Crisis matrimonial fue la expresión jurídica que usaron y eso bastó para no entrar en detalles. Después de varias querellas judiciales anteriores entre ambos, era evidente que el matrimonio estaba llegando a su fin.

Los hechos son elocuentes: A principios del año 2020 llegó al domicilio de la pareja, ubicado en la calle Paul Harris en Las Condes, un empleado de la empresa a solicitar el auto que usaba ella, para llevarlo a mantención. Se trataba de un Maserati Levante, modelo deportivo Suv de 350 caballos de fuerza, avaluado en más de 70 millones de pesos.

El asunto parecía rutinario. Y lo fue hasta que ella detectó una extraña pieza bajo el volante. Fue entonces a la concesionaria y comprobó que el vehículo de la empresa, donde era socia con su marido, había sido intervenido para escuchar sus conversaciones y registrar cada lugar que frecuentaba. Le habían instalado un micrófono y un GPS.

Tenía razones para sospechar de su marido: Munir Hazbún Rezuc. El empresario, dueño de colegios, universidades y hasta un club de golf, se habría jactado entre sus empleados que se trataban de “dispositivos de última generación”. En total fueron 16 meses de escucha ininterrumpida, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, donde tuvo acceso a todas las conversaciones que mantuvo su esposa en el vehículo.

Alejandra Muñoz Boudeguer, artista plástica y socia de la empresa familiar, entabló una querella en contra de su marido, el 17 de junio de este año, por los delitos de interceptación y captación de comunicaciones privadas. Quien ha sido su esposo por más de 27 años arriesga -en el papel- hasta 5 años de cárcel y una multa de hasta 500 UTM.

Fue la tercera querella interpuesta en contra de él en menos de un año.

Y la segunda en menos de 15 días.

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Unir los cabos sueltos fue lo que hizo Alejandra, a partir de una serie de hechos que se fueron encadenando, uno tras otro, como una extraña trama de nudos invisibles. Fueron observaciones, conversaciones privadas, correos electrónicos, cambios de contraseñas y comprobantes de transacciones bancarias. En el fondo, un mar de sospechas.

Si bien el matrimonio estaba en crisis, todavía parecía haber una luz de esperanza. Alejandra había vuelto al hogar, intentando reanudar su convivencia con el padre de sus tres hijos. Munir Hazbún habría aprovechado la ocasión para acceder a los dispositivos electrónicos de ella, un teléfono celular iPhone XS y un MacBook Air. Detalles narrados en otra querella dirigida en contra de su marido, esta vez por espionaje informático, presentada dos semanas antes del recurso interpuesto por la instalación de micrófonos en el Maserati.

Además de los sistemas de archivos, Hazbún habría vulnerado sus redes sociales, correo electrónico, aplicaciones de mensajería, registros de llamadas, información bancaria y servicios de streaming, entre otras evidencias que -amenaza la querella- serán “remitidas oportunamente al Ministerio Público”.

Las rencillas, en verdad, venían de hace rato. El 9 de enero de 2020, en el domicilio que entonces compartían ambos, Munir Hazbún le habría quitado a la fuerza el celular a su esposa. Después le comentó que lo había destruido y le entregó otro a cambio. Así “pudo obtener los medios para ingresar a sus cuentas de correo electrónico registradas en él, a su Apple ID y -al menos por un tiempo- a su número telefónico anterior”.

[caption id="attachment_803785" align="aligncenter" width="768"] Munir Hazbún y Alejandra Muñoz en un evento en uno de sus colegios.[/caption]

No sólo eso. En abril y mayo de 2020, el empresario también pudo acceder al computador personal de su pareja, logrando ingresar de manera reiterada al sistema operativo, a partir de la sesión de usuaria, cuya contraseña nunca fue revelada por la dueña del notebook. Tuvo “acceso a sus archivos almacenados y al navegador, lo que le permitió a su vez acceder a cuentas y contraseñas en él almacenadas”, dice la querella.

El acceso al celular y computador fue posible gracias a la participación de un reconocido hacker.

Fue el regreso a las “pistas” de "Mr. H"

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Una persona de “actitud sospechosa”. Así definió Alejandra Muñoz Boudeguer al tipo que encontró en la oficina de su marido, ubicadas en Alonso de Córdova en Vitacura, a principios del año 2020. Cuando le preguntó por él, Munir Hazbún le dijo que prestaba “servicios profesionales dictando un curso de inglés”.

Poco tiempo después, ella se enteraría que el desconocido había sido contratado por su marido para desbloquear su teléfono y acceder a sus cuentas, además de sus fotos, videos, grabaciones de audio, historial de llamadas y registro de conversaciones privadas. Se trataba de un famoso hacker con nombre de actor de hollywood: Michael Hudson.

Conocido en el ambiente cibernético como “Mr. H”, Michael Gerry Hudson Gómez es recordado por una serie de episodios dignos de una película de espías. En el año 2018 la cuenta de twitter Shadow Brokers, perteneciente a una banda de hackers, solicitó su liberación tras ser detenido en Italia por el robo a un turista inglés, luego de apagar los sistemas de vigilancia del hostal donde residía.

El grupo de hackers filtró datos de 14.000 tarjetas de crédito de clientes de bancos chilenos, entre ellos el Banco de Chile, BancoEstado y BCI, amenazando liberar información más sensible si es que las autoridades no respondían a sus demandas. Tras su liberación, el 12 de septiembre de 2018, cerraron la cuenta en la red social.

La última vez que se supo de Hudson, a quien también sindican como agente de la CIA, fue en agosto de 2020, tras el ataque a la División de Desarrollo Digital de la Presidencia donde se vulneró el sistema de información de claves únicas y la identificación biométrica de millones de personas. El nombre del Hacker nuevamente apareció entre los sospechosos, al igual que ahora en la querella por espionaje informático.

“Mr. H” habría sido el encargado de contactar a un tal “Ricardo”, con el propósito de desbloquear el teléfono de Alejandra Muñoz, accediendo a su correo electrónico y modificando su cuenta de Microsoft. Los cambios de contraseña, le permitieron apoderarse de la cuenta, vulnerando el sistema de seguridad que enlazaba  Facebook e Instagram.

El 15 de agosto de 2020, alertada por notificaciones de actividad inusual, Alejandra tomó pantallazos desde el “iPhone XS” que utilizaba como reemplazo del anterior, visualizando el historial de actividad de su Apple ID. En ella pudo distinguir una ubicación geográfica en Santiago y otra en Viña del Mar, ciudad donde reside Michael Hudson.

[caption id="attachment_803786" align="aligncenter" width="800"] La artista plástica Alejandra Muñoz Boudeguer.[/caption]

Además de acceder al historial de llamadas de su esposa, Munir Hazbún también pudo ver las conversaciones que ella tenía con su mejor amiga y colaboradora de la empresa, Lorena Montiel, “con el fin aparente de enterarse de su contenido y las posibles confidencias que (Alejandra) le hiciera”.

La relación entre el empresario dueño de un club de golf y el hacker detenido en 2010 tras extorsionar a una mujer con hacer públicas fotografías junto a su amante, no tenía que ver sólo con los trabajos de espionaje en contra de Alejandra Muñoz Boudeguer. Según pudo comprobar El Desconcierto, a través de una escritura pública firmada en la 18ª Notaría de Santiago, ambos personajes son socios en la empresa Chap Cibersecurity Limitada desde julio de 2020, dedicada a servicios de Ciber Inteligencia.

“Una empresa de fachada para cubrir actividades delictivas”, dice la querella.

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Munir Hazbún aprovechó la oportunidad doblemente. El 14 de septiembre de este año su abogado, Esteban Ávila, interpuso dos querellas en contra de su cónyuge. Las dos por el mismo delito: administración desleal. El matrimonio, así las cosas, completaba cinco querellas cruzadas.

Todo en medio de un proceso de distanciamiento, marcado por el destino de la fortuna familiar, repartida entre sus sociedades más conocidas, “Inversiones Punta de Lanza S.A.” e “Inversiones Punta del Sur S.A.”, donde Alejandra Muñoz Boudeguer figura como dueña del 50% del capital accionario de cada una.

Las sociedades controlan Hacienda Santa Martina, un club familiar de más de 300 hectáreas ubicado en Lo Barnechea, con cancha de golf, siete piscinas, ocho canchas de tenis, 40 caballerizas y ocho salones de eventos, con una membresía que oscila entre los 8 y 12 millones de pesos, comprada por la familia Hazbún al empresario Espir Aguad en más de 14 mil millones de pesos.

El fuerte de los negocios, sin embargo, está enfocado en la educación. Las mismas sociedades controlan la Universidad Bolivariana, la Universidad de Aconcagua y la Sociedad Educacional Maule S.A., dueña a su vez del Instituto Profesional Valle Central, el Centro de Formación Barros Arana y los colegios The Wessex, entre otras sociedades de inversiones.

Munir Hazbún y su padre, Juan Hazbún Readi, fueron quienes comenzaron con el negocio educacional. Archivos de prensa dan cuenta de conexiones con un espectro variado de políticos que ocuparon cargos importantes en juntas directivas y rectorías, como la ex subsecretaria de Educación, Marigen Hornkohl (DC), el exvicepresidente de Enami Jaime Pérez de Arce (PS) y el exministro Álex Figueroa (DC).

Las dos querellas presentadas por Munir Hazbún, también son por asuntos patrimoniales. En una acusa a Alejandra Muñoz de quedarse con más de 68 millones de “fondos por rendir”, que jamás fueron restituidos a la empresa cuando se desempeñaba como directora ejecutiva de la Sociedad Educacional Maule.

En la otra, se la acusa de haber vendido los muebles pertenecientes a la “Sociedad Civil Hazbún y compañía”-entre ellos sillones de fierro forjado, sitiales de raulí y una mesa de pool- y no devolver la parte correspondiente de las ganancias. Un lío que se suma a la supuesta apropiación del dinero del arriendo de una propiedad por más de 10 años. Pérdida avaluada en 132 millones de pesos, sin incluir intereses y reajustes.

Ambas querellas solicitan una orden amplia de investigación a la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, el alzamiento del secreto bancario de Alejandra Muñoz y la copia de las cartolas históricas de todas sus cuentas y tarjetas de crédito durante los últimos cinco años.

La versión criolla de la “Guerra de los Roses” estaba desatada.

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Alejandra Muñoz Boudeguer fue quien abrió los fuegos. La primera de todas las querellas la interpuso su abogado, Francisco Pinochet Cantwell, en abril de este año, por falsificación de instrumento público en contra de Munir Hazbún y el abogado Jorge del Real Westphal, uno de los directores de la Universidad Bolivariana.

La trama que desencadenó la guerra de querellas comenzó luego de exhibición de documentos, en el marco de otros dos procesos judiciales radicados en Concepción, tendientes a acreditar los derechos de los accionistas de las sociedades matrices que sostienen la abultada fortuna familiar.

Munir Hazbún presentó una escritura pública, firmada en la Notaría Zaldívar el 28 de diciembre de 2018 -la misma que fue cuestionada tras la inscripción fallida de Diego Ancalao en las pasadas elecciones presidenciales-, ratificando la venta de 50 acciones nominativas emitidas por la sociedad “Inversiones Punta del Sur” a “Inversiones Cerro Santo SpA”, representada por Jorge Del Real, y supuestamente traspasadas a esta por Alejandra Muñoz.

La escritura fue sometida a un peritaje caligráfico, realizado por la experta Pamela Barría, quien concluyó a través de un informe que no existiría “correspondencia gráfica” con la firma de la esposa de Munir Hazbún. “La rúbrica original posee elementos constitutivos, estructurales y gestos singulares de la suscrita que no están en la rúbrica dubitada y examinada en este informe pericial caligráfico”, detalla el informe emanado el 18 de abril de 2022.

En consecuencia, relata el escrito al que tuvo acceso El Desconcierto, Alejandra Muñoz Boudeguer “nunca firmó esas escrituras, ni la compraventa de acciones, ni tampoco la “ratificación” de dicha compraventa que constaría en la escritura pública”. Es más, agrega el documento, “mi representada nunca ha ido a esa notaría”.

El escrito, además, habría sido sometido a una pericia de huella donde la perito no pudo determinar si pertenecía o no a Alejandra Muñoz. “¿Puede la notaría aceptar una huella ilegible? ¿Puede aceptar que ponga la huella solo uno de los comparecientes?”, se preguntan los querellantes.

Respecto a Del Real, la escritura ni siquiera contendría su huella dactilar en el documento de “ratificación” de venta de acciones. “Ello es extrañísimo, pues es una práctica comúnmente aceptada el que las escrituras públicas contengan las huellas digitales de todos los otorgantes”. ¿Cómo pudo la referida notario (María Loreto Zaldívar) autorizar de esa forma la escritura?, inquiere el abogado.

Las anomalías continúan. La escritura fue fechada el 28 de diciembre de 2018, pero fue recién autorizada el 6 de febrero de 2019. Respecto a esto mismo, las dudas sobre la participación de Jorge del Real se acrecientan. Siendo abogado y representante de una de las empresas familiares, llama la atención por qué nunca llamó a Alejandra Muñoz o le advirtió sobre su firma, que el mismo había visto en innumerables documentos legales.

Lo más impresionante, sin embargo, es que el precio asignado a cada acción fue de $20.000, cuando el valor real de la sociedad es de varios miles de millones de pesos. Situación que habría terminado en una transacción irrisoria, pagada al contado y en efectivo.

De esta forma, Munir Hazbún habría desembolsado apenas 100 mil pesos por las acciones de una sociedad propietaria de varias universidades y un exclusivo club de golf.

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Dos avisos legales publicados en El Mostrador, el 31 de agosto de este año, citando a dos juntas extraordinarias de accionistas de las sociedades de “Inversiones Punta de Lanza S.A.” e “Inversiones Punta del Sur”, desataron la última batalla judicial del matrimonio dueño del Club Santa Martina.

La convocante de ambas reuniones fue la accionista Alejandra Muñoz Bourdeguer, quien habría enviado un correo electrónico a Skandar Hazbún Rezuc, director de Punta del Sur S.A., solicitando su presencia en la cita extraordinaria el 15 de septiembre de 2022. El mensaje enviado al primo de Munir Hazbún fue el que alertó a las sociedades sobre la arremetida de la cónyuge del empresario.

[caption id="attachment_803788" align="aligncenter" width="600"] Munir Hazbún Rezuc[/caption]

El aviso legal señalaba que el objetivo de las reuniones, en ambos casos, era adoptar acuerdos respecto a la aprobación de balances, capitalización de utilidades retenidas y revalorizaciones existentes, entre los años 2018 y 2022, y una medida que hizo explotar todos los fusibles de alarma: revocar al antiguo directorio a través de la elección de uno nuevo.

La maniobra fue como un golpe de facto. El organismo quedó finalmente conformado por Alejandra Muñoz Boudeguer, su abogado Francisco Pinochet Cantwell, y Skandar Hazbún Rezuc. El empresario educacional acusó el golpe y presentó una querella en contra de su esposa por falsificación y uso malicioso de instrumento público.

Según los argumentos esgrimidos en el libelo, Alejandra Muñoz Boudeguer, al momento de la citación, no era parte de la sociedad “Punta del Sur S.A.”, debido a que habría cedido sus acciones el 7 de diciembre de 2018, a través de la famosa compraventa impugnada por ella misma por falsificación de su firma en la Notaría Zaldívar.

Es precisamente esta última acción judicial, que se encontraría en investigación preliminar sin existir aún sentencia al respecto, la que utiliza Munir Hazbún como parte de su estrategia. Si aún no se ha podido demostrar la falsedad del documento, argumenta, no es posible comprobar su real calidad de accionista.

Mientras la batalla judicial por el destino de la fortuna familiar continúa vigente, Alejandra Muñoz se mantiene a la cabeza del directorio hasta la próxima junta de accionistas. Siempre que no se lo impida una nueva querella.

Nota de la redacción: El Desconcierto se comunicó con los abogados de Munir Hazbún y Alejandra Muñoz. Ambos declinaron referirse a los antecedentes proporcionados en este reportaje.  Michael Hudson, en tanto, no respondió los mensajes enviados por este medio.

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