Luego de que la Contraloría General de la República (CGR), objetara la compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, la administración de la alcaldesa Irací Hassler (PC) suma cuestionamientos. Ahora desde la inmobiliaria detrás del recinto de salud, que respondió a la decisión de la jefa comunal de dejar sin efecto la adquisición de las instalaciones, de acuerdo a lo que detalla un artículo de La Tercera.

Específicamente, esta anunció acciones legales contra la Municipalidad para que la compraventa se materialice.

A través de un comunicado, Inmobiliaria San Valentino se refirió al contexto en que se hizo de la propiedad a un valor muy menor al que posteriormente acordaron con la municipalidad, recalcando que la gestión se hizo en medio de un “apuro económico”, que se sumó a “la discusión que se llevaba a cabo en el proceso constituyente, que tenía como uno de los puntos más polémicos el fin del lucro en la salud”.

Esto, agrega la empresa, generó un “contexto específico que nos permitió adquirir la propiedad bajo condiciones de precio y valoración excepcionales”.

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"Entendemos que genera evidente polémica, pero esta responde a razones comerciales y de mercados marcadas por los distintos contextos de cada operación, detallaron

"Rechazamos tajantemente lo que se ha expuesto respecto a que nosotros habíamos ofrecido la clínica públicamente por un valor mucho menor", asegura San valentino.

Adicionalmente, desde la administración de la inmobiliaria insistieron en recalcar que no hubo contacto previo con el municipio, aclarando que fue este el que se acercó a la empresa con la que, aseguran, los primeros contactos se produjeron entre los últimos días de septiembre y a comienzos de octubre, a través de Claudia Ortega, una funcionaria del Cesfam Padre Orellana, quien comentó que la municipalidad estaba tras la búsqueda de infraestructura de salud. Con ella, además, se habrían coordinado visitas de las autoridades municipales.

"Sólo hubo un encuentro de negociación"

Posteriormente, aluden de manera específica a una visita del 5 de diciembre, cuando Hassler se constituyó en el lugar con un grupo de alrededor de 15 personas, lo que su equipo de comunicaciones hizo público a través de un registro en redes sociales, "mostrando el establecimiento y un gran entusiasmo por concretar esta compra por parte del municipio, en circunstancias que aún no recibía sus tasaciones ni se tenía mayor claridad de si podría o no concretar o no la operación".

De hecho, desde la administración de San Valentín se refieren a esta situación como "un primer paso irresponsable de la alcaldesa", argumentando que "antes de conocer sus tasaciones o valoraciones, o si disponía del presupuesto para ello, comenzó a generar expectativas de los vecinos y funcionarios, por el pronto traslado del Cesfam Padre Orellana".

"De todos modos, desde el inicio nos abrimos a la posibilidad de venta únicamente porque este podría ser negociado, no como un terreno o inmueble, sino que como un edificio médico como activo de salud con sus derechos, de lo contrario nunca habríamos explorado esa opción", asegura el comunicado.

Sólo hubo un encuentro de negociación, que se circunscribió a una reunión presencial que se materializó el 20 de diciembre, donde fueron citados por Hassler, detalla la inmobiliaria. "Ella personalmente llevó esta negociación", asegura San Valentino.

Respecto de los términos de la negociación, San Valentino detalla que la alcaldesa ofreció un precio un poco menor al que se acordó finalmente, valor que no fue aceptado. Entonces, subió la apuesta a 234.124 UF, precio que finalmente se convino.

"Miente al país al negar que el abogado Pablo Casanueva tenía mandato por parte de la municipalidad", declara la empresa al tiempo que sincera  sentirse decepcionada y perjudicada por lo que atribuyen a una serie de incumplimientos, irresponsabilidades, y falta de claridad mínima de la autoridad municipal y sus equipos, “la que a estas alturas raya en la total inexperiencia, y por qué no decir en la mala fe de la compradora, pues pretende desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte".

Finalmente, la empresa anuncia "acciones judiciales destinadas a perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa, protegiendo nuestros legítimos intereses como vendedores".

"Los negocios comprometen de manera seria y de buena fe a las partes, debiendo respetarse los actos suscritos, la palabra empeñada y las obligaciones correlativas contraídas. Es lo mínimo que se podría esperar especialmente por tratarse de un acto en el que se involucra una institución pública", asegura San Valentino.

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