En su cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció el fin de la tarifa invierno. Esta tarifa, llamada límite de invierno, es un cargo adicional que se cobra durante los meses de invierno a quienes superan cierto límite de consumo eléctrico.

El anuncio resultó sorpresivo en ciertos sectores, dado que desde el mismo gobierno se había argumentado que era regresivo eliminar la tarifa, porque quienes la pagan son quienes más electricidad consumen en invierno, que son los hogares de mayores ingresos.

Y aunque parezca un simple cambio de perspectiva, detrás del anuncio hubo un esfuerzo de visibilización que surgió desde quienes trabajan día a día con las personas que más dificultades tienen para satisfacer sus necesidades energéticas en el hogar.

Política pública regresiva

“El problema es que el gobierno estaba mirando este mecanismo desde quienes pueden pagarlo, que son los hogares más acomodados. Pero logramos que se viera desde quienes no pueden pagar. Este recargo, estaba haciendo que hogares de bajos ingresos optaran por otros combustibles para calefacción, o incluso por pasar frío, porque no les alcanzaba para pagar esta tarifa”, explica Javier Piedra, director de la ONG Energía para todos.

Junto a su ONG, Javier trabaja con los hogares donde tienen dificultad de acceso a la energía para cumplir necesidades básicas, y se dio cuenta que era a ellos a quienes más golpeaba esta tarifa.

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“Otro problema es que el consumo eléctrico de una familia está relacionado sobre todo a la cantidad de personas que viven detrás de un mismo medidor y eso también afecta a las comunas vulnerables, donde habitan más personas por vivienda”, explica.

Javier, que además estudió un magíster en políticas públicas, analizó cómo estaba funcionando este mecanismo y se dio cuenta de que la tarifa invierno no logra cumplir con su objetivo de reducir el consumo de electricidad en invierno. “Cada invierno consumimos más electricidad que el invierno anterior”, señala.

Materializar la idea

El debate por el límite de invierno comenzó en abril del 2022, cuando comenzó a regir denuevo esta tarifa, luego de dos años de suspensión decididos en el gobierno de Sebastián Piñera, a raíz del contexto de pandemia.

Ahí fue cuando Javier estudió la política e hizo su análisis. Ahora tenía que llevar las conclusiones a quienes podían tomar decisiones transformadoras. “Fue clave el apoyo de  la diputada Karol Cariola (PC). La conocía desde la universidad, y cuando le expliqué el tema se puso al hombro la idea y ella fue quien consiguió los apoyos políticos para hacer realidad esto”, explica.

Mientras Javier se dedicaba a escribir columnas para visibilizar la situación, Cariola presentó un proyecto de ley para quitar esta tarifa. “La presidenta de la comisión de minería y energía, Yovana Ahumada (PDG) incluso firmó el proyecto pero nunca lo puso en tabla”, reclama Piedra.

En el camino, se fueron sumando apoyos de la sociedad civil desde la Red de Pobreza Energética, y de la academia con el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2); centro de investigación que dirigió en su momento la ahora ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

También consiguieron el respaldo de la bancada de diputados del Partido Socialista, de la Asociación Chilena de Municipalidades, dirigida por Carolina Leitao, y del ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena.

El argumento climático

Aunque el principal incentivo para eliminar esta tarifa tiene que ver con la calidad de vida e ingresos de las personas, también hay un debate relacionado a la contaminación atmosférica y al cambio climático.

Piedra explica que el último informe del IPCC aconseja electrificar el uso de energía en el hogar como parte clave de la acción climática, siempre acompañado de la transición hacia energías renovables y la eficiencia en el uso de energía.

Electrificar la calefacción también es algo que se promueve en el país para disminuir la grave contaminación que genera la quema de leña, y que tiene efectos severos en la salud de las personas, incluso aumentando la mortalidad.

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Energía para todos

Javier Piedra es ingeniero mecánico especialista en energía térmica, y con compañeras y compañeros de la Universidad de Concepción, fundó la ONG Energía Para Todos, pensada en mejorar el acceso de las personas a la energía.

Actualmente, trabajan en proyectos para que las personas puedan adaptar sus viviendas para conservar la mayor cantidad de calor posible, invirtiendo la menor cantidad de dinero.

Este es otro gran problema que afecta a familias vulnerables del país, cuyas viviendas no están aisladas, por lo que deben consumir mucha más energía para llegar a temperaturas confortables dentro del hogar.