Este año la Ley de Pesca N° 20.657, promulgada el 31 de enero de 2013, cumplió 10 años de vigencia. En este periodo quedó demostrado judicialmente que los contenidos en ella fueron obtenidos bajo corrupción y cohecho de parlamentarios de la época, uno de los cuales (Jaime Orpis, senador de la UDI) se encuentra cumpliendo su condena en prisión.

Para los pescadores artesanales de Chile, esta ley consagró beneficios a la pesca industrial en desmedro de nuestro sector. Es así como el fraccionamiento establecido por ley le otorga un 70% de las cuotas de pesca al sector industrial, que opera aproximadamente 100 naves, mientras que solo se asignó un 30% a los más de 80.000 pescadores, registrados en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que operamos más de 12.000 naves en toda la costa de nuestro país.

El gobierno, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, ha liderado un proceso de escucha a los diferentes sectores que somos parte de esta actividad con el objeto de presentar un proyecto de ley que deje contentos a todos. Esto es imposible, y nosotros hemos sido claros que la nueva Ley de Pesca debe considerar un nuevo fraccionamiento que haga justicia con las miles de familias que viven del mar y que abastecen de alimentos sanos y nutritivos a las mesas de la población.

Si bien la ley confirmó las primeras cinco millas para la pesca artesanal, incorporó resquicios que igualmente favorecieron las empresas industriales. Veamos, por ejemplo, el caso de la sardina y anchoveta.

La sardina y anchoveta es una pesquería que se desarrolla en la costa y por ello no se explica por qué la ley le asignó cuotas a la industria pesquera cuando la misma ley reserva este espacio para la pesca artesanal.

En la zona centro sur, es decir desde la Región de Valparaíso a Los Lagos, la totalidad de la cuota industrial de sardina es “vendida” al sector artesanal para que la pesque y la entregue en las plantas industriales. Es por ello que en la nueva Ley de Pesca la sardina debe ser 100% artesanal.

En la zona norte, fueron más sutiles y dejaron abierta la posibilidad de las perforaciones. Esta práctica, que estuvo siendo utilizada por casi diez años hasta que fue declarada ilegal por la Corte Suprema, permitía por la vía de autorizaciones administrativas, emanadas desde la Subsecretaría de Pesca, que las naves industriales pescarán en zonas de reserva artesanal.

Nuestra organización, el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), tuvo su origen en la defensa de un mayor fraccionamiento para la pesca artesanal y seguiremos en la defensa de nuestro sector. Por ello le decimos al gobierno que un nuevo fraccionamiento no se transa.