La tarde del 4 de abril en Nueva York, su ciudad natal, el ex presidente Donald J. Trump se vio por fin enfrentado a su peor pesadilla: ser tratado por la ley igual que otros ciudadanos.

Bueno, casi igual. Aunque el procesamiento de Trump se llevó a cabo sin esposas ni foto de perfil, el suceso quedará en la historia: técnicamente había sido arrestado, el primer presidente estadounidense en esa condición en 245 años de vida republicana. Lamentablemente para este ex intocable, lo peor parece estar por venir.

Por más que en las semanas previas a su inminente detención Trump haya estado pretendiendo que su procesamiento era lo mejor que podía pasarle, la ocasión no puede haber sido sino una tragedia para un personaje forjado sobre el mito de estar siempre en control.

En esta ocasión, su rostro lo delataba, como aquella vez en Helsinki, luego de su fatídico cara a cara con Vladimir Putin. Pocos le creyeron entonces y aún menos le creyeron ahora. Salvo tal vez por alguna persona indigente ¿quién calcula que le es más conveniente ser arrestado? Y si así lo fuera ¿por qué gastar indiscriminadas cantidades de dinero en un ejército de abogados para tratar de evitarlo?

Se sabe que el rigor y la consistencia no son el fuerte de Trump, menos encontrándose en circunstancias tan ajenas.

Lo único concreto son los 32 cargos por delitos graves que el fiscal del distrito del sur de Manhattan, Alvin Bragg, presentó en su contra ese día. Y como si el solo arresto no hubiera sido humillación suficiente, los cargos tampoco acompañan.

Caso Stormy

Estos derivan de los U$130,000 que Trump tuvo que pagarle a la actriz porno Stormy Daniels para mantener en secreto un affaire entre ambos, solo un par de meses después del nacimiento de su hijo con su tercera esposa, Melania.

Aunque el affaire que Trump continúa negando habría ocurrido en el 2006, la historia solo cobró relevancia en el 2016, después de que el ex protagonista de “reality” se convirtiera en el candidato a la presidencia de EE.UU. por el Partido Republicano, el “partido de los valores familiares”. Ahora la historia de Stormy tenía otro precio. 

En tiempos normales, antes de la presidencia de Trump, engañar a la madre de un hijo recién nacido con una actriz porno habría puesto fin a cualquier aspiración pública, particularmente la del abanderado de una coalición que incluye al cristianismo fundamentalista evangélico, una secta reaccionaria y racista capaz de movilizar grandes cantidades de gente y de dinero.

En una apretadísima campaña en contra de una competente y favorita Hillary Clinton, Trump no podía darse el lujo de perder un solo voto, menos los de un segmento vital para sus opciones de victoria.

Para Trump, el adolescente ricachón y tramposo, la solución era clara, especialmente dado el momento electoral que para colmo lo enfrentaba a una mujer: suprimir la historia de la amante porno antes de las elecciones, cueste lo que cueste.

Como los estadounidenses han aprendido en los últimos siete años, cada vez que se descubre algo terrible sobre Trump, es casi seguro que la historia completa es mucho peor. Como ya se sabía y como el fiscal Bragg señala en su acusación, Stormy no era la única amante a la que se le debió pagar para callar.

Una situación muy similar involucró a una segunda mujer durante el mismo periodo, la ex playmate de Playboy Karen McDougal: su silencio costó otros U$150,000.

A pesar de lo moralmente corrupto de las transacciones, estas no son necesariamente ilegales. En el caso Stormy, lo ilegal fue que Trump, en su más propio estilo, hubiera decidido sacar el dinero del pago no de su bolsillo, sino que de las contribuciones políticas que continúan haciendo sus seguidores. El pago fue luego reportado como “gastos legales” de la campaña.

Factor Cohen

La ejecución del plan estuvo a cargo del entonces abogado y fiel operador de Trump, Michael Cohen. Su participación dejó a Trump fuera del asunto y legitimó la pantalla de los gastos legales. Cohen le pagó a Stormy de su dinero y Trump se lo devolvió a Cohen en forma de compensación por servicios rendidos.

Como él mismo ha descrito luego de su quiebre con Trump, más que abogado Cohen era un matón de cuello y corbata a las órdenes de Trump. Su tarea principal era intimidar legalmente a cualquiera que osara cobrar una deuda o, como en este caso, exponer a su jefe al ridículo, menos en un momento tan inoportuno.

No era la primera vez que efectuaban una maniobra de este tipo, pero en esta ocasión, con el nivel de escrutinio al que la campaña presidencial los expuso, la faramalla no resultó.

A pesar de haber montado compañías de papel para triangular pagos, la conexión entre Cohen y Trump no logró pasar desapercibida por algún busca pistas y la historia de las amantes saltó a la luz pública a pesar de los contratos de silencio.

Como suele ocurrir en la órbita Trump, Cohen terminó pagando los platos rotos, perdiendo su licencia de abogado y siendo condenado a tres años de cárcel por conspirar en un fraude.

Mientras tanto, el que figuraba como el “co-conspirador #1” de Cohen en el fraude, el beneficiario de sus diligencias, el que tuvo el affaire y puso el dinero para taparlo, nunca sufrió consecuencias. Hasta ahora.

El caso Stormy es la primera investigación que resulta en un juicio en contra de Trump, pero no es la única, ni la más grave y puede que ni siquiera la más salaz y misógina.

Difamación

Se espera que a finales de abril comience el juicio por difamación en contra de Trump presentado por E. Jean Carrol, una periodista que lo acusa de haberla violado en la década de los ‘90. Paralelamente, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, lo investiga por fraude fiscal.

En un caso asociado, su firma, Trump Organization, fue hallada culpable de 17 delitos en diciembre y su leal contador de toda la vida, Allen Weisselberg, cumple condena de cárcel a pesar de haber colaborado parcialmente con la investigación.

Sin embargo, son otras dos las investigaciones que más preocupan al entorno del ex Presidente. Una es la que se lleva a cabo en el estado de Georgia en contra de Trump por presionar a las autoridades locales, todas republicanas, para que cometieran fraude electoral.

“Necesito que me encuentren 11.780 votos”, les dijo en una llamada desde la Casa Blanca el entonces presidente Trump, un voto más de los que necesitaba para dar vuelta los resultados de un estado que había perdido.

Si bien todas estas investigaciones son serias, las que lleva adelante el Departamento de Justicia por delitos federales son las más graves.

Los posibles delitos investigados por Jack Smith, un fiscal especial designado para los casos relacionados con Trump, incluyen el intento de insurrección del 6 de enero del 2021 para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden, intento de subvertir el resultado de las elecciones de varios estados ese mismo año para impedir la certificación de Biden, el acaparamiento y mal manejo de documentos secretos en su club de Florida, posible fraude por apropiación y mal uso de donaciones políticas, encubrimiento de todos estos delitos y por lo que se ha escuchado en los últimos días, posiblemente espionaje.

De llegar a juicio cualquiera de estas investigaciones, las posibilidades de que Trump tenga que ir por fin a la cárcel aumentarían significativamente.

El Departamento de Justicia suele presentar cargos sólo después de que ha obtenido la evidencia necesaria para probar su caso, más aún tratándose de Trump, ex presidente e incapaz de decir la verdad o actuar honorablemente.

Una nueva saga recién comienza. A pesar de su enorme prontuario, Trump aún comanda el liderazgo indiscutido de la mitad del sistema político norteamericano y de no estar preso, es probable nuevamente sea el candidato republicano en las presidenciales del 2024, en contra de Biden o de otro demócrata.

Por ahora, en EE.UU. respiran un poco más tranquilos. La mofa que Trump ha hecho de la justicia durante toda su vida hacía necesaria una respuesta. Una democracia en donde los mismos de siempre están siempre por encima de la ley no puede vivir eternamente.