Un apoyo transversal en la Cámara de Diputadas y Diputados tuvo el proyecto de Ley denominado “Naín-Retamal”, el cual fue aprobado por 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones.

Entre las medidas que contempla la reforma al código penal, se establece el principio de “legítima defensa privilegiada” para las policías, es decir, que funcionarios de Carabineros y PDI al hacer uso de su arma de servicio no pasarán a estar en calidad de imputados —como lo determina la actual legislación— y el eventual afectado por la acción policial deberá comprobar que hubo una mala práctica del funcionario.

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó sus reparos al proyecto, aunque valoró el respaldo “transversal” del estatuto que brindará “mayor seguridad a las policías”.

Además, destacó que el proyecto no solo protegerá a Carabineros y PDI, sino que dará mejores herramientas a “los organismos que están encargados de controlar a las policías y que vigilan que los procedimientos se hagan en el marco de la ley”.

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Sobre los polémicos artículos que establecen la “legítima defensa privilegiada”, la secretaria de Estado afirmó que es necesario “perfeccionar” la redacción de estos en el Senado.

“En el Senado es muy importante perfeccionar este proyecto, especialmente porque en el aspecto donde más podemos avanzar (…) Es que desde el punto de vista disciplinar y procesal, cuando un policía haga uso de sus armas, no tenga de manera automática consecuencias que son lesivas para sus carreras”, señaló Tohá.

Previamente, en la sesión de la Cámara, Tohá manifestó sus reparos con la legislación de manera detallada, haciendo hincapié en la “amplitud” de las situaciones que pueden generar el uso de armas por parte de Carabineros, lo que no contempla la ley que pasará a ser tramitada en el Senado.

“Tiene una amplitud y produce situaciones que pueden ser complejas, eso significa que cualquier persona lesionada por un policía tiene una presunción legal en su contra. Esa persona puede ser un delincuente avezado que tiene abogado, y no les falta, pero puede ser un ciudadano frágil ante el Estado, porque detrás de un policía tiene que estar el Estado”, manifestó la ministra.

En esa línea, la ministra afirmó que la redacción debe ser sumamente precisa para evitar que Chile se transforme en uno de los “países que se valida el gatillo fácil”.

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