El último martes, justo antes de que se votara en la Cámara de Diputados de Chile la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la ministra de medio ambiente, Maisa Rojas, dio una declaración contundente. ​“Es muy importante asegurarnos que en todas nuestras áreas protegidas se permita la protección y eso no es compatible con [las] industrias productivas”, señaló y fue aún más específica sobre la actividad económica a la que se refería. “Quisiera decirlo expresamente que esto significa no tener salmones en áreas protegidas”.

Lo que vino después fue la votación de los diputados en favor de la creación del SBAP, lo que implica un avance importante de este proyecto de ley que lleva casi nueve años siendo tramitado en el Congreso y que busca proteger y conservar la biodiversidad terrestre y marítima del país. Sin embargo, y pese al mensaje de la ministra Rojas, la norma recién aprobada incluye un artículo que permitiría otorgar concesiones sectoriales —de minería, salmonicultura o energía— al interior de ciertas áreas protegidas. Además, dejaría sin reconocimiento a 334 sitios prioritarios para la conservación que, en total, suman 14 millones de hectáreas.

Estos artículos controversiales serán discutidos en un tercer trámite constitucional cuando el proyecto de ley pasé, en marzo, a ser revisado en el Senado.

Con todo, María Isabel Manzur, miembro de la fundación Chile Sustentable y quien ha seguido de cerca la tramitación de la ley desde sus inicios, asegura que es positivo que el proyecto haya finalmente avanzado. “Es un alivio y tengo la sensación de que lo hemos sacado de una telaraña”, dijo, y confía en que la siguiente etapa puedan ser rechazados los artículos que ponen en riesgo la conservación efectiva de los ecosistemas más representativos del país.

Mongabay Latam conversó con Manzur, bióloga y doctora en zoología, experta en biodiversidad, organismos transgénicos, recursos genéticos y agricultura sustentable, para entender cuáles son los intereses que han frenado durante tanto tiempo el avance del proyecto y las implicancias de lo que se aprobó el pasado martes en la cámara de diputados.

María Isabel Manzur

—¿Por qué se incluyó —dentro de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)— un artículo que permitiría el desarrollo de actividades industriales en áreas protegidas?

—En 2014 el proyecto de ley entró al Senado y la versión que salió de ahí indica, en el artículo 79, que en las áreas protegidas se podrán otorgar concesiones destinadas a actividades de educación, investigación científica y turismo sustentable. Eso está muy bien. Pero también se aprobó en esa versión que las concesiones destinadas a fines distintos a los establecidos en el artículo 79 se regirán por sus leyes respectivas, es decir, se abrió la puerta a que pudieran haber concesiones de minería, salmonicultura, etcétera, al interior de las áreas protegidas.

Cuando el proyecto de ley pasó a la Cámara de diputados, la Comisión de Medio Ambiente modificó lo que había establecido el Senado. Dijo que no se permitiría ningún otro tipo de concesión excepto para conectividad, usos sustentables y servicios básicos de comunidades locales indígenas. Pero luego el proyecto pasó a la Comisión de Agricultura y ahí fue el problema, porque algunos artículos que ganamos en medio ambiente se perdieron, puesto que agricultura aprobó otro artículo que vuelve a la versión del senado.

Ahora que el proyecto se aprobó en sala, ese artículo de la comisión de agricultura se mantuvo.

—¿Cuál es el siguiente paso?

—Ahora el proyecto pasa al Senado porque es la cámara de origen y es muy probable que se cree una comisión mixta, de diputados y senadores, para que revise los artículos en los que no hay acuerdo y donde hay incoherencias.

Parque Nacional Laguna San Rafael. Foto: Fundación Glaciares Chilenos

—¿Cuáles son esas incoherencias?

—En sala se aprobó que las concesiones se permiten de acuerdo a sus leyes sectoriales, pero también se aprobó un artículo que dice que la única excepción para autorizar concesiones sectoriales fuera de turismo, ciencia y educación, es para usos sustentables de comunidades locales indígenas. Entonces, eso quedó incoherente porque se contradice.

Por otro lado, hace 20 años atrás se crearon 334 sitios prioritarios que son sitios de importancia de biodiversidad para cada región del país y que están a la espera de que si se crea una nueva área protegida, puedan ser priorizados. La versión de [la Comisión de] Medio Ambiente de la cámara reconocía esos sitios en el SBAP, pero agricultura nos jugó la pasada y dijo que no van a ser reconocidos, sino que van a tener que entrar uno a uno para ser reconocidos en el nuevo sistema.

Los diputados, en sala, aprobaron esa modificación de agricultura que no es menor porque son 14 millones de hectáreas. Por eso causa tanto escozor. Sin embargo, también aprobaron que sí van a ser considerados los sitios prioritarios. Entonces esos dos puntos quedaron incoherentes, por eso el texto tiene que pasar a comisión mixta, no puede quedar así.

—¿Por qué pasó eso?

Yo creo que los diputados se confundieron mucho y votaron estas cosas.

—¿Esas incongruencias dejan entrever que las personas que toman las decisiones en el país no entienden lo que votan?

—Obviamente. Por eso nosotros nos preocupamos de enviarles minutas de votación a los diputados. Algunos las leyeron, pero ellos en general no estudian y estos proyectos tan complejos, que requieren una expertise técnica, no son fáciles.

Selva valdiviana o bosque lluvioso en Chile.

—La Ministra de Medio Ambiente dijo que la salmonicultura no debía estar dentro de áreas protegidas. ¿El mensaje no tuvo la recepción esperada? 

—Ella fue muy valiente al decir eso. El mensaje que ella quiso transmitir a los diputados era que aprueben los artículos que estaban prohibiendo esas concesiones. El mensaje fue tomado por algunos y por otros no, por eso tuvimos estas incoherencias, que por un lado se abre la puerta a actividades industriales de acuerdo a sus leyes respectivas y por otro se vota que solamente habrá concesiones sectoriales para actividades de uso sustentable de comunidades locales e indígenas.

—¿Qué expectativas hay de lo que pueda pasar en la comisión mixta?

—Tenemos que jugárnosla para que los senadores y los diputados puedan desestimar el tema de las concesiones. En la sala es más difícil porque son 155 personas que tienes que convencer, pero en comisión mixta tenemos 10 o 12.

Lo más probable es que vayan a la Comisión Mixta los diputados y senadores que están a favor del SBAP. Entonces esperemos que sea una comisión favorable y que haga la diferencia.

—¿Cuáles son las presiones que jugaron en favor de que se votara el proyecto de esa manera?

—Hubo un lobby muy fuerte por parte de las salmoneras que tienen muchas concesiones dentro de las reservas nacionales. Eso se permite por ley, pero este proyecto de ley, si ganamos los artículos pertinentes, cerraría la puerta a que eso continúe.

En un estudio de 2011 examiné las actividades que se hacían dentro de áreas protegidas y concluimos que, en ese tiempo, un 42 % de las áreas protegidas tenían actividades industriales en su interior. Eso es muy grave.

El otro tema que presionó mucho fue la oposición del rubro forestal y de los sindicatos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf, encargada actualmente de administrar las áreas protegidas terrestres). Eso fue brutal, un lobby violento de los sindicatos.

Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. Foto: Augusto Domínguez.

—¿Cuáles eran sus razones?

—Sobre todo el sindicato de profesionales de CONAF, que no es el de guardaparques, temía quedarse sin trabajo. Cuando se cree el SBAP todas las áreas protegidas terrestres que administra CONAF pasarán al Ministerio del Medio Ambiente, junto con los guardaparques, entonces ellos están en una campaña de desinformación que ha sido muy fuerte a tal punto que nosotros hemos tenido que llegar a ser desmentidos.

Días antes de la votación en sala de esta semana, ellos tenían programas radiales diciendo que las áreas protegidas iban a ser privatizadas, que los privados iban a poder hacer usufructo, que iban a poder vender, etcétera, cosas que no corresponden a los textos que están en el proyecto de ley. Eso desinformó mucho a los diputados.

Además, los guardaparques sí están a favor y enviaron una declaración antes de la votación en sala, diciendo que ellos no aceptaban las actividades «matonescas» de los otros sindicatos y que estaban a favor de ser traspasados al Ministerio de Medio Ambiente. Hay pugnas internas también y eso confundió.

—¿Si el SBAP nace permitiendo actividades industriales en el interior de áreas protegidas no estaría cumpliendo su objetivo?

—Quedaron seis categorías de áreas protegidas: Reservas de Región Virgen, Parques Nacionales terrestres y marinos, Reservas Nacionales terrestres y marinas, Monumentos Naturales, Áreas de Conservación de Múltiples Usos y Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas. Fue un nuevo ordenamiento de categorías que se ajustaron a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y eso está muy bien.

En las categorías más estrictas de conservación, que son Reservas de Región Virgen, Parques Nacionales y Monumentos Naturales, está cerrada la puerta a las actividades industriales, no se permiten. Las que quedan más vulnerables que permiten usos sustentables son las Reservas Nacionales, las Áreas de Múltiples Usos y las Áreas de Conservación de pueblos indígenas.

Bosque de algasen Pisagua. Foto: Eduardo Sorensen-Oceana Chile.

—¿Aunque se precise que son usos sustentables?

—Pueden decir que tenemos minería sustentable, salmonicultura sustentable. De hecho, el diputado Donoso en la comisión de agricultura dijo que pueden haber actividades industriales sustentables. Hay salmonicultura sustentable, dijo, y lo volvió a decir en sala, que no había que cerrar la puerta, que había que tener diversificación de actividades dentro del territorio.

Entonces se puede dar que se use la palabra sustentable para seguir haciendo actividades industriales.

Ahora, es cierto que en la versión del senado se pusieron algunos resguardos. El texto dice que, para operar, las concesiones sectoriales necesitarán ser compatibles con los objetivos del área protegida, contar con un plan de manejo y un informe favorable del SBAP, es decir, la versión del texto tiene varias cortapisas (candados). El problema es que el Ministerio del Medio Ambiente no es tan fuerte como el Ministerio de Agricultura, de Minería, y quedaría sujeto a presiones.

—Recaería sobre el Ministerio de Medio Ambiente hacer valer todas esas condiciones

—Claro, y tienes una ley minera contra un ministerio ambiental que no es muy fuerte porque tiene un consejo de ministros para sus decisiones, integrado por otros ministerios productivos.

De todas maneras, el SBAP es un avance enorme para la conservación de la diversidad biológica del país porque faltan normas que regulen la biodiversidad. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) que administra CONAF en este momento no tiene una ley, no tienen bases jurídicas. Además, tenemos mucha legislación dispersa en cinco ministerios diferentes y con el SBAP la administración se concentra en uno solo, el de medio ambiente.

Por otro lado, los financiamientos van a ser manejados por una sola institución y eso va a ayudar a que sean mejor administrados.

—Justamente una de las críticas al SBAP es su falta de financiamiento

—En el primer informe financiero tenía 40 000 millones (49 millones de dólares) y lograron subirlo a 75 000 millones (92 millones de dólares). Es un esfuerzo que valoramos del Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo considerando que el país está con una inflación y con temas económicos difíciles.

Si bien no es suficiente esa cantidad, nosotros decimos que es mejor tener una ley con un financiamiento base para poder gestionar más recursos, porque sin ley no tenemos ninguna posibilidad de tener financiamiento.

Esta nota original del medio de noticias ambientales Mongabay Latam fue escrita por Michelle Carrere y es parte de una alianza con Bienes Comunes de El Desconcierto.