Tras las intoxicaciones masivas que sufrieron niños, niñas y adultos de Quintero y Puchuncaví en el 2018, la Corte Suprema emitió una sentencia histórica que acusaba la negligencia del Estado y obligaba a tomar acciones concretas a diversos organismos públicos para que no se repitieran estos eventos. 

Pronto se cumplirán cuatro años de esta sentencia, y representantes legales de las comunidades acusan que muchas de las medidas aún no se han cumplido. Mientras tanto, en la bahía de Quintero se sufre un nuevo episodio de intoxicación.

Por el incumplimiento del fallo, la clínica de justicia ambiental de la Universidad Diego Portales (UDP), presentó un Recurso de Queja que está siendo analizado por la Corte Suprema. Organizaciones que han representado legalmente a la comunidad, como FIMA y Defensoría Ambiental, adhirieron al recurso.

“Es fundamental que la Corte Suprema se pronuncie sobre la importancia del cumplimiento de este fallo, porque no sacamos nada con tener sentencias tan claras y contundentes, como la del 2019, si no podemos hacerlas cumplir”, declara Alejandra Donoso, Directora Ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental.

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Intoxicaciones constantes

Mientras tanto, en la bahía de Quintero se siguen sucediendo con frecuencia episodios de alerta con intoxicaciones. El pasado jueves 23 de marzo, 26 niñas, niños y docentes de una escuela local resultaron intoxicados luego de que se decretara alerta ambiental en la zona por los niveles de azufre en el aire.

No se trata de una situación aislada, considerando que sólo en el 2022 se identificaron más de 600 personas intoxicadas en la zona y las declaraciones de alerta ambiental también son una situación constante. 

Entre las medidas ordenadas por la Corte Suprema en su fallo del 2018, se solicitaba al Estado tomar acciones para medir e identificar todos los gases contaminantes que causen intoxicaciones, y ordenar a las empresas reducir la emisión de dichos gases a límites establecidos por la autoridad. Todo esto en el plazo máximo de un año desde dictada la sentencia.

“Alegamos frente a la Corte Suprema por el incumplimiento de parte del Estado del fallo que en 2019 ordenó medidas concretas para evitar nuevas intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví. Lamentablemente, si bien el Estado ha realizado acciones en la zona no ha cumplido con aquellas que la Corte le ordenó. De modo tal que aún al día de hoy no se conocen los gases que producen estas emergencias de manera reiterada”, explica Ezio Costa de la ONG FIMA.

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