En las últimas semanas, la discusión por seguridad pública se ha tomado la agenda del Congreso, por lo que la ley corta de salud, presentada el 6 de marzo, que incluye una nueva modalidad de atención y fortalecimiento del Fonasa, al parecer dejó de ser una prioridad para los legisladores, a pesar de su real urgencia. En el actual sistema, estatificado y segmentado de salud, los problemas son transversales ya sea si el asegurado es perteneciente al Fonasa o las isapres.

Entre enero de 2022 e igual mes de 2023 migraron desde los seguros privados al Fondo Nacional de Salud cerca de 300 mil personas, lo que representa un evidente desafío para la cobertura del seguro público. El gasto de bolsillo alcanzó un 29,4% del gasto total en salud en 2020, mientras que las listas de espera aumentaron tras la pandemia a 62 mil personas en las prestaciones GES y 1 millón 900 personas en la No GES aproximadamente, a marzo del 2022.

Más aún, el fallo de la Corte Suprema, que obliga a las isapres a realizar una devolución de dinero a sus beneficiarios por cálculos de factores de riesgo distintos a los establecidos en 2019 por la Superintendencia de Salud, pudiendo traer como consecuencias la eventual quiebra de alguna de ellas, producto de los millonarios desembolsos que deberán realizar y mayores tensiones al sistema por lo acelerado de la transición de afiliados al asegurador público.

En este escenario de incertezas, se propone una  Modalidad Cobertura Adicional (MCA) en la libre elección del Fonasa, con una prima de 29.388 adicional por beneficiario, generando inmediatas dudas respecto por ejemplo a: ¿qué prestaciones con código isapre serán cubiertas con esta prima y en qué porcentaje?; ¿qué fármacos se incluirán, dada la relevancia en el gasto de bolsillo?; ¿a cuantos beneficiarios se espera llegar con esta modalidad para que sea atractiva para los seguros complementarios?; ¿qué administradoras de seguros complementarios estarán dispuestos a participar del mercado con dicha prima?; ¿qué prestadores de salud privados se presentaran a la licitación del convenio MCA?; ¿cómo afectará la demanda por servicios de salud en el grupo de prestadores en convenio MCA?; entre otras peguntas.

Claramente, la solución planteada a las fallas del modelo va en la misma lógica actual de mercado –establecer un seguro complementario– más que profundizar en una solución sistémica. Esto legitima el surgimiento de miles de preguntas ante la falta de información y la postergación de la discusión pública de una reforma de tanto interés para todos los chilenos.