Al menos 10 denuncias por maltrato laboral pesan sobre el director ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), Nicolás Navarrete Hernández (PPD). Cuatro se concentran en Tarapacá; una levantada por la exsubdirectora regional, y tres por funcionarias pertenecientes a distintas áreas.

Las cuatro denunciantes se mantienen con licencias médicas, diagnósticos de ansiedad y trastornos adaptativos de origen laboral. Después de agotar todas las instancias de denuncia, lograron que sus casos llegaran al Tribunal Laboral de Iquique, de acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso El Desconcierto.

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Degradada con fuero maternal

El 27 de mayo de 2022, Claudia Yáñez, hasta ese entonces directora regional del Fosis Tarapacá, se encontraba haciendo uso de su fuero maternal cuando fue notificada sobre el término de sus funciones directivas. La socióloga, que llevaba casi cuatro años al mando de la institución, había vuelto hace dos meses de su permiso postnatal.

Durante ese periodo tuvo contacto una vez con el director ejecutivo, Nicolás Navarrete, quien la llamó para anunciarle su llegada al cargo y hacerle dos preguntas: cuándo volvía del fuero, y si es que estaba amamantando. Según la Dirección del Trabajo, el fuero maternal protege a la trabajadora desde el inicio del embarazo y hasta un año después de terminado el postnatal.

Tras la llamada, se le instruyó a los subdirectores que todas las decisiones debían ser aprobadas previamente por el jefe de gabinete del director ejecutivo, Reinaldo Rosales. Según relata Yáñez, tras ese mandato le envió correos a Rosales para entregarle información del organismo, los que fueron ignorados hasta que intervino la Asociación de Funcionarios del Servicio para presionar la respuesta del jefe de gabinete. Rosales le respondió para citarla a una reunión virtual, a la que él no se conectó, para después continuar no contestando a sus correos.

Solo después que recibió la notificación de término de funciones, el jefe de gabinete la llamó para entregarle sus razones. Según recuerda la mujer, Rosales le aseguró que ella “no era de confianza” para el gobierno, y que su despido respondía a “instrucciones ministeriales”.

Se le entregaron dos “soluciones”; mantener su remuneración e irse en comisión de servicio donde ella quisiera, o elegir donde trabajar dentro del Fosis, removiendo a otra persona de su cargo. Al no acceder a ninguna opción, se mantiene sin ejercer funciones y haciendo uso de una licencia médica por los trastornos ansiosos que le provocó la situación.

Por otro lado, pese a que aún no hay respuestas a las vulneraciones que vivió, el 14 de junio de 2022 se seleccionó, como nueva directora regional del Fosis Tarapacá, a Jenny Rojas Muñoz (Convergencia Social), funcionaria a honorarios que había sido contratada por Claudia.

Consultada por El Desconcierto, Yáñez comenta que fue “completamente invisibilizada por la Dirección Nacional”, previo a ser alejada de sus facultades directivas. Tras las situaciones, a Claudia le diagnosticaron crisis de ansiedad, trastorno adaptativo de origen laboral y psoriasis nerviosa. Así también, debió suspender el amamantamiento de su hija por los fármacos que le administraron.

[caption id="attachment_807621" align="alignnone" width="900"] Jenny Rojas Muñoz[/caption]

De ley del hielo a baja de calificación

La segunda persona en demandar fue Mackarena Calderón, actual encargada regional de Comunicaciones en Tarapacá. A mediados de abril de 2022, la periodista comenzó a volver paulatinamente a la presencialidad en el trabajo. Durante la pandemia del COVID-19 los funcionarios fueron divididos en dos grupos, con el fin de implementar el teletrabajo y definir a quienes tenían mayores riesgos de salud.

Por estar a cargo de niños en edad escolar y sufrir hipertensión, Calderón pertenecía al grupo que reunía a las personas “vulnerables”, por lo que comenzó a asistir solo dos días al servicio. Además iba cuando había ceremonias o actividades, al ser la jefa de comunicaciones.

Tan pronto volvió a la presencialidad, se dio cuenta que el trato con Jenny Rojas, aun antes de su nombramiento, había cambiado. Según relata en la demanda a la que accedió El Desconcierto, Rojas dejó de aceptar invitaciones a almorzar, de hablarle, e incluso de saludarla, distanciándose de quien antes era una colega con la que mantenían una relación de amistad.

La “indiferencia total” de Rojas, tal como describe Mackarena, empeoró cuando asumió el cargo de directora regional. Al día siguiente, el director ejecutivo viajó a Tarapacá para asistir a una serie de actividades organizadas por Calderón, las cuales se desarrollaron sin inconvenientes, incluso recibiendo felicitaciones desde el nivel central del área de comunicaciones. Pese al buen recibimiento de la jornada, la periodista señala en sus descargos que “sentía un tanto de falsedad en el trato y a ratos desprecio” por parte de Jenny Rojas.

En la denuncia, la trabajadora describe que “a pesar de que le ofrecí todo mi apoyo, olvidando los desprecios y actitudes toscas y agresivas hacia mí, Jenny siguió con el maltrato hacia mi persona, corrigiéndome constantemente por cuestiones que no merecían corrección, como por ejemplo, que no le dirigiera la palabra mientras ella no me autorice”.

La situación la superó cuando los “malos tratos” se dieron un día que Mackarena acompañó a su madre que estaba internada por cáncer de colon. Pidió una hora al psiquiatra el 28 de junio y se le diagnosticó un episodio depresivo grave, por lo que se le concedió licencia médica. En ese período, Jenny Rojas le siguió enviando correos electrónicos y mensajes, pidiéndole terminar trabajos pendientes y realizar gestiones de traspaso de cargo.

En esos días, su madre falleció.

Dos meses después, estando con reposo laboral, le llegó una notificación automática informándole sobre su precalificación funcionaria, y así se enteró que la subdirectora la calificó con un 70,5% tras solo nueve días trabajando juntas, la nota más baja que ha recibido en su vida. Antes, había sido calificada con un 94,5% por parte del subdirector subrogante, Eduardo Zamora.

Desde junio a la fecha, Calderón se mantiene con licencia médica y tratamiento farmacológico. Su psiquiatra le diagnosticó con un trastorno adaptativo con síntomas ansiosos severos secundarios a eventos laborales, por el que se trata en la ACHS. Las especialistas que han revisado su caso indican que la mujer se encuentra “bajo una jefatura con liderazgo disfuncional” e identifican como “hostilizadora a la jefatura srta. Jenny Rojas Muñoz”.

El 13 de septiembre, Mackarena denunció a la subdirectora regional por maltrato y acoso laboral, iniciando un sumario interno en el Fosis. El 28 de septiembre, Rojas contrademandó a su trabajadora por injurias y calumnias.

Marginadas e ignoradas

Los casos siguientes son similares: las trabajadoras, también pertenecientes al grupo “vulnerable” del Fosis, denunciaron interna y judicialmente a Jenny Rojas por maltrato laboral, después de recibir hostigamientos al punto de necesitar tratamiento farmacológico para tratar sus trastornos.

Carolina Saldes, psicóloga y encargada regional de Personas en el Fosis de Tarapacá, también vio disminuida su precalificación funcionaria –de 96% a 71,5%, después de 14 días– cuando asumió la nueva subdirectora regional, de quien sintió “de inmediato su altanería y despotismo”, según los testimonios a los que tuvo acceso El Desconcierto.

Según relata, Jenny Rojas sistemáticamente la restó de actividades que le correspondían como responsable de Recursos Humanos, además de intentar negarle, en una ocasión, el uso de un día administrativo para asistir a un control médico por su patología de hiperplasia endometrial con atipia.

Saldes expresa que “las escasas veces que logré conversar con la directora, siempre me ponía limitaciones, me ridiculizaba, menoscabándome y haciéndome notar que por ser ella ahora ‘directora’ no tenía mucho tiempo para atenderme, por lo que debía yo ser breve”. La situación escaló cuando debió iniciar una licencia médica de casi dos meses por sus patologías de base; en tres ocasiones la directora regional la contactó para culparla del retraso del trabajo del área por su ausencia médica.

Después que le bajara su calificación, Carolina no pudo comer ni dormir, además de presentar náuseas y vómitos por la angustia. Así llegó a la ACHS, donde dos doctores diferentes concordaron que su jefatura es “una persona con un liderazgo disfuncional”, y que “estaba siendo injustamente hostigada”. Le indicaron reposo absoluto.

En tanto, Susana Bustos, asistente administrativa transversal, denuncia que, tan pronto volvió a su trabajo presencial, sintió que el trato de Rojas hacia ella se tornó “frío y distante”, puesto que dejó de saludarla y devolverle la palabra, la “evitaba”, “aislaba” e “ignoraba” hablando al aire en su presencia, pese a que antes de eso mantenían una relación cordial como colegas.

En junio “el distanciamiento y la frialdad en el trato era muy evidente, su lenguaje corporal me hacía sentir como persona no grata cada vez que me cruzaba con ella, y muchas veces me dio la espalda para evitar saludarme e interactuar conmigo”. Durante las próximas semanas, la subdirectora dejó de dirigirle la palabra, aun cuando se cruzaban en oficinas, escaleras o pasillos, relata.

Después de esa situación, a la administrativa se le desarrolló una gastroenteritis. También padeció intensos dolores de cabeza, insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, de memoria y falta de concentración, resfríos constantes, ansiedad y depresión. Al explicarle lo ocurrido, su médico de cabecera la derivó a la ACHS después de diagnosticarle que se encontraba bajo el “síndrome de burnout”, que consiste en la alteración de la salud a consecuencia de un estrés laboral crónico y/o ambiente poco saludable, y tiene origen laboral.

Vulneraciones a nivel nacional

Otros funcionarios, en situaciones similares a Bustos, Calderón y Saldes, renunciaron al servicio en el último tiempo, quienes también pertenecían al grupo de trabajadores “vulnerables” que hicieron teletrabajo durante la pandemia.

En noviembre, en medio de esta crisis laboral en Tarapacá, y a unos 1.700 kilómetros de ahí, fue suspendido de sus funciones el director regional de Fosis Valparaíso, Sebastián Godoy, tras ser denunciado por maltrato laboral por parte de una trabajadora a honorarios.

Con este antecedente en mente, el 23 de diciembre las trabajadoras enviaron una carta a Nicolás Navarrete, director nacional del Fosis, para pedirle la suspensión de Jenny Rojas. Su respuesta fue que le solicitaría “al Fiscal (s) que pueda realizar un análisis de los antecedentes expuestos”.

Los casos de Calderón y Saldes llegaron además a la Contraloría, organismo que se encuentra investigando las irregulares bajas en sus calificaciones funcionarias. Además, junto con Bustos, informaron al delegado presidencial y al seremi de Desarrollo Social, quienes les señalaron que el asunto escapaba de sus manos.

Luego de eso, el 15 de diciembre, le hicieron llegar una carta al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, relatando esta situación. El Desconcierto solicitó al Ministerio una versión, pero desde la cartera declinaron pronunciarse justamente porque hay sumarios que se encuentran en curso.

Denuncias a nivel nacional

Las vulneraciones van más allá de Tarapacá. Según las funcionarias, todos los directores regionales del Fosis fueron sacados de sus funciones en procesos irregulares, y ocho de ellos denunciaron estos hechos.

Solo uno de los casos ha recibido una sentencia hasta el momento, el de Dominique Brautigam, exdirectora del Fosis de Aysén, resultando a su favor. El organismo deberá pagarle ​​$22.176.408 por vulnerar su integridad física al despedirla estando con licencia médica, incluso ignorando una carta de renuncia que envió previo a su despido.

Respecto al caso de Claudia Yáñez, este 16 de enero recibirá la sentencia de su caso, tras denunciar al organismo ante el Tribunal Laboral de Iquique, tal como lo hicieron las otras tres funcionarias, escalando así las responsabilidades de maltrato al director Nicolás Navarrete.

Consultados por El Desconcierto, desde el Fosis Central aseguran que, tan pronto Navarrete recibió las denuncias, ordenó un procedimiento disciplinario. Explican que, “dado el tenor de la denuncia, el director nacional instruyó inmediatamente conocidos los antecedentes la realización de un sumario administrativo, a cargo de un fiscal institucional, cuyo objetivo es investigar los hechos, determinar las responsabilidades y proponer sanciones o el sobreseimiento del caso”.

Recibidos los antecedentes, “el fiscal a cargo determinó que las personas involucradas en la denuncia podían seguir ejerciendo sus funciones durante la etapa indagatoria. No obstante, si durante la investigación el fiscal evaluara que es necesario tomar otras medidas, lo puede ordenar”.

Respecto a los otros casos de maltrato laboral, desde el Fosis sólo reconocen tres denuncias. “Actualmente, una se encuentra cerrada y otras dos están en curso (incluida la de Tarapacá) y en línea de las atribuciones que tienen quienes investigan, solo en una de las denuncias el fiscal a cargo determinó la separación de funciones del denunciado durante la etapa indagatoria”. Ese sería el caso del subdirector Godoy, que también está en proceso de investigación. Una vez que termine su etapa acusatoria “se tomarán las medidas pertinentes”.

Finalmente, relevan que para el Fosis “es importante promover ambientes laborales saludables, basados en el respeto y buen trato, por lo que su política de personas considera acciones que permitan prevenir cualquier hecho que los alteren”.

En ese sentido, aseguran que “se ha tomado la determinación de que, sea cual sea el resultado del procedimiento administrativo en la Región de Tarapacá, se tomarán acciones para mejorar el clima laboral porque todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a desempeñar sus funciones en un ambiente saludable”.