El 31 de mayo se cerró definitivamente la fundición Ventanas, luego de 60 años de generar fuentes laborales y también de aportar a la grave contaminación ambiental de la bahía de Quintero, siendo una de las empresas señaladas por los frecuentes casos de intoxicaciones masivas y el daño de los ecosistemas de la zona.

Este evento abre un complicado debate en torno al futuro de las denominadas “zonas de sacrificio ambiental” donde se han cerrado industrias, pero que aún no encuentra una política pública que realmente logre abordar dicha complejidad. 

“Los trabajadores de industrias tenemos enfermedades laborales pero vamos con la mentalidad cavernícola de que yo me enfermo pero mi familia va a estar mejor. Pero resulta que esto también envenena a nuestras familias. Entonces tenemos que hacer una transición, pero bien hecha, porque los trabajadores viven mes a mes y lógicamente tienen miedo de perder su sustento”, reflexiona Alejandro Ochoa, secretario de Medio Ambiente y Transición Justa de la CUT, y dirigente sindical de la refinería de Enap en Concón.

¿Existen oportunidades laborales para las personas en estas zonas, que no contaminen su propio territorio? ¿Qué actividades alternativas se pueden potenciar? ¿El destino de la bahía de Quintero es necesariamente industrial? ¿Quién decide? El concepto clave que entra a operar en esta conversación, es el de Transición Justa.

¿Transición Justa?

La Transición Justa busca englobar todas estas preguntas, y es un concepto cada vez más aplicado en la política pública: cuenta con una oficina especializada en el Ministerio de Medio Ambiente, y con un comité interministerial que está trabajando en zonas de sacrificio ambiental que atraviesan procesos de cierre de industrias.

Este enfoque busca, entre otras cosas, transformar las fuentes de empleo. Sobre todo, aquellas vinculadas a combustibles fósiles, También apunta a que el reemplazo por energías renovables se haga sin perpetuar las desigualdades del modelo actual, y mejorando el acceso a la energía de calidad para todas las personas. 

Pero además, implica preguntarse por el destino de los trabajadores de las industrias que cierran, por la remediación de los daños ambientales que quedaron, y por la decisión de una comunidad sobre el destino de su territorio. 

¿Qué va a pasar con las y los trabajadores?

La reconversión laboral es quizás la arista más abordada de la transición justa en Chile y apunta a hacerse cargo del futuro laboral de las y los trabajadores de las industrias contaminantes que se están cerrando. 

En el caso de la fundición Ventanas, según recuenta Alejandro Ochoa, algunos trabajadores optaron por retiro anticipado, algunos fueron trasladados a la refinería, y a otros se les ofreció un proceso de reconversión laboral para trabajar en energías renovables, aunque el sector exige menor cantidad de personal. “Los trabajadores subcontratados van a trabajar en el desmonte de la planta y ahí tienen trabajo para 4 o 5 años más, pero después no se sabe”,comenta el dirigente.

[caption id="attachment_847647" align="aligncenter" width="1024"] Foto: Agencia UNO[/caption]

Gloria Lillo es jefa de la oficina de Transición Socioecológica Justa del MMA, que trabajó durante un año para el proceso de cierre de la fundición Ventanas. Según explica, hay dos líneas en las que avanzar para la reconversión laboral. Una implica a los trabajadores de edad avanzada y más especializados, “para quienes la reconversión laboral será más limitada”. 

La otra tiene relación con “los trabajadores más jóvenes y también las juventudes de estos territorios, que se puedan preparar para desempeñarse en industrias más verdes, y no solo de energía sino de economía circular, u otras actividades como la pesca que ha tenido que retroceder por el avance de estas industrias”, agrega.

Para Gloria, uno de los pilares de la transición justa es la diversificación, para que la comunidad no dependa de una sola actividad sino de varias, lo que hace al territorio más resiliente.

¿Qué va a pasar con los pasivos ambientales?

“Para que una transición sea justa, las empresas en proceso de cierre o reconversión deben reparar los impactos  ambientales que han provocado. Los proyectos que pasaron por evaluación ambiental, consideran un plan de cierre con medidas para esto. Pero en Chile tenemos varios proyectos muy contaminantes que no fueron evaluados, por lo que no hay claridad de qué harán con sus pasivos ambientales al cerrar”, analiza Felipe Pino, coordinador de proyectos de la ONG FIMA.

[caption id="attachment_847648" align="aligncenter" width="1024"] Foto: Agencia UNO[/caption]

Según el abogado, las políticas de transición justa deben aportar a responder esa incertidumbre, identificar responsabilidades y exigir medidas adicionales cuando corresponda, Sin embargo las políticas existentes aún carecen de un enfoque claro de reparación ambiental. 

En el caso de la fundición Ventanas, la pregunta por la responsabilidad ambiental aún no tiene respuesta. “Ahora viene un proceso de desmantelar la planta, que tiene que ir aparejado de un plan de cierre, definir qué se va a hacer con las escorias (desechos metálicos) que están instaladas en un humedal, y que ese plan sea evaluado ambientalmente porque no es llegar y cerrar”, sostiene Gloria Lillo. 

Otra reparación que desde los trabajadores ven como una deuda, es la salud. “Quieren reconvertirlos a energías renovables, pero con las enfermedades de base que tienen, ¿quién los va a contratar? Yo vengo pidiendo hace años que se haga evaluaciones de salud a los trabajadores porque tienen enfermedades que se repiten y son consecuencia del trabajo que hacían, y así se tienen que pagar la salud de por vida cuando es una deuda también de la empresa”, reclama Ochoa.

¿Qué va a pasar con el territorio? 

Que Chile se convierta en uno de los principales productores de hidrógeno verde, desarrollando la industria en zonas de sacrificio para que “ciudades como Tocopilla, Mejillones, Quintero o Coronel puedan cerrar sus termoeléctricas sin perder fuentes de trabajo”, fue uno de los manifiestos de Gabriel Boric en su última cuenta pública.

[caption id="attachment_847649" align="alignnone" width="2560"] Foto: Camila Pérez.[/caption]

Y aunque transformarse en polos de energía renovable es una de las ideas más mencionadas para el futuro de zonas de sacrificio, hay un llamado a que sean las comunidades quienes decidan a qué se va a destinar cada territorio en el futuro.

“Acá están trabajando un proyecto de hidrógeno verde, una desaladora, pero yo siento que estamos saliendo de un extractivismo para entrar a otro. Si nos sentamos a pensar, claro que hay alternativas. Está el turismo, los pescadores, se puede potenciar más el tema pesquero, hacer un puerto pequeño. Se puede hacer, pero siempre y cuando haya mesas de trabajo con la comunidad, y no que nos vengan a imponer una idea de afuera”, manifiesta Ochoa.

Este proceso aún no es abordado por la política pública, pero según Gloria Lillo es el siguiente paso: El Ministerio de Economía está elaborando un plan piloto de reconversión de la economía para Quintero, Tocopilla y Coronel. Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente trabaja para fortalecer el Consejo de Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de Quintero. 

Este organismo con representación de empresas, trabajadores, sociedad civil y entes públicos se creó en el 2014 y trabajó para responder estas preguntas incluso antes de que se hablara de transición justa en la zona. “Vamos a fortalecer este organismo y comenzar un proceso en que confluya el esfuerzo de todos los ministerios para abrir esa conversación y que sea un espacio que permanezca en el tiempo y aborde los otros cierres que se vienen en la zona. Estamos viajando a Quintero para definir en las próximas semanas la forma de trabajar”, comenta Lillo.