La nueva Estrategia Nacional del Litio anunciada por el gobierno de Gabriel Boric es una propuesta que busca abordar de forma integral una problemática de alta complejidad, marcada históricamente por conflictos socioambientales, mineros, tributarios y políticos.
No obstante, la propuesta despierta inquietudes y paradojas que pueden conducir territorialmente a que el remedio sea peor que la enfermedad, puesto que deja la puerta abierta a la explotación de parte importante de las escasas cuencas hídricas que aún están vivas en el Norte Grande, como es el caso de los salares.
En las cuencas hídricas de los salares confluyen ríos, acuíferos, lagunas, vertientes y humedales del desierto y Puna de Atacama, en las que habita una rica biodiversidad que es hogar de comunidades indígenas atacameñas, quechua y aymaras, donde existen reservas y parques nacionales, cuyas aguas salinas contienen importante información biológica de la milenaria historia del planeta, y en que habita fauna microbiana con potenciales para la medicina, nutrición y otros beneficios que recién se están reconociendo.
Asimismo, los salares cobijan uno de los principales atractivos turísticos a nivel nacional, como es San Pedro de Atacama. No obstante, tanto en la política pública como en el imaginario centralista y en la ley, ha predominado históricamente una mirada de los salares como yacimientos mineros, lo cual ha estimulado su sobreexplotación y abandono.
Entre las paradojas que consideramos relevantes de abordar con mayor profundidad en un debate público para una política de litio y salares, identificamos los siguientes aspectos:
a) El objetivo central de la mencionada estrategia está dirigido primordialmente a “aumentar las riquezas del país” -como señala el documento oficial-, dejando entrever su trasfondo economicista que coloca en un segundo plano todas las aristas ambientales, sociales y patrimoniales, subordinadas a la generación de excedentes. Actualmente, las precarias condiciones socioecológicas en que se encuentran los ecosistemas de los salares ameritan el establecimiento de una política responsable al corto y mediano plazo que, al menos, coloque en igualdad de condiciones todas estas aristas para discutir una propuesta que detente un carácter sostenible. La creación de una Red de Salares Protegidos es valorable y necesaria, al igual que la intención de resguardar acuíferos y áreas silvestres. Sin embargo, es paradojal que se establezca una discriminación entre ecosistemas sacrificables y otros para protección (30%), lo que refleja una mirada fragmentada y reduccionista de los territorios. Los salares son cuencas complejas, cuya afectación de una parte impacta inevitablemente el funcionamiento de todo el ecosistema, por ello la reinyección de salmuera tampoco es solución y daña los equilibrios salinos que dan vida a la biodiversidad acuífera.
b) Buscar una redistribución justa de la riqueza y dotar de valor agregado a los derivados del litio ofrece mejores posibilidades de rentas para el Estado en las actuales explotaciones de litio que el ampliar la explotación a los 60 salares del país y poner en riesgo de ecocidio estos territorios.
c) Si bien es valorable la preocupación por abarcar dimensiones territoriales, comunitarias y socioambientales, sumando los compromisos de Estado que implican el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, que representan un positivo avance, también se propone incorporar estándares mineros internacionales para el relacionamiento con comunidades (IRMA, ICMM), mecanismos cuestionados por numerosas organizaciones socioambientales nacionales e internacionales que los sindican como ‘greenwashing’ para legitimar la minería bajo retóricas verdes, en territorios que las comunidades están sobre intervenidas y, muchas veces, mercantilizadas en sus relaciones comunidad-minería-estado, generando un preocupante daño etno-cultural en los tejidos sociales. Priorizar el Convenio 169 y Escazú permite importantes avances en estándares sociales y ambientales, siempre y cuando provengan de un diálogo previo y democrático con los territorios.
d) Aunque parece lógico dejar la propiedad minera del litio en manos de Codelco y EnamiI, en la práctica merma la posibilidad de miradas interdisciplinarias e intersectoriales -como las prometidas- bajo entidades con una marcada perspectiva economicista que permea la toma de decisiones. Más bien, ésta podría ser una oportunidad para una política intersectorial más amplia con los ministerios de Minería, Medio Ambiente y la propia CORFO, que actualmente detenta la propiedad minera de litio, no así su extracción, que está en manos privadas vía contratos de arrendamiento. Más aún, sabiendo que las mencionadas empresas estatales y la privada SQM son miradas con desconfianza en la ciudadanía regional por su amplio prontuario de impactos y conflictos socioambientales, además del historial de denuncias políticas, tributarias y antisindicales que pesan sobre la compañía de Ponce Lerou, hacen cuestionable la legitimidad social de esta triple alianza.
e) El buen anuncio de generar una modernización de los marcos institucionales y de las normativas que regulen a los entes fiscalizadores es una propuesta primordial, pero debe ser un requisito previo a la implementación de una estrategia nacional y no durante el proceso de exploración y explotación del recurso. Asimismo, queda pendiente revisar los marcos normativos sobre salares, ya que es difícil pensar en su protección mientras sigan siendo considerados como propiedad minera en el Código de Minería, cuando los salares son cuencas hídricas, humedales y ecosistemas altamente diversos. Es necesaria una reforma legal que considere a los salares, al menos, como sistemas híbridos en que, además, el agua de la salmuera sea también reconocida como un recurso o bien hídrico y no sólo como yacimiento. Es decir, es una minería de aguas que requiere un trato normativo distinto.
f) Poco se ha hablado sobre la durabilidad en el tiempo del “boom” del litio en Chile. Si antes el pronóstico era al año 2035, actualmente se estipula un plazo de 10 años para que se encuentren potenciales reemplazantes al llamado “oro blanco”. Es más, China acaba de anunciar la producción de baterías de ion-sodio con el lanzamiento del primer auto eléctrico propulsado por este mineral, hasta 20 veces más barato de producir que el litio y ampliamente disponible en el mundo, y que está por ahora enfocado en reemplazar al litio en baterías de electromovilidad. Un anuncio que demuestra la alta vulnerabilidad del mercado del litio y su cada vez más escaso margen temporal de rentabilidad, el cual podría disminuir aún más en vista de los vertiginosos avances tecnológicos de sus potenciales reemplazantes (hidrógeno verde, sodio, potasio, etc.) ya no al mediano, sino que al corto plazo. En este escenario es probable que, en caso de ampliar las explotaciones de litio, procesos que requieren de varios años para materializarse, se termine llegando muy tarde a una carrera que ya tiene una muerte anunciada, y que pone en prenda innecesaria nuevas zonas de sacrificio.
Entonces, vale la pena preguntarse: ¿es necesario explotar el 70% de los salares por una coyuntura tan efímera?
La clave al corto plazo parece apuntar a generar valor agregado de, al menos, el litio que adquiere el Estado a las empresas (25% de la producción a un precio preferente), en lugar de ampliar territorialmente la extracción, con una mayor inversión tecnológica y eficacia de extracción por parte de las empresas para producir un litio de mayor calidad. O bien exportar cátodos para baterías de autos eléctricos, cuyos productos puedan gozar de altos y reales estándares ambientales para la electromovilidad y el resguardo efectivo de los ecosistemas.
Los beneficios del litio para Chile no se encontrarán al seguir ampliando las zonas de sacrificio en los salares, sino en una política responsable a largo plazo con mayor valor agregado que proteja los territorios, que propicie un uso más eficiente de la salmuera junto a un plan de remediación socioambiental y la creación de cadenas de valor agregado que beneficien los ingresos públicos y a los territorios del norte.
Aún es tiempo de enmendar una política en la que tenga cabida real una participación desde un diálogo de saberes, que trascienda los intereses y paradojas de un frágil “boom” de corto plazo.
