Un día antes de que el Senado vote la nominación de Ángel Valencia como Fiscal Nacional, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), en conjunto con el centro de memoria Londres 28, enviaron una carta a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta rechazando la eventual confirmación del abogado en el cargo.

En la misiva se apela a la importancia del Fiscal Nacional en el sistema judicial y democrático el cual debe velar por “la eliminación de la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos”.

A raíz de esto, se plantea en el escrito que “la falta de autonomía, independencia e imparcialidad asociada a falencias de transparencia en los procesos de nombramientos puede resultar en una causa estructural de impunidad, que obstruirá el obtener un proceso de investigación integral, exhaustivo y oportuno, especialmente en aquellos casos donde los perpetradores son agentes estatales”, esto en referencia a la participación de Valencia como defensor de Bruno Villalobos cuando fue procesado como cómplice de la muerte de Patricio Manzano, joven muerto en dictadura.

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Asimismo, las organizaciones expresan su preocupación por los nulos mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso de selección de Fiscal Nacional, espacio que debe permitir, a su juicio, la “impugnación, expresión de inquietudes y de apoyo en los procesos de nombramiento, especialmente en las etapas previas a la elaboración de la correspondiente quina por parte de la Corte Suprema”.

“Ante la inexistencia de salvaguardas de estos espacios en nuestra actual Constitución, la AFEP y Londres 38 vienen a expresar a través de esta comunicación su rechazo formal al nombramiento de quien, ha estado vinculado a la defensa de personas imputadas por delitos sexuales y de delitos constitutivos de graves violaciones de los Derechos Humanos. No cuestionamos el derecho al ejercicio de la profesión de manera privada, pero lo que nos parece inaceptable es, que la persona que podría encabezar el organismo encargado de la persecución penal haya estado vinculado a personas imputadas con formas de criminalidad que lesiona la dignidad humana”, agrega la misiva en rechazo al nombramiento de Valencia.

Junto a esto, se enfatiza en la carta “los estándares internacionales establecen que las designaciones de Altas Magistraturas, entre ellos el Fiscal Nacional, deben realizarse en base al mérito y las capacidades. Dentro de esos méritos, se encuentra la ‘idoneidad ética’ que se refiere a una trayectoria personal y profesional éticamente irreprochable y alta calidad moral, que no pueda ser objeto de condenas, señalamientos, denuncias u objeciones éticas, y que sea reconocida públicamente”.

Por último, se señala en el escrito que “si bien la defensa privada a imputados en delitos de lesa humanidad en si no es obstáculo formal para aspirar al cargo de Fiscal Nacional si nos resulta especialmente alarmante que un candidato a dirigir la Fiscalía Nacional haya tenido vínculos con altos mandos de Carabineros de Chile”.

Lee aquí la carta completa:

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