En el marco del denominado caso Democracia Viva —que implicó tres convenios millonarios entre la fundación liderada por Daniel Andrade,  expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), y la Seremi de Vivienda—, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se reunió con el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar.

Según el titular de la cartera, le presentaron "tres archivadores con toda la información que tenemos" al persecutor. "A nosotros no nos corresponde determinar qué es o no irregular, le hemos entregado toda la información necesaria, la han tomado como un apoyo y quedamos con una línea directa para nuevas informaciones", remarcó.

Recordemos que los hechos que remecen a Revolución Democrática, colectividad oficialista que está siendo cuestionada por los convenios suscritos entre la fundación y la Seremi por $426 millones, provocaron la salida de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), a cuyo correo habría llegado un mail en mayo donde se advertían presuntas irregularidades. 

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Frente al escándalo, desde el gobierno comprometieron activar una agenda de probidad y transparencia, y el propio ministro Montes adelantó que se reunirán con un grupo de fundaciones para analizar posibles modificaciones al procedimiento para suscribir convenios entre fundaciones privadas y su cartera.

"Invitamos a 23 fundaciones para conversar con ellos sobre el rol que están cumpliendo, los vacíos que esto tiene, la necesidad de perfeccionar. Distintas instituciones tienen que cumplir distintos roles", precisó la autoridad.

Si bien Montes no se refirió a las modificaciones, señaló que tienen que ver con "vacíos e insuficiencias de los procedimientos y de las maneras de control". "El método que hoy día tenemos se ha ido construyendo en el tiempo, ha ido cambiando, tiene defectos grandes, nosotros tenemos una propuesta para modificarlo y la vamos a poner en discusión", agregó.

Compromiso del gobierno

Los coletazos del caso que complica a Revolución Democrática, pese a que desde la directiva de la colectividad presentaron una querella contra todos quienes resulten responsables, instó al gobierno a comprometer ante los partidos oficialistas una agenda de probidad y transparencia. 

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Fue en medio del Comité Político Ampliado en La Moneda, desarrollado la jornada de este martes, donde se discutió el tema: el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS) señaló que el Ejecutivo revisará y agilizará la tramitación de proyectos relativos a la probidad, según informó La Tercera.

Asimismo, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, confirmó que "el ministro Elizalde, que estaba presente, se comprometió a hacer una revisión de aquellos proyectos de ley que tienen que ver con transparencia y probidad para poder darles celeridad en el Congreso, así como otras medidas a implementar para que no haya ningún tipo de fisura en nuestra legislación o en las prácticas administrativas que permita que se cuele la corrupción".

Además, desde el gobierno detallaron que analizarán medidas administrativas al respecto, lo que va en la línea con lo anunciado anteriormente por el Presidente Gabriel Boric, quien fue categórico al señalar que "la justicia tendrá que señalar el camino y el gobierno se pone a disposición, ya sea para ser parte o para colaborar con lo que sea necesario para la investigación".

"Aquí no va a haber ningún tipo de defensa corporativa a nadie, los estándares que en el pasado tuvimos para juzgar y criticar a nuestros adversarios ante casos que estaban reñidos con fe pública tenemos que aplicarlos a nosotros mismos. Yo estoy indignado con la situación", recalcó el jefe de Estado.

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