Francisco Huenchumilla, senador DC por La Araucanía, ingresó a la Cámara Alta un proyecto de reforma a la Constitución para que los pueblos indígenas participen en la administración y explotación del litio y otros minerales conocidos como “no concesibles”.

Se trata de una iniciativa que busca intercalar, en el Artículo 19 de la Constitución vigente, que delimita quiénes podrán explorar, explotar o beneficiarse de los yacimientos, la declaración “los que incluirán un grado de participación de los pueblos indígenas en su caso, en la propiedad y/o administración de dichos yacimientos”.

“Debemos generar, desde los distintos organismos del Estado, pero sobre todo desde el Poder Legislativo, los espacios para que nuestros pueblos indígenas, un vasto sector de la sociedad que ha estado tradicionalmente marginado de la actividad económica y en un país eminentemente minero como lo es Chile, puedan abrirse paso, haciendo sus enfoques y aportes, para continuar empujando el desarrollo de la minería en nuestro país”, argumentó el parlamentario.

Y agregó que, “además, la idea es que estos mismos grupos, que han sido aislados de esta estrategia de desarrollo y que, incluso, han sido afectados por los procesos extractivos, pasen de ser marginados a ser protagonistas, lideren procesos de explotación de minerales no concesibles, y puedan además usar esta actividad como un vehículo para su propio crecimiento y desarrollo”.

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Según lo que detalla el senador, la idea legislativa se plantea “en el contexto del despegue del litio, mineral del futuro, que según nuestra Constitución es un mineral no concesible. Ello significa que pueden ser explorados o explotados sólo por el Estado o sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o contratos especiales de operación, indica la Constitución”.

“A ello, ahora queremos agregar que en esas concesiones administrativas o contratos especiales se incorporen grados de participación indígena”, declaró Huenchumilla al tiempo que aseguró que “los pueblos indígenas tienen derechos ancestrales, reconocidos por el Derecho Internacional Público de los Pueblos Indígenas”.

Por último, recalcó que el proyecto de su autoría “no afecta el sistema general de concesiones de exploración o explotación que se obtiene por vía judicial, y al que se refiere el inciso 7°, del Art. 19 N° 24, de la Constitución Política”.

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