La tramitación del proyecto de 40 horas ya cumple casi seis años en el Congreso, impulsado por las trabajadoras y trabajadores organizados, presentado en la Cámara por diputadas y diputados comunistas, frenado por el gobierno de Sebastián Piñera y revivido ahora con el de Gabriel Boric. Se ha debido sortear lobbys y presiones por parte del gran empresariado que, por medio de las y los políticos de derecha, ha inventado cualquier excusa con tal de ponerle una piedra de tope. Así, por ejemplo, los argumentos de que la productividad bajará y que las Pymes no podrán asumir el cambio fue desmentido por las 420 empresas que han recibido el sello de 40 horas del Gobierno, en su mayoría Pymes, y las 1.300 organizaciones más que han postulado para obtenerlo.

La última excusa, que surge como manotazos de ahogados al ver que el proyecto tiene gran apoyo ciudadano y que fue materializada en indicaciones de la derecha al proyecto, es que la “flexibilidad es necesaria” y que es “lo que la gente quiere”, en base, por ejemplo, a una encuesta de Trabajando.com, dada a conocer por medio de una entrevista a su gerente general, Ramón Rodríguez en La Tercera, pero sin posibilidad de revisar la consulta íntegramente, lo que deja abierta la duda a la manipulación de la opinión, ya sea a través de la muestra de la encuesta y/o de la misma formulación de la pregunta. El mismo mes de su publicación, Rodríguez publicaba una columna titulada “40 horas, pero con flexibilidad”.

Porque claro que la flexibilidad suena bien a secas, como si fuera un empoderamiento de las y los trabajadores, pero en el contexto chileno de nulo poder negociador por sindicatos debilitados, bajos salarios, subcontratación e inestabilidad contractual, se aprecia una relación en extremo asimétrica, donde el empleador -dueño de los medios de producción- tiene todo el poder sobre el o la trabajadora. Con estas características, la flexibilidad puede ser más precarización laboral y una herramienta para reducir costos con horarios de trabajo irregulares guiados específicamente según la demanda, a costa del bienestar de la clase trabajadora que no tiene más opción que aceptar las condiciones que le impongan para mantener su trabajo y sustento.

Es verdad que en otros países de la OCDE podemos encontrar flexibilidad, pero una “impulsada por los trabajadores” (worker-driven flexibility), como resultado de negociaciones intersectoriales entre empresas y sindicatos con verdadero poder negociador, donde se acuerdan horarios como iniciativa de las y los trabajadores para que puedan compatibilizar trabajo y familia, estudios, descanso u otros aspectos de la vida personal; no para que trabajen 52 horas hasta tres semanas en un mes, con la posibilidad de sumarle hasta 20 horas extraordinarias, superando los límites legales actualmente establecidos. Pero pareciera ser que en Chile, para el empresariado y sus senadores, reducir la jornada debe tener una moneda de cambio, y esta puede ser tan absurda cómo legalizar una paradoja: que los trabajadores y trabajadoras puedan ser sometidos individualmente al punto de trabajar más que antes de la reducción de jornada -hasta 72 horas semanales según la indicación presentada por la derecha el año pasado-, contraviniendo el espíritu del proyecto de ley que buscaba consagrar la máxima de trabajar para vivir en vez de vivir para trabajar, no sólo disminuyendo  las horas semanales, sino también los riesgos laborales, priorizando salud mental y la posibilidad de destinar más tiempo a actividades fuera del trabajo.

Estas no son las únicas modificaciones regresivas. También se propone terminar con la comprensión de la jornada ordinaria, como aquella que sea superior a ⅔ del máximo legal -lo que permite el derecho de un ingreso mínimo mensual a quien trabaje más de 30 horas hoy, o de 27 horas tras la reforma-, remover a la Dirección del Trabajo de la determinación de las jornadas excepcionales y otras medidas específicas que son complejas de explicar en una sola columna. Y es que quienes defienden esta flexibilidad están lejos de ser obreros; entre ellos están Juan Sutil, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Asociación de Industriales Pesqueros, el Consejo del Salmón, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), entre otros. ¿Tienen ellos acaso una relación simétrica y en igualdad de condiciones con sus trabajadores y trabajadoras? Claro que no.

Para los dueños de estas grandes empresas lo importante es minimizar el costo para maximizar las ganancias, por eso proponer flexibilidad es grito y plata, pero se hacen los desentendidos, como lo hizo ex ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg en 2019, cuando dijo que trabajadores podían negociar solos y que la doctrina del derecho del trabajo era “infantilizar(les)”. Me tocó constatarlo en 15 años como trabajador y dirigente de un sindicato en la multinacional altamente flexibilizada Starbucks, donde, incluso habiéndonos organizado, la flexibilidad podía terminar siendo una condición impuesta en contra de la voluntad de trabajadoras y trabajadores. Pero la experiencia nos mostró que sería muchas veces peor para esa gran mayoría que no tiene la posibilidad de estar protegido en un sindicato.

La pobreza del tiempo existe y este proyecto de ley da un paso concreto en su erradicación; ponerle flexibilidad a la chilena es atentar contra ese fin. Defendamos el derecho de las trabajadoras y trabajadores a vivir mejor, redistribuyendo la riqueza y el tiempo, subsanando también la deuda con las mujeres, que principalmente asumen las labores domésticas y de cuidado, con medidas de corresponsabilidad como las que propuso el gobierno en sus indicaciones. No caigamos en el toyo del gran empresariado y su derecha leal y avancemos un nuevo modelo para Chile de relaciones laborales y de desarrollo, con la garantía del derecho al descanso, al tiempo libre, a la crianza y a la desconexión digital.