Una denuncia con reserva de identidad, presentada en la Contraloría Regional de Santiago, destapó un escándalo de proporciones al interior del Hospital San Juan de Dios, por compras irregulares realizadas durante el periodo de crisis sanitaria que afectó al país durante la pandemia.

La información proporcionada buscaba generar un proceso de fiscalización respecto a la  eventual adquisición irregular de algunos insumos proporcionados por la empresa Tecmedent Limitada y el destino de algunos bienes adquiridos a la Constructora Amplitud Limitada, por parte del centro hospitalario.

El Informe Final de Investigación Especial Nº 973, entregado el 9 de marzo de este año, buscaba responder la inquietud del recurrente anónimo respecto a si los “bienes adquiridos fueron recibidos y distribuidos a las unidades clínicas y administrativas del hospital y si los montos pagados anticipadamente al proveedor se ajustan a la normativa”.

Tras más de un año de investigación el ente fiscalizador estableció que los actos de compra de productos a la empresa Tecmedent fueron realizados por trato directo, en un periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, visados por la hija del dueño de la empresa, Carolina García Orcaistegui, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la unidad de abastecimiento del recinto hospitalario.

[caption id="attachment_397983" align="aligncenter" width="1270"] Agencia Uno[/caption]

Según antecedentes extraídos del portal Mercado Público y registros proporcionados por el Subdirector Administrativo (S) del Hospital, la Contraloría determinó que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, se emitieron 20 órdenes de compra en favor de la empresa de Equipos Médicos y Dentales Tecmedent Ltda., propiedad de Pedro García Villagra, por un total de $1.015.926.400.

La investigación constató que el Hospital San Juan de Dios habría adquirido y recibido conforme 40.000 pecheras, prendas que presentaban defectos como falta de “un orificio para ajuste de dedo pulgar y amarra posterior”. Dicha situación habría derivado en la devolución de 36 mil unidades a bodega, “quedando un saldo de 4.000 unidades cuyo destino no fue acreditado”.

Respecto de las unidades devueltas a la bodega, Contraloría comprobó la existencia de 303 pecheras defectuosas, y “no las 36.000 que debían encontrarse”. Fue el mismo hospital el que confirmó que no tenía certeza “sobre la recepción de la totalidad de pecheras”.

Consultada sobre la materia, la Jefa del Centro de Responsabilidad de Abastecimiento del Hospital, informó a Contraloría mediante correo electrónico en octubre de 2022, que no existían “antecedentes que permitan rastrear la recepción de tales productos ni su distribución a las dependencias del recinto asistencial”.

El ente fiscalizador no sólo comprobó que las pecheras no se encontraban en la bodega sino que el valor pagado, comparado con los precios unitarios de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Cenabast, tenían un sobreprecio de 3.115%. O sea, un producto que en esta última costaba 135 pesos, fue vendido al hospital por 4.320 la unidad.

Es por esta razón que Contraloría ordenó, en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del informe (hoy se cumple el plazo), “efectuar las acciones tendientes a recuperar la suma de $ 206.584.000, correspondiente a las 40 mil pecheras adquiridas, aún cuando no eran aptas para su uso”.

En atención a estos antecedentes, el Hospital instruyó un sumario administrativo ante un eventual conflicto de interés y enriquecimiento ilícito, que terminó en la destitución de Carolina García Orcaistegui y otros dos funcionarios.

Consultado al respecto, el centro hospitalario aclaró a El Desconcierto que también existe una investigación en curso en la Brigada de Delitos Económicos y en la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Respecto a la restitución de dinero solicitada por Contraloría, el Hospital señaló que “si dicha investigación arroja en su resultado algún perjuicio fiscal, será el Consejo de Defensa del Estado quien deberá representar al Fisco para la recuperación de los dineros”.