Esta tarde, la Comisión Experta constitucional discutirá el articulado propuesto para el capítulo 13 del borrador, referente a Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo.

La redacción inicial propuesta para este capítulo fue duramente criticada, tanto por académicos, como autoridades y sociedad civil, calificándola como una propuesta “débil” e “inadecuada para los tiempos”. Expertas y expertos de la comisión afirmaron que van a presentar modificaciones e intentar profundizar en la redacción durante la discusión de esta semana.

Ante el descontento por la propuesta presentada, especialistas en derecho ambiental de la Universidad de Chile, la Diego Portales, y la Universidad de Concepción, dieron a conocer redacciones alternativas para el articulado.

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Universidad de Chile

Académicos y académicas a la cabeza del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile elaboraron y difundieron una redacción alternativa al capítulo, donde se establecen derechos, deberes y principios específicos, además de abordar la relación entre medio ambiente y modelo de desarrollo.

La redacción establece el derecho humano al agua y al saneamiento, y los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental consagrados en el Acuerdo de Escazú. También declara deberes del Estado de identificar las amenazas del cambio climático y proteger la biodiversidad y los ecosistemas, y de que quien dañe el medio ambiente deba restaurarlo, además de atenerse a las sanciones civiles y administrativas.

Por último propone crear una Defensoría Ambiental que represente los casos sobre degradación ambiental en la justicia, y una Agencia Nacional del Agua que unifique la información y los esfuerzos del Estado en ese sentido.

UDP y Concepción

Dos abogadas de la Universidad Diego Portales (UDP) y de la Universidad de Concepción, también elaboraron una propuesta luego de comparar la redacción de las constituciones de otros países como Francia, Costa Rica, Noruega y Colombia.

En su propuesta también se establece el derecho humano al agua y al saneamiento, así como los derechos de acceso del acuerdo de Escazú. También propone consagrar un deber de la ciudadanía de proteger el medio ambiente, como sucede en las constituciones de Francia y Portugal.

En el estudio comparado, las académicas encontraron que la de Chile es de las únicas constituciones en que se establece propiedad sobre el aprovechamiento de agua y la concesión minera, y recomiendan eliminar esto además de establecer el rol ecológico que tiene el derecho de propiedad privada.

Las académicas proponen que la Constitución reconozca la relación indisoluble entre los seres humanos y la naturaleza, así como la riqueza de biodiversidad presente en Chile y la protección especial que debe tener.

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