Tras un dilatado proceso de negociación y compromisos para acomodar las orientaciones dictadas por partidos consolidados y en formación, un nuevo proceso de diseño constitucional inicia este año. En medio de un optimismo moderado por la voluntad de la clase política de haber alcanzado un acuerdo inicial, expertos y expertas en ética, derecho y administración pública advierten ciertas fallas de diseño que pueden conducir a vicios como el clientelismo y la cooptación en la nueva deliberación para diseñar una Carta Magna.

“Ciudadanos y ciudadanas con derecho a sufragio en poder de un título universitario o grado académico de a lo menos ocho semestres de duración que puedan acreditar experiencia profesional, técnica y/o académica no inferior a diez años en el sector público o privado”. El perfil requerido para ser electo integrante de la comisión experta del nuevo proceso constituyente que inicia su trabajo el próximo 6 de marzo fue publicado recientemente en el Diario Oficial, sentando suspicacias sobre cuán permeable es a influencias externas un trabajo de esta importancia.

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Montos v/s grupos de interés

Según la reforma, los consejeros constitucionales percibirán una dieta de 60 Unidades Tributarias Mensuales (equivalente hoy a $3.453.420), en tanto, los expertos recibirán una dieta mensual equivalente a $1.666.110 y los miembros del comité una retribución equivalente a $555.370 por sesión celebrada con un tope de 30 UTM al mes ($1.666.110). Asimismo, quienes hayan integrado la Convención Constitucional no podrán ser candidatos al Consejo Constitucional ni formar parte de la Comisión Experta ni el Comité Técnico de Admisibilidad del texto.

En este contexto, se aclara al menos que el trabajo constituyente no será realizado ad honorem como se planteó alguna vez. Sin embargo, se abre nuevamente un flanco de dudas sobre cuán maleable será el desempeño de los redactores respecto a las influencias de grupos de interés y representantes de thinks tanks en busca de blindar ventajas históricas para su sector.

Estos centros de estudio, que reciben millonarias donaciones empresariales y que pueden permitirse sostener el trabajo de enormes grupos de profesionales y disciplinas, están hoy vinculados a algunos de los 24 expertos y 14 "árbitros" del nuevo proceso constituyente.

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Dudas razonables

Pero, ¿qué posibilidades de participar puede tener un sociólogo independiente, un abogado o una trabajadora de la pesca artesanal que desease ser parte de este panel constituyente?

“Considero bastante grave que en este escenario un profesor universitario, por ejemplo, deba renunciar a su trabajo y a su sueldo por un año para trabajar en este nuevo proceso constituyente sin tener certezas sobre cómo vivirá durante un año él y su familia. Un trabajo de tamaña responsabilidad debe garantizar también esa estabilidad y otras características del perfil, que desgraciadamente, no se cumplieron en el caso de la representatividad desde regiones, disciplinas diversas, paridad de género, la hiper representación de unas universidades por sobre otras, etcétera”, señala el doctor en Ética y Democracia, Álvaro Ramis.

“Esta falta de diversidad convierte la necesidad original del experto en algo restrictivo finalmente y eso es un punto importante en cuanto a cómo evitar conflictos de interés durante el proceso”, señala el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Sobre la experiencia conseguida hasta hoy en el proceso anterior, cree que debería considerarse el trabajo realizado por la ciudadanía para superar los estrechos plazos con que se trabajará de aquí a marzo.

“Por ejemplo, recoger las iniciativas populares de norma que tuvieron mayor adhesión y sobre esa base validar procesos e inquietudes de la sociedad. En muchas de estas iniciativas basadas en la participación ciudadana existe una riqueza que debería ser incorporada al trabajo del comité de expertos”, sostiene Ramis.

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Barreras salariales

El abogado Manuel Woldarsky, ex constituyente del proceso anterior, ve con suspicacia el levantamiento de una base de expertos sobre la que se apoyará este segundo tramo deliberador.

Asegura que los ingresos magros, dispares y antojadizos de las dietas para una labor fundamental como la de quienes redactarán un texto le genera dudas sobre la probidad de la iniciativa.

“Creo que se ha ajustado a la medida por parte del Senado, que no ha tenido la decencia de ajustarlo siquiera a lo que ganan hoy en día sus asesores en el Parlamento. Por experiencia, te puedo decir que lo que gana un asesor de un senador es el triple de lo que ganará un asesor de la constituyente. Estamos ante un camino a la precarización de la política del Estado que Chile y la dignidad de los trabajadores, ya no soporta”, estima quien fuera electo como independiente por el Distrito 10.

El ex constituyente recuerda que en su caso, parte del sueldo de sus asesores debía salir de su bolsillo para paliar la desorganización del primer proceso en el que muchos integrantes debieron trabajar gratis.

Desde la experiencia aprendida, identifica en esta normativa recién divulgada un mensaje contradictorio sobre la naturaleza de una misión de las más importantes que pueda realizar un ciudadano al servicio de su país y el sentido moral de quienes lo determinaron, señala Woldarsky.

“Se está obligando al proceso a bajar el estándar ético de los servidores públicos. Resulta increíble la audacia de quienes conformaron estas normas para el proceso constituyente y que han logrado proyectar una versión pirateada, una versión fruna de este ejercicio constituyente. No solo desmejorada sino inmoral”, reitera.

Ante el riesgo de que una dieta constituyente poco atractiva a la que algunos pocos puedan responder, la cientista política y jefa de la carrera de Administración Pública (vespertina) de la UAHC, Catalina Moya, asegura que se corre el peligro de que categóricamente sean los dueños de grandes capitales los llamados a “doblar la oferta” para influir en los integrantes de la comisión experta.

Sueldos ya tentados

“En virtud de este trabajo tan importante para la democracia, no puedes pedirle a un obrero -aunque sea dueño de toda la sabiduría del mundo-  que deje de mantener a su familia por asesorar a una asamblea constituyente renunciando a otros ingresos”, declara la docente.

Recuerda situaciones del pasado donde el país ha sido testigo de cómo senadores y diputados, con dietas mucho superiores que la de estos asesores, han sido atraídos por estos grupos de interés de mineras, pesqueras o think tanks en casos de corrupción.

“A eso me refiero cuando digo que siempre habrá alguien dispuesto a “doblar la oferta” cuando se trata de trabajar en espacios sensibles de la legislación o el proceso constituyente en este caso. Pese a que contamos con herramientas de fortalecimiento de la probidad y la transparencia, protocolos y formas de adherir a reglas de la Ley de Lobby, como la publicación de ingresos y de patrimonio antes y después de asignados estos cargos, hay que hacer dobles revisiones siempre para regular y evitar que los servidores públicos no se corrompan”, plantea la experta en Políticas Públicas y Gobierno Local.

Sobre esto, y de acuerdo a lo visto en el ejercicio de los constituyentes el año pasado, la académica cree que la experiencia puede fortalecer aspectos como el de la gestión de los dineros para pagos, ítems presupuestarios claros y otras formas para agregar certezas como glosas específicas y la observancia permanente de los financiamientos.