri, quien señaló en Tolerancia Cero que “el ministro Ávila no puede decir que no sabía cómo se manejaban los dineros, porque debió fiscalizar, estar encima y revisar los contratos de la Junaeb”. 

El conflicto redunda en que dicho argumento, presentado por el parlamentario, incluía una falla estructural, ya que la Junaeb es un organismo autónomo y no depende del Ministerio de Educación, su director es elegido mediante concurso de alta dirección pública y el rol de supervigilancia no es lo mismo que una sujeción jerárquica. 

El abogado de Ávila 

Otro frente interesante en el este episodio de la Acusación Constitucional al ministro Ávila, es que para defender al secretario de Estado, fue fichado nada menos que el abogado Francisco Cox, egresado de la Universidad Diego Portales (UDP). Cox posee un máster en Columbia Law School y en su carrera se ha especializado en casos de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional.

Pero lo relevante, o curioso, es que en 2019 Cox defendió a la por entonces ministra de educación, Marcela Cubillos de una AC bastante similar a la de Ávila. Por entonces las críticas de la oposición iban dirigidas al Sistema de Admisión Escolar y a la promoción, con apoderados, del fallido proyecto “Admisión Justa”. Además, se le acusa de haber vulnerado la Constitución y las leyes, específicamente el principio de igualdad.

Durante esa oportunidad, la defensa de Cox se basó en que las responsabilidades que se le imputaron a Cubillos no se ajustaban a derecho, ya que este sistema no era directamente dependiente del ministerio de educación y la ministra no tenía injerencia en las situaciones que se mencionaban en el libelo acusador. 

Ahora, la defensa que plantea el abogado es bastante parecida, porque el punto central de la AC es el mal manejo de los dinero de Junaeb y la supuesta poca fiscalización de parte del ministro, cuestión que no se apega a la legislación a juicio de Cox. "La acusación le imputa hechos que están fuera del ámbito de su competencia".

Al respecto, dijo en entrevista con La Tercera que “La razón por la que decido asumir es parecida a la que me llevó a defender a la ministra Cubillos. Es porque me parece que una acusación constitucional es una herramienta que debe usarse muy excepcionalmente y cuando uno esté frente a hechos graves, ya sea de inejecución, de comisión de delitos, de violación a la Constitución, a las leyes”.

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La defensa del gobierno y el cálculo de votos 

A la espera de que se vote el miércoles la acusación, en el gobierno apuntan a que esta no tiene sustento y que la Cámara de Diputados será responsable y terminarán por rechazarla. El ministro de Segpres, Álvaro Elizalde, apuntó que “esta acusación carece de fundamentos jurídicos y por tanto deberá ser rechazada. Creemos que se está utilizando este instrumento de manera inadecuada, tal como quedó acreditado una vez que el Ministro Ávila respondió a la acusación, esta carece de fundamentos y por tanto no existe ninguna infracción por la cual deberá aprobarse la misma”, indicó.

Además, expresó que “se han esgrimido los argumentos jurídicos que demuestran categóricamente que esta es una acusación que carece de fundamento”.

También, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili cuestionó los fundamentos de la AC. “Estas medidas se utilizan para evaluar o no si un ministro se saltó la Constitución, no para evaluar si me cae bien o no un ministro. Por eso se debe evaluar en su mérito y no por otros motivos”, comentó. 

Respecto al cálculo de votos que hace el gobierno, por el momento son positivos para Ávila. En un conteo preliminar Chile Vamos y el Partido Republicano actuaría como un solo bloque (23 UDI, 23 RN, 4 Evópoli, 12 Partido Republicano), totalizando 62 votos. 

A esto se suman los diputados Gonzalo de la Carrera (IND), Karen Medina (PDG), Francisco Pulgar (IND) y al menos seis de los siete miembros de la bancada Social Cristiana e independientes dando como resultado 71 apoyos a la AC.

Por el otro lado, el oficialismo saca cuentas y por el momento tiene 63 votos, aunque estos podrían ampliarse debido al anuncio del presidente de la DC y diputado, Alberto Undurraga que rechazará la acusación. “Yo creo que en el caso de la acusación que se está haciendo contra el ministro Ávila no se configura ninguna infracción a la Constitución de la República, por lo tanto, no tiene mérito la acusación constitucional”, comentó. 

De esta forma, y de momento, el panorama para el ministro Ávila es favorable. Pero todo se mantendrá en compás de espera hasta el miércoles a las 10 am, cuando se de inicio a la sesión que tiene programada la votación del libelo.