En nuestro país para nadie es novedad el alza del costo de la vida.

Debido a diversas razones somos unos de los países con mayor inflación en el continente. Nos ubicamos en el sexto lugar con 13.3% sólo superados por Cuba, Haití, Surinam, Argentina y Venezuela que lidera este ranking con un 156%. De la misma forma, lideramos el ranking de concentración e inequidad económica.

En un mundo en constante crisis económica y de recursos naturales, ¿cómo diseñar una estrategia económica que permita gestionar el alza del costo de la vida más allá de la racionalidad de la escasez y la demanda?

En una región donde la baja inflación la lideran países como Bolivia y Ecuador. Como agentes claves del nodo logístico del transporte de carga por carretera, ubicados entre: de una parte, el precio y consumo de combustible (pronto de las emisiones de CO2), mientras y de otra parte, el precio final de los productos que llegan a su hogar.

Nos preguntamos, qué estrategia económica deberíamos adoptar para enfrentar el contexto de crisis económica permanente, crisis ecológica global y escasez de recursos naturales que influye en el alza del costo de la vida?

Demandar al Estado una solución que venga a subsidiar el alza del costo de la vida no hace mas que fortalecer la concentración y inequidad económica. En tal sentido necesitamos de una estrategia económica futura sostenible que innove y actualice el desarrollo económico que como sociedad hemos acumulado durante los últimos 45 años.

Por ejemplo, cómo frente a las exuberantes ganancias de las carreteras licitadas ¿podríamos negociar o congelar el alza del peaje? Lo anterior nos parece un guiño a una sociedad fuertemente abusada por la concentración económica y que anhela establecer mecanismos que nos permitan redistribuir de mejor forma las ganancias de nuestra economía.

Es cierto que no se pueden cambiar las reglas de un negocio durante su desarrollo. Pero sí está claro que en Chile debemos adoptar nuestra economía de acuerdo con las grandes transformaciones globales que se suceden actualmente para poder el bien común de todos y también por la sostenibilidad de los negocios de quienes concentran más.

En este sentido, esperamos que el acuerdo legislativo, en ciernes, para cambiar nuestra Constitución, esté a la altura para definir una estrategia que involucre tales puntos de vista en el diseño de la hoja de ruta para el desarrollo económico, sostenible e innovador de los próximos 30 años de nuestra sociedad.