En el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero es relevante sensibilizar a la población sobre las graves discriminaciones que sufren aquellas personas en base a su identidad de género, y encaminarnos como sociedad hacia una mayor protección e igualdad en el ejercicio de los derechos.

Pese a las medidas legislativas adoptadas por el Estado, aún se torna complejo hablar de una efectiva visibilización de las identidades en nuestro país.

Si nos remontamos a hace algunos años, no existía una regulación adecuada para modificar los registros y documentos de identidad que eran incongruentes con la identidad de género autopercibida de las personas. Esto fue modificado con la Ley 21.120, que vino a reconocer y proteger el derecho a la identidad de género. Dicha norma, que entró en vigencia en el año 2019, reconoce expresamente este derecho, vinculado con la rectificación del sexo y el nombre registral, cuando la partida de nacimiento de una persona no corresponde o no es congruente con su identidad de género.

Si bien esta ley es un gran avance, aún se identifican algunas falencias que perpetúan las diferencias y la invisibilización.

Por una parte, la ley contiene un concepto restringido de identidad de género, dejando fuera a quienes no se identifican dentro del sistema binario sexo/género y, por otro lado, no aborda la niñez trans (personas menores de 14 años), desconociendo que también son titulares de todos los derechos humanos, desde las primeras etapas de sus vidas.

Por otra parte, específicamente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, la ley vigente invisibiliza a las personas trans al hacer mención sólo a “mujeres”. Esta situación intentó ser revertida en 2021, cuando fue ingresado un proyecto de ley que busca hacer aplicables las normas sobre despenalización del aborto a toda persona con capacidad de gestar. Sin embargo, su tramitación se encuentra detenida desde septiembre de dicho año.

Lo anterior no es menor si se considera que aún existen grupos conservadores en nuestro país que buscan hacer de las leyes herramientas para restringir el ejercicio de los derechos humanos, impidiendo que nuestras normas plasmen y visibilicen a grupos que han vivenciado discriminaciones históricas y estructurales.

Así lo vimos, por ejemplo, en la última discusión que se dio en el proyecto de ley que busca modificar el Código Sanitario en relación a anticonceptivos defectuosos, que fue objeto de indicaciones por un diputado del Partido Republicano, para suprimir la expresión “persona gestante” en el actual proyecto.

No podemos olvidar que la identidad de género es una categoría protegida por el principio de igualdad y no discriminación, conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

Por ello, es deber del Estado chileno dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que voluntariamente ha adquirido, adoptando todas las medidas legislativas que sean necesarias para que se individualice adecuadamente a las personas de acuerdo a su identidad de género autopercibida, y se garantice el ejercicio libre y pleno de sus derechos en las diferentes esferas de sus vidas.